El Consejo de Ministros aprobó el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023' el 16 de noviembre de 2021, sin embargo, a escasos meses de que finalice el periodo objetivo, el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos para modernizar la ITSS, reforzar su plantilla y mejorar sus condiciones salariales. Así lo denuncian hasta ocho sindicatos integrados en la Plataforma de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que han convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes 26 de junio, tras numerosos paros parciales. El departamento de Yolanda Díaz señala al Ministerio de Hacienda y Función Pública como principal responsable de esta situación, mientras el equipo de María Jesús Montero se limita a señalar que ha autorizado la incorporación de 781 efectivos y una paga extra extraordinaria de seis millones de euros.
El conflicto radica en la conocida como relación de puestos de trabajo (RTP) negociada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los sindicatos en julio de 2021. Este texto no solo comprendería la incorporación de profesionales, sino su reestructuración para responder a las nuevas funciones encomendadas a la ITSS durante la última legislatura. Es decir, propiciar la movilidad interna para que los trabajadores con rango de inspectores y subinspectores quedasen liberados de las tareas administrativas y pasasen a estudiar el fraude. La cartera de Trabajo requiere de la autorización de Hacienda para aplicar estos cambios, negociados durante años con CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess en la mesa de diálogo.
No obstante, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, el Ministerio de Trabajo trasladó a los representantes de los trabajadores que el equipo de Montero había hecho "descarrilar" las negociaciones al negarse a remitir el documento que horas antes estaban convencidos de recibir antes de la cita electoral. La cartera de Díaz usará los presupuestos asignados a su Ministerio para la aplicación de la RTP acordada con los sindicatos, sin embargo, no puede hacerlo si no recibe una autorización expresa por parte de Función Pública. Esta 'zancadilla' a días de la cita en las urnas llevó a Trabajo a hacer referencia a motivos políticos, por los que Justicia y Seguridad Social podían cerrar acuerdos con sus trabajadores en escasos días, mientras que el departamento de Unidas Podemos no podía cerrar el conflicto.
Hacienda evita referirse a la RTP de la Inspección de Trabajo
El equipo de Montero se limitó entonces a señalar que Función Pública seguía trabajando "con normalidad" con el Ministerio de Trabajo "con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor". Además, sostuvieron que el "horizonte de desarrollo profesional" del organismo se abordaría en la ley de Función Pública que estaba en tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta opción fue rechazada de plano por los sindicatos, pero ahora la convocatoria anticipada de elecciones ha hecho que este proyecto caiga, sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda evitan pronunciarse sobre esta cuestión y se remiten al Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Ministros.
El acuerdo publicado en el BOE con fecha del 29 de noviembre de 2021 establece que la Comisión Interministerial de Retribuciones y su Comisión Ejecutiva (CECIR) debía ser la encargada de aprobar esta RTP que, entre otros compromisos, "exige la creación de una Unidad de Planificación y Programación de actuaciones inspectoras" y la "incorporación de nuevos perfiles técnicos e informáticos sin competencias inspectoras" para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la detección de los fraudes y el incumplimiento de la normativa laboral. Asimismo, se recogió la necesidad de formar al personal existente para fomentar la promoción interna y reforzar la estructura de la ITSS.
Este lunes, Yolanda Díaz señalaba directamente a la responsable de Hacienda y sostenía que "no hay ninguna razón por la que no cumplir el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo". Sin embargo, los representantes de la función pública aseguran estar cansados de este cruce de versiones entre ministerios y la mayoría de ellos, demandan la dimisión de ambas ministras. Los sindicatos creen que la cartera de Trabajo es igualmente responsable por no tener capacidad de negociar con su socio de Gobierno, mientras que acusan a Hacienda de "marear la perdiz" y hacer perder el tiempo a todas las partes.
Tras varias convocatorias de paros parciales que han tenido escasos resultados, los sindicatos decidieron hace una semana parar las campañas de la ITSS comprendidas en este mismo plan. Los representantes de los trabajadores hicieron alusión a los "incumplimientos" efectuados por el Ejecutivo para pausar los controles sobre el registro de la jornada laboral, la implementación de los planes de igualdad de hombres y mujeres o las actuaciones sobre los falsos autónomos, entre otros. Pese a las preguntas de este medio, la cartera de Hacienda no concreta si desbloqueará esta situación antes de la cita electoral del 23 de julio, al tiempo que Trabajo encuentra resistencias en el seno del Gobierno para aprobar antes de esta fecha uno de sus proyectos estrella, el Estatuto del Becario.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios