El Consejo de Ministros ha dado este martes el pistoletazo de salida para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, al aprobar el techo de gasto que servirá de base para las nuevas cuentas. El Gobierno ha dado luz verde a un límite de gasto no financiero de 189.215 millones de euros sin contar los fondos europeos y que asciende a 199.120 millones incorporando los Next Generation, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior y una cuantía récord.
Se trata, según ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de un marco "prudente" y "realista" que permite al Ejecutivo contar con cierto margen para ampliar, si fuera necesario, algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis inflacionaria y energética.
Sin fondos europeos, el tope de recursos con que contaba este año el Gobierno para su hoja de ruta de toda la política económica ascendían a 173.065 millones de euros. María Jesús Montero ha incidido en que el Gobierno esperará prácticamente hasta el cierre del mes de diciembre para ver "con más claridad" cuál será la recaudación definitiva y cuál es el margen con el que cuenta para ampliar parte del conocido como "escudo social".
Con todo, sí ha estimado que la recaudación tributaria estará un 9% por encima de la liquidación de este año y que en relación a lo presupuestado la cantidad sería superior, lo que supondrá de facto alcanzar un nuevo récord de ingresos fiscales. Según ha explicado la vicepresidenta cuarta, el Ejecutivo pretende solicitar los 10.000 millones correspondientes al cuarto desembolso de los fondos UE antes del próximo 31 de diciembre.
Más recursos para las comunidades autónomas
El Congreso y el Senado deberán dar ahora luz verde tanto a ese límite de gasto como a los objetivos de déficit para el periodo entre 2024 y 2026. La propia María Jesús Montero presentó esta senda el lunes a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, las autonomías contarán con una décima más de margen el año que viene y podrán despedir el ejercicio con un déficit en conjunto del 0,1% del PIB.
El Estado asumirá ese esfuerzo y deberá ceñirse a un tope del 2,9% para poder cumplir con el límite del 3% comprometido con la Comisión Europea en el año en que se recupera la vigencia de las reglas fiscales -cuya reforma está en plena negociación-. En el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas en abril se fijaba para este subsector el equilibrio presupuestario (déficit cero), de ahí el oxígeno 'extra' con el que ahora podrán contar los gobiernos autonómicos.
Este margen sirve, en realidad, como arma negociadora para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Senado, con mayoría absoluta del PP, tiene la capacidad de vetar los objetivos de déficit y el techo de gasto, y la vicepresidenta cuarta recordó ayer que si el partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por el bloqueo, se recuperarán automáticamente los objetivos de estabilidad aprobados en abril, que son más exigentes para las autonomías, en virtud de un informe jurídico elaborado por la Abogacía del Estado.
Sería como tirarse piedras en su propio tejado, advirtió Montero. Se da, además, la circunstancia de que los territorios recibirán la cifra récord de 154.467 millones de euros el próximo ejercicio entre las entregas a cuenta del sistema de financiación y la liquidación de 2022, a la espera de si el Gobierno inicia esta legislatura la reforma del actual modelo, que caducó en 2014.
En principio, el objetivo del Gobierno es que las cuentas públicas se aprueben lo antes posible para que puedan entrar en vigor antes de que finalice el primer trimestre del año que viene. Habrá, por tanto, una prórroga mínima de las cuentas actuales, la novena ya en Democracia y la quinta sólo en la última década, el próximo 1 de enero.
Nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria
Además de aprobar el techo de gasto, el Gobierno ha dado luz verde este lunes a los objetivos de estabilidad presupuestaria, que apuntan a una meta de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 3% del PIB en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% ya de cara al año 2026.
El Consejo de Ministros ha sacado adelante el plan de reequilibrio con el que pretende corregir las deviaciones presupuestarias por las circunstancias excepcionales que motivaron la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por el golpe de la pandemia -y cuya supresión se mantuvo después por los efectos de la crisis energética e inflacionaria y de la guerra en Ucrania-. Este plan recoge la senda que permitirá situar el agujero de las cuentas públicas en el 3% del PIB el año que viene.
