Europa está librando su propia guerra económica contra Rusia, batallando con un arsenal de sanciones sin precedentes dirigido a provocar el colapso de la economía número 11 en el ranking mundial por volumen de PIB. Y, en paralelo a las decisiones gubernamentales, una avalancha de empresas han tomado la decisión de abandonar el país y suspender relaciones comerciales tanto con el Kremlin, a modo de represalia, como con Ucrania, ante la imposibilidad de mantener una actividad regular en el territorio. El Gobierno español es consciente de la inseguridad jurídica que está generando esta derivada económica del conflicto bélico y va a adelantarse a las decisiones que pueda tomar la Unión Europea para blindar al tejido empresarial patrio frente a los arbitrajes internacionales que puedan producirse.
Así lo plantea el Ejecutivo en el borrador del acuerdo sobre medidas de cooperación para la respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que llevará Pedro Sánchez este domingo a la Conferencia de Presidentes que se celebra en La Palma. El documento, al que ha tenido acceso La Información, parte de la condena "en los términos más enérgicos a la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión" y se compone de un total de 18 puntos, distribuidos en cinco bloques: cooperación humanitaria; acogida y protección; respuestas ante el impacto socioeconómico; ciberseguridad; y, por último, un apartado sobre el seguimiento de los propios acuerdos que se alcancen en la reunión que, por primera vez en una década, volverá a congregar de manera presencial a todos los líderes autonómicos, en esta ocasión, con la guerra como primer asunto del orden del día.
El texto recoge, en el apartado de respuestas ante el impacto socioeconómico del conflicto bélico, una batería de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra sobre la población, sin entrar demasiado al detalle, y también algunas dirigidas a proteger a las empresas que operan con ambos países. En este sentido, el documento establece que "la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas proporcionarán información y asesoramiento a las empresas importadoras y exportadoras que se han visto perjudicadas por las sanciones o lo serán por las futuras medidas de represalia de Rusia". Y adelanta que, "a la espera de que la Unión Europea discuta eventuales medidas de compensación por perjuicios a las empresas europeas derivados de las sanciones, el Gobierno pondrá en marcha un plan de ayuda en los arbitrajes internacionales que procedan del conflicto entre Rusia y Ucrania".
No es un tema menor, ya que, como explican desde Cuatrecasas, "cualquier operador jurídico con intereses en la zona afectada debe plantearse ya su impacto en sus relaciones comerciales y de inversión, tanto por el desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno como por las reacciones de terceros Estados y la Unión Europea". El despacho señala que existe "un impacto evidente sobre la seguridad jurídica en el sentido de si es posible o no seguir manteniendo sus operaciones como hasta ahora" y recomienda a los operadores en el mercado ruso y ucraniano que, a la hora de romper relaciones, examinen "el tenor literal de los contratos y las leyes aplicables para anticipar si la contraparte podría justificar el incumplimiento de sus obligaciones alegando la existencia de una causa de fuerza mayor", así como seguir muy de cerca las sanciones que pueda imponer a Rusia la comunidad internacional para asegurar su adecuado respeto y cumplimiento.
"Cualquier operador jurídico con intereses en la zona afectada debe plantearse ya su impacto en sus relaciones comerciales y de inversión"
El blindaje de las empresas españolas ante eventuales arbitrajes internacionales es la principal novedad que incorpora el documento que debaten los presidentes autonómicos este domingo. Respecto al resto del paquete para amortiguar el impacto económico del conflicto en España, el apartado arranca con una invitación a todas las administraciones públicas a trabajar, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, "para proteger a la ciudadanía, y especialmente a las personas más vulnerables, de los efectos económicos que tendrá la guerra en Ucrania". Asimismo, el Gobierno se compromete a hacer "lo posible" por alcanzar, junto con los agentes sociales, "un acuerdo de país sobre rentas que proporcione estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista".
Medidas en el ámbito energético
En el ámbito específico de la energía, que es el principal problema al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez por el gran impacto que la escalada de precios está teniendo ya en los bolsillos de la población, el Ejecutivo se compromete, sin bajar al detalle, a aprobar "medidas dirigidas a la reducción del coste energético, con especial atención a los colectivos necesitados de especial protección social y los consumidores electrointensivos e industriales". Y demanda a las comunidades y ciudades autónomas, junto con las entidades locales, que aseguren, en su ámbito competencial, "que las medidas que se adopten lleguen a las poblaciones más vulnerables" y lleven a cabo "las actuaciones adicionales que permitan atenuar el impacto del incremento de los precios energéticos sobre las personas más afectadas".
De forma genérica, Sánchez plantea a todas las administraciones públicas que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se comprometan a acelerar la transición energética y a concienciar al conjunto de la ciudadanía y a los sectores productivos acerca de la importancia del ahorro energético, a través de medidas como "el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados" o "una moderación del uso de energía dedicado a la climatización". Asimismo, llama a intensificar los planes dirigidos a la rehabilitación y la reducción de consumos energéticos en los edificios e infraestructuras públicas. También se compromete a acelerar el despliegue de energías renovables e incrementar los recursos destinados a esta finalidad, así como a acelerar la gestión de los fondos europeos en lo que se refiere a las ayudas en materia de autoconsumo, de rehabilitación energética y de movilidad eléctrica.
Por último, "con la finalidad de aumentar la autonomía estratégica", el documento plantea que todas las administraciones trabajen coordinadamente para "reforzar y acelerar las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales". Y promueve, en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, la creación de una "reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico".
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