La 'cláusula Telefónica' vuelve otra vez a escena. Y con la operadora que fue su origen como protagonista. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a varios miles de empleados de la teleco en las tres principales filiales en España implica un cambio claro de estrategia del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete. Sustituye los planes voluntarios de suspensión individual, que ha ido llevando a cabo desde el año 2015. Y esto le obliga a afrontar la compensación millonaria de las prestaciones por desempleo a las arcas públicas, como ya hiciera en 2011, debido a que hoy cuenta con beneficios relevantes en sus cuentas de resultados y los afectados serán previsiblemente mayores de 50 años.
Mayo de 2011. Telefónica presentaba un ERE para despedir a 8.500 personas en España -finalmente la cifra se quedó en 6.830-. El Gobierno de Zapatero puso el grito en el cielo por el coste público en plena crisis financiera. Esto desembocó en una modificación de la normativa a través de un decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Se introdujo lo que vino a denominarse 'cláusula Telefónica', que obligaba a las empresas que afrontaban un ERE de más de 100 empleados y con un porcentaje de personas de más de 50 años a que compensaran al Tesoro Público con el desempleo. De esta forma se trataba de desincentivar este tipo de prejubilaciones con costes relevantes para el Estado.
Telefónica cumple con todos esos criterios en la ley. Las previsiones que se manejan internamente hablan de entre 2.500 y 3.000 empleados que podrían estar afectados, con especial foco en el departamento de Operaciones por el cierre de los cientos de centrales de cobre que afrontará en el primer semestre del próximo año. Además, la mayor parte de los incluidos en el procedimiento será mayor de 50 años -aunque aún no queda claro cómo serán los criterios de edad-. Pese a que concurran las causas económicas u organizativas, las tres filiales -y el grupo en su conjunto- han tenido beneficios cuantiosos durante los dos ejercicios pasados.
Ahora, doce años después de compensar esos 350 millones de euros en 2011, la empresa tendrá que afrontar otro pago, aunque las cantidades serán sensiblemente menores a esa fecha. En aquel momento, la afección fue muy superior a la prevista en el nuevo expediente -más del doble-. Aún quedan muchos ajustes que hacer, tanto por las cifras finales en la plantilla como por las condiciones, pero se tratará de una compensación muy relevante que, según los primeros cálculos, podría estar por encima de los 100 millones.
Con esta compensación asumida por la operadora, despejará el camino para la autorización por parte del Ministerio de Trabajo de esta medida. Desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz estarán vigilantes durante el proceso de negociación. Ya con los ERE de la banca, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió en 2021 -cuando hubo una nueva oleada de despidos colectivos en aquel sector- que la línea correcta de negociación de estos expedientes era orientarlos hacia reducir el número de afectados y propiciar las bajas voluntarias. Díaz también fue crítica calificándolos de "inasumible e incomprensible".
En 2011, Telefónica tuvo que compensar al Tesoro Público con 350 millones de prestaciones por desempleo de los 6.830 trabajadores afectados por el ERE
Otras novedades
Esta es una de las grandes novedades de esta modalidad elegida por el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete. Desde el año 2015, Telefónica ha optado por un plan de bajas incentivadas conocido por PSI. Esto implicaba una suspensión del contrato, aunque el empleado seguía contando con beneficios sociales y era compensado con entre un 65% y un 68% del salario hasta su jubilación -por ello debía rendir cuentas en Hacienda-. Ahora se planteará una indemnización relevante hasta la jubilación junto con ese pago del desempleo.
La propuesta concreta por parte de la empresa dirigida en España por Emilio Gayo aún no se ha puesto sobre la mesa y no se ha comunicado a las organizaciones sindicales. En el año 2011 la compensación a través de esa indemnización implicaba también en la práctica ese 68% del sueldo bruto (para empleados mayores de 53 años). Aunque, como explican fuentes sindicales, ese ingreso está exento de tributación hasta los primeros 180.000 euros (a partir de esa cantidad hay una deducción del 30%).
Las mismas fuentes insisten en que no se puede sacar ninguna conclusión sin conocer las condiciones sobre si este ERE será más beneficioso que los anteriores planes de suspensión o que el de 2011. Hay otra ventaja del primero respecto del segundo: los afectados pueden prejubilarse a los 61 años frente a los 63 del PSI. Según apuntan fuentes internas, esta medida podría también estar dirigida a incentivar también la salida de los empleados de más de 60 años a los que le compensaría más la salida con esas ventajas fiscales.
Los tres primeros planes de bajas incentivadas de suspensión de contratos aprobados desde 2015 implicaron la salida de más de 11.200 trabajadores, que percibían esas rentas con la posibilidad de seguir trabajando para empresas que no compitieran de manera directa con la operadora. Previamente, entre 1999 y 2013, la empresa ejecutó más de 31.500 salidas a través de ERE. El último y más controvertido se completó en 2013 pues se ejecutó en varias ventanas de salidas e impactó en 6.830 trabajadores de las tres filiales principales. De este existía a cierre de 2022 una provisión de pagos pendientes de 38 millones de euros -145 millones en el ejercicio 2021-.
La negociación con el convenio
Desde la operadora han defendido en esta ocasión que la justificación de este ERE se basa en un "excedente funcional" de empleados con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, la finalización del despliegue de la fibra óptica hasta el hogar, el cierre de las centrales de cobre y a otros elementos, como la automatización de los procesos. Sus homólogos europeos, los antiguos monopolios de las telecomunicaciones en el Viejo Continente, también acumulan miles de salidas en los últimos años a través de diferentes fórmulas.
Los sindicatos aún están a la espera de que la empresa plantee las condiciones. El primero en salir a escena fue UGT, que insistió en que es "necesario" que antes de que se acometa un nuevo ajuste de plantilla, "se apueste por la internalización de servicios y el 'reskilling' con el fin de darle empleabilidad a la plantilla". "Las personas que puedan estar afectadas por el ERE mencionado, deben disponer de garantías y condiciones similares a los planes de salidas anteriores", apunta. Esa negociación deberá llevarse a cabo en el próximo mes en las tres mesas que es constituirán en cada una de las tres filiales del país (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones).
Este ERE se pone sobre la mesa en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo para los próximos tres años, después de que CCOO y UGT reclamaran que así fuera. Esta nueva 'hoja de ruta' se tendrá que negociar al margen del despido colectivo. En ese sentido, UGT insiste en que las posturas parten "alejadas" ante medidas apuntadas por la empresa como planes de medición de productividad, revisión de clasificación profesional, un nuevo modelo de movilidad geográfica y funcional o la revisión del régimen de garantías. Para la organización, sus "líneas rojas" se sitúan en la estructura salarial actual, el régimen de garantías o la cláusula de revisión salarial.
