PNV y PdeCat empujan al Pacto de Toledo a debatir la gestión de la Seguridad Social

  • Los nacionalistas quieren que la comisión encargada de diseñar el futuro sistema de pensiones se pronuncie sobre su posible gestión descentralizada
Carles Campuzano y Aitor Esteban.
Carles Campuzano y Aitor Esteban.

El Pacto de Toledo tendrá que debatir sobre la posibilidad de avanzar o no en una posible gestión descentralizada del sistema de Seguridad Social. Tanto el PNV como el PdeCat (antigua CiU) ya han hecho saber a sus colegas de la comisión parlamentaria encargada de orientar el futuro del sistema público de pensiones su intención de tratar la eventual cesión a los gobiernos autonómicos que así lo soliciten de una parte de la gestión del sistema público de pensiones, según han confirmado a La Información hasta tres fuentes conocedoras de las deliberaciones de la comisión parlamentaria.

Apenas existen precedentes de una ofensiva de esta naturaleza. De hecho, lo que han subrayado hasta ahora las recomendaciones del Pacto de Toledo es la necesidad de proteger y reforzar el principio de caja única de la Seguridad Social como una de las garantías del buen funcionamiento del sistema público de pensiones. Hubo una intentona previa, fue en 2003. Con el Gobierno de Aznar zarandeado por diversos flancos, la solvencia del sistema de pensiones aparentemente garantizada y el Ejecutivo necesitado de conseguir algo de respaldo parlamentario, Jordi Pujol inició una maniobra junto al PNV para intentar abrir la gestión del sistema a las administraciones territoriales. No lo consiguió.

Varios lustros después - y con un respaldo parlamentario bastante menor que entonces - PNV y PdeCat intentan de nuevo meter la descentralización de la gestión de la Seguridad Social en la agenda a tratar sobre la futura organización del sistema de pensiones. Las fuentes consultadas aclaran que el bloque nacionalista no ha entrado aún a precisar la orientación concreta de su propuesta -entre otras cosas porque el debate continúa estancado en la definición del mecanismo para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, la llamada recomendación 2-, pero que sí lo han planteado de manera expresa en las deliberaciones de los portavoces de la comisión. Tanto los nacionalistas vascos como los catalanes sostienen que no existe impedimento legal alguno para transferir parte de la gestión del sistema a las administraciones territoriales, que dicho traspaso se puede sustanciar sin afectar al principio de unidad de caja que consagra la legislación vigente y que en sus estatutos de autonomías - al menos, sí, en los de País Vasco y Cataluña- se recoge tal posibilidad.

Asumir responsabilidades de gestión dentro del sistema de Seguridad Social es una vieja aspiración de los gobiernos vasco y catalán. Hace poco más de seis meses, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, volvía a incluir el asunto entre las 37 materias que en opinión de Vitoria el Ejecutivo Central mantiene pendientes de traspaso al Ejecutivo Vasco y defendía la posibilidad de "mantener la unidad de caja, sin necesidad de que exista una caja única". 

El portavoz oficial de Vitoria argumentaba así la posibilidad de ceder una parte de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno Vasco. "Es una cuestión compleja, pero no se debe confundir deliberadamente los conceptos de caja única y unidad de caja. La caja única sólo admite un cajero y la unidad de caja es compatible con muchos cajeros, que pueden gestionar el mismo régimen económico con las mismas reglas para todos. Euskadi aspira a ser uno de esos cajeros, porque de ese modo se conseguiría una gestión más próxima y eficaz".

En la Ley Orgánica del Estatuto de Cataluña, que delimita el perímetro competencial al que puede aspirar la Generalitat, se dice textualmente que corresponde a la Generalitat, en materia de Seguridad Social, la competencia compartida, respetando los principios de unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social. Y dentro de esa "competencia compartida" incluye el desarrollo y ejecución en el territorio de Cataluña de la norma estatal, salvo en lo que se refiere a la normativa que configura su régimen económico; la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; e incluso la organización y la gestión del patrimonio y los servicios que integran la asistencia sanitaria y los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social en Cataluña.

Rechazo del 'bloque constitucionalista'

Las posibilidades de que prospere esta iniciativa tienden a cero. PP, PSOE y Ciudadanos rechazan de plano la quiebra del principio de caja única de la Seguridad Social, aún en la versión light que se plantea desde el bloque nacionalista. Ciudadanos incluso llegó este lunes a condicionar su apoyo al proyecto de Presupuestos de 2018 a que no se atienda ninguna demanda nacionalista sobre la gestión de la Seguridad Social.

El caso es que en la página web de la Seguridad Social cuando se habla del principio de caja única se dice que "el artículo 149.1.17ª de la Constitución Española recoge de forma implícita el principio de Unidad de Caja recogido de forma expresa en diversas normas con rango de Ley y que deben interpretarse a la luz de la doctrina constitucional en el sentido de la existencia de un único titular (el Estado) de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social, en todo el territorio nacional, con independencia de que ese titular exclusivo pueda utilizar distintos entes recaudadores y registradores". Es decir, que se contempla la posibilidad de que haya otros órganos recaudadoras que colaboran en el funcionamiento del sistema.

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