Cuando se han cumplido tres años de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) la falta de transparencia por parte de las comunidades autónomas a la hora de ir actualizando en detalle la ejecución de los fondos europeos Next Generation sigue siendo uno de los grandes retos pendientes del programa. Sobre todo porque impide evaluar de forma correcta su despliegue. Este hecho ya suscitó quejas por parte de la misión de eurodiputados del Parlamento Europeo que viajó a España en febrero del año pasado para comprobar de primera mano cómo se estaba ejecutando el programa.
Así se desprende del último Observatorio NextGen de LLYC, que pone de manifiesto la incapacidad de "valorar el desempeño de las CCAA individualmente por las limitaciones de datos". Con todo, en la firma aprecian indicios de un ritmo desigual de ejecución en programas tan destacados como los de Rehabilitación Energética, Autoconsumo o Movilidad Eléctrica", ha advertido la consultora.
Con los datos existentes, a 31 de diciembre el Gobierno había comprometido 66.296 millones de los 70.346 millones de euros originales en subvenciones a cargo de este mecanismo extraordinario creado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia (un 94,28% del total). De esa cantidad, 42.108 millones de euros debe ejecutarlos la Administración General del Estado y otros 24.188 millones las comunidades autónomas. En el caso de estas últimas su protagonismo ha ido a menos, dado que gestionan el 36% del total de fondos frente al 40% que el Gobierno había previsto transferirles inicialmente.
Sin embargo "la adjudicación que resulta en la llegada de los fondos a beneficiarios concretos para inversiones concretas que en su gran mayoría deben finalizar en agosto de 2026, se situaría en torno al 46% de la dotación original" del programa, según advierte el informe. Esto implica que en los dos años y medio próximos España va a tener que hacer un "enorme esfuerzo de ejecución" para adjudicar el 55% restante, que incluye otros 10.300 millones en subvenciones y 83.200 millones en préstamos con condiciones ventajosas incluidos en la adenda.
Los remanentes, un problema "estructural"
Llama la atención la cantidad de dinero de los fondos que no ha llegado a ejecutarse en convocatorias resueltas (remanente) porque, o bien los proyectos presentados no tenían la calidad suficiente para recibir las ayudas, o bien no cumplían las características que se les exigían. Son casi 6.557 millones de euros sólo en los fondos gestionados por la Administración General del Estado, de acuerdo con los datos que maneja LLYC. A esta cantidad habría que añadir otros 5.205 millones en el caso de las autonomías -de las que tampoco hay datos oficiales, por lo que la cifra es una aproximación-.
La existencia de estos fondos que se quedan sin ejecutar se ha convertido, de hecho, en un "tema estructural" en el plan, tal y como advierten desde la consultora. En total, estos remanentes suponen un 16,7% de los fondos originales del Plan de Recuperación (esos 11.762 millones que suman los recursos no empleados por Estad y comunidades autónomas) y podría aumentar próximamente hasta un 20%, según se afirma en el análisis.
Según explica Paloma Baena, directora de la Unidad Next Generation EU de LLYC, se trata en todo caso de fondos que están asignados a los objetivos del plan y que deben utilizarse para esos objetivos iniciales, si bien existe cierta flexibilidad para ver qué convocatorias funcionan y transferirles recursos de aquellas en las que no ha existido demanda suficiente esto, siempre que se trate de objetivos que están relacionados-.
Un plan muy "atomizado"
El sector público es el que está percibiendo de momento más fondos, dado que a este se han destinado un 45,07% del total de recursos comprometidos, frente al 40,13% del sector privado. Las empresas de tamaño mediano y pequeño han sido las principales beneficiarias de las ayudas. Así, el documento señala la gran "atomización" en la ejecución del Plan. Esta característica se aprecia al analizar las listas de los 100 mayores beneficiarios publicados por los Estados miembro. Francia e Italia han adjudicados importes muy elevados a sus principales beneficiarios, entre los que destacan entidades públicas, en comparación con España. Este hecho supone, al final, dificultades añadidas para su desarrollo.
Los expertos que han elaborado el informe inciden en que el Gobierno debería empezar a pensar cómo va a medir los resultados del plan y su impacto, consideran que parte de las dificultades con las que se sigue topando la ejecución está asociada a las complejidades de nuestras administraciones públicas y ponen de manifiesto las limitaciones con las que siguen encontrándose las empresas a la hora de acudir a las convocatorias, ya sea por la complejidad en el procedimiento de presentación de solicitudes, porque los requisitos que se les exigen son de difícil cumplimiento.
