El Gobierno prevé una subida de las pensiones del 4% para 2024. Así lo reflejan las previsiones de gasto que remitirá el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Comisión Europea para culminar el compromiso 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se engloba la reforma del sistema público de pensiones culminada en el mes de marzo. Este porcentaje no es definitivo, pero fuentes del Ministerio de Escrivá apuntan a que de acuerdo con la evolución del IPC en el último año, el alza estará comprendida entre el 3,5% y el 4,5%, si bien, la cartera ha optado por el 4% en sus proyecciones para el próximo año.
La primera parte de la reforma, acordada con los agentes sociales en 2021 vinculó la subida anual de las pensiones contributivas al Índice de Precios al Consumo medio del año inmediatamente anterior. De manera que el porcentaje de subida para 2024 vendrá determinado por el IPC medio del 2023, aún por determinar, pero en el mes de septiembre -a falta de confirmación del INE- se sitúo en el 3,5%. Previsiblemente el Gobierno no confirmará esta subida hasta las últimas semanas del año, aunque diferentes organismos como Funcas ya sitúan el IPC medio de este año en el 3,9% lo que roza la estimación del Ministerio de Escrivá, mientras que Bankinter apunta al 3,6%.
El Ejecutivo avanza que el gasto neto en pensiones se situará ligeramente por debajo del 11,31% del PIB en 2024 gracias al impacto de las medidas centradas en reforzar los ingresos del sistema público de pensiones. En cambio, apunta a que este habría superado el 12% del Producto Interior Bruto de no haberse introducido los incentivos al retraso de la edad de jubilación, elevado la cotización a las rentas más altas o aplicado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que supone un cargo 'extra' del 0,6% a las nóminas de todos los trabajadores, que crecerá de manera progresiva hasta suponer un 1,2% del salario en el año 2029.
Con el informe publicado este martes, el Ministerio de Seguridad Social culmina el hito 410 que forma parte del comprimo 30 del Plan de Recuperación cuya adenda ha validado la Comisión Europea hace apenas una semana. La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo entre 2021 y 2023 se enmarcaba dentro de los compromisos remitidos a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation. En concreto, su culminación estaba vinculada al cuarto pago que el Gobierno pedirá en las próximas semanas según ha explicado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En el calendario inicial España había fijado la meta en diciembre de 2022 para terminar de aprobar estos cambios, por lo que finalmente se produjo una demora de casi tres meses que a priori, no perjudicará en el pago de los fondos.
La evolución del empleo es clave para el éxito de la reforma
El conjunto de cambios llevados a cabo se han centrado en garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo, en concreto, se ha planeado la evolución de los ingresos y gastos hasta el año 2050. La segunda parte de la reforma centrada en el sistema de ingresos no contó con el respaldo de la CEOE y Cepyme quienes condenaron que las pensiones máximas no se elevaran al final del periodo en la misma proporción que lo hacían las bases de cotización. Pero sí contó con el respaldo de los aliados parlamentarios con el compromiso de tramitar el real decreto como proyecto de ley -lo que les permitía introducir modificaciones-. No obstante, la convocatoria de elecciones hizo que decayera.
Estos cálculos incluyen proyecciones demográficas que van más allá de las tasas de natalidad y mortalidad para reflejar cómo evolucionará la cantidad de población en edad de trabajar y también, la jubilada. El departamento de Escrivá también ha tenido en cuenta las eventuales llegadas de inmigrantes, sobre las que no esperan grandes cambios respecto a lo sucedido en años anteriores. Si bien, fuentes del departamento hacen referencia a la estrecha vinculación de las necesidades del mercado de trabajo con la llegada de trabajadores extranjeros, por lo que aprecian que la disminución de la población activa dentro de dos décadas podría jugar cierto efecto llamada. Todo ello les lleva a situar la población española en 52 millones para 2050.
El Ministerio de Seguridad Social celebra que los efectos de las medidas puestas en marcha a lo largo de los últimos dos años se acompasan con el impacto de la reforma laboral y que ambos proyectos se retroalimentan positivamente. El actual diseño del sistema público de pensiones fía su éxito a la buena marcha del mercado laboral, dado que en el caso de que falle la balanza entre gastos e ingresos, el importe restante se reparará con un ajuste automático del MEI, de acuerdo con la redacción del decreto ley 2/2023 de 16 de marzo. Esta sería la medida comodín si el análisis periódico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que es oportuno introducir cambios y el Ejecutivo no es capaz de pactar cuáles.
El Gobierno espera que la tasa de empleo evolucione al alza durante las próximas décadas al tiempo que confía en que se reduzca la proporción de desempleados respecto al conjunto de la población activa. La cartera de Escrivá calcula que la tasa de paro se situará en el 5,5% desde 2050 hasta 2070, mientras que el 8% no se rozaría hasta finales de la década de 2030, a pesar de que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz aseguraron que era factible aproximarse al pleno empleo -que algunos expertos sitúan en ese porcentaje- a lo largo de esta legislatura. Desde Seguridad Social no descartan que se pueda avanzar más rápido en la reducción de este problema, pero matizan que con las políticas aprobadas hasta el momento este parece el escenario más probable de acuerdo con los datos.
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