El Gobierno se ha atrincherado en su negativa a hacer públicos los informes exigidos por la Comisión Europea sobre dos de las reformas más importantes del Plan de Recuperación, de las que dependen nada menos que 12.000 millones de euros, el tramo más cuantioso de la asignación de los fondos. Como reveló La Información, se trata de al menos tres análisis previos que exigió Bruselas respecto a algunos de los puntos más espinosos en materia laboral y de pensiones, que el Ejecutivo español remitió a las autoridades belgas en octubre de 2021, tal y como consta en el acuerdo operativo dado a conocer en noviembre. Pero su contenido no ha trascendido y, a día de hoy, tanto Moncloa como el Ministerio de Asuntos Económicos, al frente de los intercambios con la capital comunitaria, se siguen negando a publicarlos.
Los informes no se van a poner en conocimiento de la ciudadanía porque se trata de "trabajos preparatorios" del Plan de Recuperación, justifican fuentes gubernamentales preguntadas por este medio, que inciden en que lo importante es que tanto la reforma laboral como la de las pensiones se han hecho con diálogo social y se han cumplido los hitos comprometidos con Bruselas. De este modo, el Gobierno se niega a hacer pública una información de gran relevancia, que tiene que ver con la evaluación que hace el Ejecutivo de la situación previa del mercado laboral y del sistema de las pensiones públicas y las razones que justifican los cambios puestos en marcha, así como el impacto que tendrán las reformas en el día a día de los trabajadores y en la calidad de vida de los futuros jubilados. No es baladí.
Específicamente, estamos hablando de tres análisis ex-ante sobre los cambios previstos en la negociación colectiva (la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y de la ultraactividad de los convenios, entre otros); el mecanismo RED (la nueva herramienta de flexibilidad interna complementaria al ERTE); y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones. La Comisión reclamó al Gobierno español que le remitiera información adicional sobre estas tres reformas y, según consta en el denominado 'Operational Arrangement' (OA), Moncloa hizo lo propio el pasado mes de octubre al menos con las dos primeras, que en ese momento se estaban negociando en la mesa de diálogo social y que se aprobaron a finales de 2021.
Concretamente, en el OA consta que el Gobierno español remitió a Bruselas, vía email, antes de finales de octubre de 2021, una evaluación ex-ante de las "deficiencias de la legislación actual sobre negociación colectiva e identificación de opciones para abordarlas". Asimismo, en las mismas fechas, el Gobierno envió un informe previo sobre el mecanismo de financiación del fondo tripartito con el que se pretende costear el nuevo mecanismo RED de flexibilidad interna en las empresas, "asegurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo" e incluyendo en la evaluación "diferentes opciones y escenarios". Pero tres meses después, ninguno de los ministerios implicados en estas reformas (Trabajo y Seguridad Social), ni Moncloa, ni Economía han tenido a bien explicar el contenido de esas evaluaciones.
Asimismo, en el OA figura como requisito en la reforma de las pensiones (dentro del denominado 'Componente 30') que el Gobierno tenía que trasladar a la Comisión Europea otro informe adicional, a modo de evaluación, sobre el impacto del bautizado como 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' y sus efectos. En concreto, se pedía al Ejecutivo español que probase que, tras la sutitución del Factor de Sostenibilidad por esta nueva herramienta, la equidad intergeneracional está "garantizada". Pero, de nuevo, ni la Seguridad Social ni el Ministerio de Asuntos Económicos han dado cuenta del contenido de esa evaluación previa, y eso cuando el mecanismo ya ha sido aprobado por el Gobierno -en este caso, sin el apoyo de la patronal- y está en vigor desde el 1 de enero de 2022.
No es un tema menor. Aunque desde el Gobierno defendieron en un principio que, a diferencia de lo que sucedió tras el rescate financiero de 2012, en esta ocasión no habría 'hombres de negro' que vigilen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo cierto es que ahora fuentes gubernamentales sí admiten que las autoridades comunitarias están ejerciendo un control estricto sobre los hitos y objetivos pactados a la hora de desembolsar los fondos, con visitas in situ cada tres meses y videoconferencias entre medias. Y así queda patente en los elementos más críticos del Plan, como son las reformas laboral y de pensiones, de las que depende un nuevo desembolso de fondos de 12.000 millones de euros, el más cuantioso de todos los tramos.
La Comisión está evaluando ahora las dos reformas aprobadas y fuentes gubernamentales garantizan que las primeras impresiones son positivas. Pero tanto en el caso de la reforma laboral como en el de la de las pensiones públicas ya se impuso, por la vía de los informes ex-ante, un control previo sobre los aspectos de mayor calado. Sobre el Mecanismo RED de flexibilidad, Bruselas ha manifestado que no tiene intención de avalarlo mientras el Gobierno no le demuestre que no se traducirán en mayor déficit público. Sobre los cambios en el esquema de negociación colectiva, donde el Gobierno ha recuperado la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y ha reinstaurado la ultraactividad, la Comisión Europea ha exigido todas las garantías sobre el mantenimiento del equilibrio entre la necesaria flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores.
Y también está en el punto de mira el polémico MEI. En el documento rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Comisión exigió al Gobierno que acreditase en un informe de qué modo ese mecanismo va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario. Toda vez que esta medida ya ha sido aprobada, esta información ya obra en poder de las autoridades comunitarias, pero, como en el resto de los casos, se desconoce el contenido del informe y los resultados de la evaluación previa. El Gobierno insiste en atrincherarse y no tiene ninguna intención de hacer pública esta información de gran relevancia para la sociedad.
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