La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó con dureza el miércoles el Plan de Reequilibrio que el Gobierno había aprobado veinticuatro horas antes en Consejo de Ministros, al entender que no se ajusta a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de 2012 y que el Ejecutivo lo presenta tarde y mal, con la información incompleta, sin las previsiones económicas en las que se apoya la senda de ajuste fiscal y sin concretar las medidas con las que pretende reducir el déficit. El contenido del informe de evaluación que ha publicado el organismo no ha sorprendido, sin embargo, al Ejecutivo.
Fuentes próximas atribuyen el retraso en la aprobación del citado plan a la urgencia con la que obligaron a actuar la pandemia de Covid, primero, y las crisis sucesivas que se fueron produciendo después, con la guerra en Ucrania y el agravamiento de los choques energético e inflacionario. Consideran que no hubiera tenido ninguna lógica presentar un plan de este tipo en el momento en que todos los esfuerzos se estaban focalizando en tratar de sostener al sistema productivo ante la parálisis total de la economía por las restricciones.
La Ley de Estabilidad obliga a presentar un Plan de Reequilibrio o plan económico-financiero al Estado o a las comunidades autónomas que, excepcionalmente, hayan incurrido en déficit estructural por catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social (artículo 11.3). La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados debe validar que estas circunstancias concurren para que la administración en cuestión pueda desviarse de forma "temporal" de sus objetivos. Esto es, sin "poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".
El 30 de septiembre de 2020, el Gobierno, siguiendo el camino marcado por la Comisión Europea, suspendió las reglas fiscales -la obligatoriedad de que las administraciones se ciñesen a los objetivos de déficit y deuda- para ese ejercicio y el siguiente y tanto en 2021 como en 2022 prolongó esa medida. El Ejecutivo logró hasta en tres ocasiones el aval del Congreso para hacerlo. El artículo 23 de la LOEPSF establece que ese informe debe presentarse un mes después de que se active esa cláusula de escape, por lo que el Ministerio de Hacienda tendría haber remitido el Plan de Reequilibrio a finales de octubre de 2020, algo que las fuentes consultadas consideran inviable.
Además, la ley contempla que los planes se aprueben en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y que su puesta en marcha no exceda los tres meses desde que se constató el incumplimiento de la senda fiscal o desde que se apreciaron esas circunstancias excepcionales. Desde el Gobierno inciden en que es ahora, cuando Bruselas ha anunciado la vuelta de las reglas fiscales a partir del próximo 1 de enero y se entiende que la situación vuelve a normalizarse, cuando es lógico presentar el documento que ha evaluado la AIReF.
Las ampliación de las medidas extraordinarias contra la crisis
España, que despidió 2020 con un desfase del 10,12%, ha ido reduciendo de forma paulatina el déficit hasta situarlo en el 4,7% al cierre del año pasado. El compromiso es colocarlo a finales de este ejercicio en el 3,9% y cumplir en 2024 el tope del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. El organismo que capitanea Cristina Herrero ya ha advertido de que la consecución de este objetivo pasa por eliminar por completo las medidas que se aprobaron para hacer frente a la crisis, el conocido como 'escudo social', que incluye, entre otras, las rebajas fiscales a la energía o los alimentos o las subvenciones al transporte.
De momento, tras la aprobación del límite de gasto no financiero que sirve de referencia para los Presupuestos de 2024 la propia vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, apuntó que de ese techo -que asciende al récord de 199.120 millones de euros, incluyendo los 9.905 millones de los fondos Next Generation a los que aspira España- es un marco "prudente" y "realista" que permite al Ejecutivo contar con cierto margen para ampliar, si fuera necesario, algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis.
