Gobierno valora una PAC que mejora propuesta inicial pero no conforma a todos

Madrid, 26 jun.- El Gobierno se ha mostrado hoy "muy satisfecho" con el acuerdo del Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que se aplicará en los próximos siete años sin gustar totalmente al sector, partidos políticos y sindicatos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado "muy satisfecho" porque España ha conseguido "dar la vuelta" a las propuestas iniciales de reforma y ha conseguido la práctica totalidad de sus reivindicaciones.

España contará con 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones para desarrollo rural y 3.000 millones para medidas de mercado: 47.000 millones en total para el marco 2014-2020, que se elevarán hasta 50.000 millones si se suma la cofinanciación nacional para las medidas del segundo pilar de la PAC, en niveles similares al montante del período actual, según ha resaltado el ministro.

El campo se regirá en 2014 por el modelo anterior de la PAC, pero con el presupuesto actual, "con los ajustes que haya que hacer", de modo que la reforma entrará en vigor a partir de octubre de 2015.

En esta reforma, España ha hecho un trabajo inteligente, serio y riguroso, valorado", ha remarcado Cañete, quien ha lamentado por contra que el Reino Unido y Alemania se hayan abstenido.

España y las comunidades autónomas tendrán que elaborar ahora un "sofisticado" sistema de "comarcalización": se crearán más de 40 regiones, teniendo en cuenta los cultivos y ayudas que reciben, para que la convergencia sea "limitada" y evitar fuertes trasvases.

Entre los avances en la negociación, el 30 % del pago por greening ("pago verde") se calculará a nivel de explotación; a olivar, viñedo, frutos secos, cítricos, frutales y arroz no se les exigirán condiciones ecológicas adicionales por el "componente verde" y se rebajan los requisitos en rotación de cultivo y zonas de especial interés ecológico.

Como avances destacables, el Gobierno ha remarcado que se prorroga hasta 2017 el régimen de cuotas de azúcar; en viñedos, se establece un sistema de limitación de producción basado en autorizaciones hasta 2030; se recupera la intervención pública para el trigo duro; y se abre la puerta a que se actualicen los precios del almacenamiento del aceite según costes reales de producción.

En el lácteo, se retomará en septiembre el debate sobre actuaciones de apoyo, aunque no se conseguirán mantener sus cuotas.

En el caso de los partidos políticos, el PP ha valorado que el acuerdo permite más flexibilidad, ha dado la vuelta a la reforma inicial y evita la tasa plana.

Por su parte, el PSOE ha pedido a Arias Cañete que "rebaje la euforia" y ha pedido su comparecencia urgente, porque a su juicio "es imprescindible" que el Gobierno explique "con cifras y datos" el contenido de este acuerdo del que "el PSOE aún no tiene ninguna información oficial".

El BNG y Compromís-Equo han coincidido en considerar que la reforma "se queda corta", y desde Convergencia i Unio (CiU) han indicado que tras el acuerdo alcanzado aún quedan "muchos interrogantes abiertos y ahora comienza el debate interno".

Desde las Cooperativas Agroalimentarias, han afirmado que es positiva en aspectos como las ayudas, pero "poco ambiciosa" en medidas de mercado para dar más poder al productor frente a distribución o industria.

Por parte de las organizaciones agrarias, Asaja ha manifestado su satisfacción porque el resultado es "beneficioso" para el campo, mientras que COAG ha hecho un "balance negativo" de la reforma porque será "muy lesiva" para los "intereses de los profesionales", y UPA ha incidido en que "aún queda mucho por resolver" en España entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han confiado, en declaraciones a Efeagro, en que la nueva PAC traerá mejoras también para los asalariados agrarios, a pesar de que no recoge explícitamente sus demandas.

Por su parte, la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder) y la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) han valorado que en la reforma acordada se haya permitido la coexistencia de un programa nacional de desarrollo rural con los regionales.