Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha pedido a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se extienda también a los contratos públicos. El objetivo, según Garamendi, es compensar el incremento de costes de las empresas.
Garamendi ha reclamado que lo que tiene que "explicar el Gobierno" es si va a implementar esa subida "a los contratos públicos". Así lo ha asegurado el máximo representante de la patronal de empresarios en la rueda de prensa celebrada después de la inauguración del IV Foro Económico Francia-España, en el cual ha participado también su homólogo francés (Medef), Patrick Martin.
Subida del SMI
El presidente de la CEOE ha recordado según recoge Efe, que la patronal ya ha expresado cuál es su propuesta para la subida del SMI, que supondría un 3% en 2024 y ese mismo porcentaje en 2025, mientras que no conoce la propuesta del Ejecutivo. Garamendi ha fundamentado su reclamación de que la subida del SMI se aplique a los contratos públicos en que "muchas pequeñas empresas que dan servicios públicos están realmente asfixiadas".
"Es muy fácil subir salarios pero abstenerse de aplicar la parte que toque", ha lamentado el presidente de CEOE. Aunque Garamendi ha declinado valorar la propuesta de reestructuración y el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado este lunes por Telefónica, el líder de la patronal sí ha afirmado que "estas cosas pasan para que la compañía pueda seguir adelante".
Reunión con Trabajo este jueves
El Ministerio de Trabajo y Economía Social convocaba a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT el próximo jueves con el propósito de abordar la que va a ser una de las primeras medidas del Gobierno de coalición durante esta legislatura, la subida del SMI. El salario mínimo interprofesional se encuentra actualmente situado en los 1.080 euros al mes en 14 pagas y el nuevo Ejecutivo pretende subirlo de nuevo para el año 2024.
Las organizaciones empresariales no se oponen a elevar su cuantía de nuevo, pero han pedido que su subida se limite al 3% tanto en 2024 como en 2025, un planteamiento que no ha convencido a Díaz, aunque aseguraba estos días que tendrá en cuenta la propuesta de los empresarios. La ministra ya avisó de que el SMI no puede perder poder adquisitivo. En este sentido, hace unos días recordó que la inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, por encima, por tanto, del 3% que plantea la patronal.
Los sindicatos lo ven insuficiente
También UGT y CCOO han considerado "insuficiente" la oferta de la CEOE para la subida del SMI y abogan por tener en cuenta, no sólo el IPC general, sino también la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para determinar su incremento. Sin embargo, los sindicatos entienden que el SMI debe proporcionar "el mínimo de suficiencia y dignidad" que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio), por lo que no ven adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el AENC (Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva".
"El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo", subrayaron los sindicatos en un comunicado difundido esta misma semana.
¿A cuánto deberá subir el SMI?
El SMI tendrá que subir hasta 155 euros para adaptarse a la meta 'promesa' de Sánchez. A principios de este año, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio. La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.
Piden menos regulación europea
Por otra parte, Garamendi y Medef han abogado por una reducción de las normas europeas que, según explican, generan "problemas administrativos" e impiden una unidad de mercado en la Unión Europea que hace perder competitividad a las empresas frente a otros mercados internacionales.
"Lo que estamos planteando es una reducción de los problemas administrativos que se generan en Europa, que generan una estructura de unidad de mercado, queremos apostar por esa unidad de mercado, unidad de capitales, el tránsito de personas por los países, igualdad de oportunidades, pensar que en los últimos años hay más de 850 normas europeas que luego se trasladan a los países y nos generan esa rotura de la propia unidad de mercado", ha expresado el presidente de CEOE.
"Es importante que nuestras empresas, nuestras patronales, se expresen"
De su lado, el presidente de Medef, Patrick Martin, ha querido subrayar que el siguiente año, en junio, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo y las patronales quieren trasladar un mensaje de "crecimiento responsable" frente a la corriente de "decrecimiento" en Europa, según recoge Europa Press.
"Es importante que nuestras empresas, que nuestros movimientos patronales, más que nunca se expresen. Y se expresen para llevar una tesis en la que nosotros creemos, que es la del crecimiento responsable. Debemos de llevar un mensaje de pragmatismo, de ver las cosas a largo plazo, las empresas por eso son sinónimo de empleo y de desarrollo duradero", ha dicho.
Asimismo, el presidente de Medef ha enfatizado en otro de los retos que aborda el foro bilateral, que es la prioridad de afrontar el reto del cambio climático y la transición energética. "Francia y las empresas francesas están muy convencidas y determinadas a mantener la trayectoria de la neutralidad del carbono en el 2050, y están preocupadas por respetar los acuerdos de París", ha declarado.
