La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha trasladado este lunes al Ministerio de Transportes una propuesta para establecer peajes de acceso a los centros urbanos con el fin de reducir la congestión y la contaminación a la que están expuestas las grandes ciudades. El 'think tank' asociado a CEOE lamenta que esta posibilidad no esté recogida en el Proyecto de Ley De Movilidad Sostenible que el Ejecutivo ha vuelto a remitir a las Cortes tras haber decaído a raíz de la disolución del parlamento por la convocatoria de las elecciones de julio de 2023.
Bajo el paraguas del tercer número de su serie 'Food for thought' dedicado a las políticas e infraestructuras de transportes, la fundación defiende el principio de "pago por uso y el que contamina paga" en aras de internalizar las externalidades para acercar los costes privados a los sociales. En esta línea se enmarca la idea de diseñar una tarifa de congestión en las grandes urbes, ya presente en otras ciudades europeas como Londres, Milán, Estocolmo o Copenhague. "En estos casos, la recaudación es enorme, pero estás financiándote a raíz de corregir el problema de sostener tanto tráfico cuando no hay capacidad para ello", ha explicado uno de los autores del informe, Ginés de Rus.
El texto del proyecto de la ley orquestada desde la cartera que dirige el ministro Óscar Puente abre la puerta a que los municipios que lo deseen "puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones". Por tanto, esta medida dependerá de lo que cada ayuntamiento haya dispuesto respecto a la circulación por sus zonas de bajas emisiones. Pero desde Fedea "echan de menos" la posibilidad de establecer estos peajes de acceso que desde su perspectiva ayudarían a hacer frente a la congestión que sufren ciudades como Madrid en momentos puntuales.
No comprenden la renuncia al pago por uso en las carreteras
Fedea también cuestiona que este proyecto haya suprimido la medida que sí venía recogida en el Anteproyecto de Ley en la que se hablaba de la necesidad de revisar los mecanismos de financiación de las infraestructuras de transporte y su mantenimiento, con vistas a internalizar los costes externos del transporte para reducir las emisiones, y se preveía la realización de un estudio sobre las posibles formas de financiar el mantenimiento de la red de carreteras, preferentemente a través de un sistema de pago por uso.
En esta coyuntura, Fedea reprocha que no se haya trazado una estrategia clara en este ámbito y le sorprende especialmente la renuncia a utilizar instrumentos como los peajes para que el sistema de precios refleje correctamente los beneficios y costes sociales. Además del acceso a las grandes ciudades, el 'think tank' pretende que esta política se refuerce con otros peajes de mantenimiento que reflejen los daños causados por los distintos tipos de vehículos. "La forma más razonable de financiar el mantenimiento de las carreteras es con un pequeño peaje que refleje el peso del vehículo", ha esgrimido Ángel de la Fuente, director de Fedea.
La renuncia del proyecto por pago por uso en la red viaria de alta capacidad no es la única 'queja' que Fedea ha trasladado sobre el la Ley De Movilidad Sostenible. Los economistas también cuestionan que el texto del proyecto contiene un exceso de obligaciones formales en materia de planificación que puede ser poco efectivo e imponer costes poco razonables a agentes privados y pequeños municipios. Cargan también contra el concepto del proyecto, que consideran bienintencionado, pero "poco operativo", de manera que "hay mas buenos deseos que medidas efectivas para asegurar su cumplimiento".
Sobre el uso de las infraestructuras en modos no liberalizados, como el autobús, De Rus dejó claro que, si bien este proyecto de ley introduce cambios en el mapa concesional, en el autobús debería existir "la máxima libertad posible", dejando operar a todas las compañías interesadas en explotar rutas a riesgo y ventura, y reservando la competencia por el mercado -la generación de monopolios en exclusiva- a algunos sectores donde no tenga sentido, como el autobús interurbano.
Ángel de la Fuente, por su parte, puso énfasis en que no queden zonas desconectadas pero hizo hincapié en que la vía para hacerlo no es la situación de subvención cruzada actual, sino la de las ayudas y subvenciones. "Las obligaciones de servicio público deben atenderse mediante subvención, generando conectividad para que no se vacíen ciertas áreas".
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