Los países de la Unión Europea (UE) han llegado este lunes a un acuerdo para obligar a los bancos y otros proveedores de servicios de pagos a efectuar transferencias inmediatas en euros que se ejecuten como máximo en diez segundos y cuyo coste no supere el de los pagos corrientes.
El acuerdo adoptado en el Consejo de ministros de Industria comunitarios fija la posición de los Estados miembros para negociar con el Parlamento Europeo una legislación que busca aumentar la proporción de pagos instantáneos sobre el total de transferencias en los Veintisiete.
El Ejecutivo comunitario, que presentó la propuesta en octubre pasado, optó por hacer obligatoria la oferta de pagos instantáneos tras intentar implantarlos desde 2014 con medidas voluntarias entre las entidades financieras -como el modelo Bizum en España- con escaso éxito y un ritmo insuficiente en el conjunto del bloque.
Actualmente, un tercio de los bancos que operan en la UE carecen de sistemas para ejecutar pagos en cuestión de segundos y este tipo de transferencias apenas suponían un 11 % del total a finales de 2021.
Desde Bruselas han mostrado su esperanza en que la medida permitirá aumentar la velocidad de las transferencias en euros, dará más opciones de pago a los consumidores y mejorará la autonomía estratégica del sector financiero europeo al reducir la dependencia de instituciones financieras de terceros países, según ha destacado en un comunicado el Consejo de la UE, que representa a los estados.
Acuerdo de la UE
El acuerdo prevé que los proveedores de pago que ya ofrecen transferencias estándar en euros tengan que ofrecer también la versión instantánea, de modo que la operación se ejecute en diez segundos como mucho, aunque sea entre diferentes países europeos o fuera del horario de oficina.
Cuando cobren por el servicio, el coste no podrá ser mayor que el de una transferencia normal, y los bancos tendrán que comprobar también en este tipo de pagos que el número de cuenta y el nombre del beneficiario coinciden, para evitar posibles errores o fraudes.
Los Estados quieren además asegurar que estos pagos instantáneos no van a personas sancionadas por la UE, pero evitar que esto convierta en una barrera para su desarrollo, por lo que acordaron que las entidades puedan contrastar una vez al día su lista de clientes con la de sancionados en lugar de analizar cada transacción una a una.
El acuerdo prevé que las normas se apliquen primero en los veinte países de la eurozona, mientras que para aquellos que no tienen la moneda única habrá una implementación en dos fases, de modo que al principio solo estarán obligados a efectuar estos pagos en horario de oficina.
Además, los estados piden a la Comisión Europea que presente un informe sobre cómo ha evolucionado el coste de todas las transferencias cuatro años y medio después de la entrada en vigor de la norma.
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