El entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lanzó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020 como mecanismo para luchar contra la pobreza en un contexto marcado por la pandemia. Entonces, el Gobierno se marcó el objetivo de alcanzar los 850.000 hogares, al calcular que este era el volumen de potenciales beneficiarios en una primera aproximación, si bien una vez alcanzado 2024, fuentes del departamento de Elma Saiz defienden que esta ya no puede ser la referencia por los cambios experimentados en el mercado laboral. El Consejo de Ministros creó la prestación no contributiva con 18,5 millones de afiliados medios, mientras que en enero ya eran 20,6 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.
Las mismas fuentes apuntan a que esta mejora no solo se ha producido en el plano cuantitativo, respecto al número de personas que tienen un empleo, sino también sobre la calidad que tienen estos puestos, ligada a la caída del empleo temporal. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora el INE también refleja una caída del porcentaje de población que está en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2020 la proporción era del 26,4% y en 2022 había pasado a ser del 20,2%, sin embargo, el porcentaje de los que se encuentran en situación de carencia material severa creció desde el 7% al 9% en este periodo, de acuerdo con los datos publicados este mes.
No obstante, desde el Ministerio de Seguridad Social no se aventuran a señalar un nuevo objetivo de beneficiarios a alcanzar, por no conocer aún los datos de renta del último año y la complejidad de definir a este colectivo. Las mismas fuentes admiten que para el Gobierno ha sido todo un reto poner en marcha esta ayuda, ya que era una política pública en la que España se había quedado atrás y sobre la que había recibido recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo por la dificultad de hacer llegar la información a las personas a las que va dirigida. Desde su creación hasta febrero ha llegado a 773.654 hogares, de los que 480.161 han recibido también el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAI).
El decalaje en los datos de la renta también ha impedido que el Ejecutivo haya hecho pública la tasa de cobertura del IMV en 2023, aunque las mismas fuentes reconocen que sus cálculos para el año 2022 coinciden con los publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo que preside Cristina Herrero estimó que 808.000 hogares podían haber percibido esa ayuda y no lo hicieron, lo que llevaba el porcentaje de 'non take-up' al 58%. Dos años más tarde, esa cifra no se ha alcanzado en el dato acumulado y está lejos de rozarse en el valor mensual, sobre todo si se excluye el número de familias que ingresan la prestación dirigida a la infancia, pero no la ayuda principal del IMV. Son 376.000 hogares.
El Ministerio de Seguridad Social ha facilitado a los medios un informe en el que analiza en profundidad este fenómeno de 'non take-up', el cual esboza las principales líneas de mejora. En el documento se apunta a la falta de información, los obstáculos en el proceso de solicitud, el balance de costes y beneficios de solicitarla y la posible estigmatización por ser una ayuda destinada a la extrema vulnerabilidad entre los factores que podrían estar condicionando su avance. El análisis, que se basa en datos de 2020, concluyó que la tasa de cobertura es superior en los hogares con un menor a cargo, mientras que los niveles más altos de 'non take-up' se registraban en hogares unipersonales, una distancia que atribuyen a la conversión de las ayudas familiares.
Las fuentes de la cartera están abiertas a reducir las posibles trabas burocráticas, tal y como se reflejaba en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar, pero también hacen referencia a otros factores que podrían estar teniendo un mayor peso a la hora de extender la prestación. En concreto, señalan a los cambios en la unidad familiar que se dan cada año en el caso de los beneficiarios y los potenciales perceptores, debido a sus circunstancias vitales, así como las variaciones de renta que suelen tener a lo largo del año y que no se tienen en cuenta, al tomarse como referencia el registro del año anterior. Todos estos puntos se evaluarán junto a los agentes sociales en la mesa de diálogo que ha abierto el Ministerio este jueves.
Las fuentes del departamento también confían en que el refuerzo de las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) también acelere su expansión, dado que la falta de previsión de relevo generacional anotado en las últimas décadas hizo que la incorporación de esta prestación al sistema, desbordase al número de efectivos. De hecho, apuntan a que este es uno de los motivos que explica el avance que se ha registrado desde diciembre, más de la mitad de lo que aumentó a lo largo de 2023, junto a la mayor información de la que disponen los colectivos a los que va dirigida, una vez están cerca de cumplirse cuatro años desde su puesta en marcha.
