"Los beneficiarios de los ERTE van a pagar menos impuestos". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido estos días aplacar la ofensiva política contra el Gobierno por no declarar exentas las percepciones vinculadas a los ERTE y tenerlas en cuenta a efectos de determinar la existencia de un segundo pagador en la Declaración de la Renta subrayando el efecto neutral de esta consideración a efectos fiscales. El relato oficial viene a sostener que, sí, en efecto, el cobro de la prestación por ERTE obligará a presentar la Declaración de la Renta a 327.000 contribuyentes que el año pasado no tuvieron que hacerlo porque sus rendimientos del trabajo no alcanzaron el umbral mínimo de 22.000 euros que la normativa fiscal establece para presentar esa declaración, pero a efectos prácticos los pagos de éstos a las arcas públicas serán muy similares a los que tendrían que haber realizado vía retenciones sobre sus nóminas.
El posible impacto neutro a efectos fiscales es tan cierto como que buena parte de los 3,5 millones de contribuyentes que han percibido prestación por ERTE a lo largo de 2020 van a tener que rascarse el bolsillo en los próximos meses para reintegrar al erario público las retenciones que el SEPE no les practicó durante los meses que percibieron esa prestación. Así lo admite la Agencia Tributaria en una nota aclaratoria publicada este miércoles para tratar de aclarar las dudas de los contribuyentes afectados por un ERTE en relación al modo en que tienen que realizar su Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2020.
La nota informativa lleva implícita un aviso: a los perceptores de la prestación por ERTE la Declaración de la Renta de 2020 les va a salir a pagar, al menos con carácter general. La Agencia Tributaria explica en su nota que esta situación no es más que el efecto de que el SEPE no haya practicado retenciones sobre las cuantías abonadas, ya que no tiene la obligación de hacerlo cuando el importe anual de las mismas no supere los 14.000 euros. "Hay que tener en cuenta que las retenciones, en la medida en que puedan estar ajustadas a los ingresos del contribuyente en el conjunto del año, simplemente anticipan el impuesto que finalmente debe pagar ese contribuyente. El contribuyente no obligado a declarar también soporta el IRPF a través de las retenciones mensuales", aclara la Agencia.
Ésta será la regla general, aunque podría haber excepciones en que a perceptores del ERTE la Declaración de Renta no les salga a pagar. La nota de la Agencia aclara que esta situación no se dará en los casos (excepcionales) en que los perceptores hayan solicitado al SEPE que les aplique la correspondiente retención fiscal y las diferentes casuísticas pueden hacer que algunos contribuyentes por unas circunstancias u otras tengan un saldo equilibrado o incluso a devolver. No será la norma general.
La nota de Hacienda recalca que el hecho de que la Declaración de la Renta les pueda salir a pagar no implica ni mucho menos que vayan a pagar más IRPF del que habrían tenido que satisfacer por el ejercicio de 2020 de haber cobrado sus nóminas en la empresa con normalidad. El efecto fiscal, insisten, será neutro y la única diferencia será que en lugar de haber anticipado el pago ese IRPF en forma de retenciones lo tendrán que regularizar ahora en la Declaración de la Renta, ya que de lo contrario lo que ocurriría es que pagarían menos impuestos de los que les corresponde pagar por los rendimientos de trabajo obtenidos.
La Agencia Tributaria aprovecha, de paso, el interés que ha despertado el asunto para hacer un poco de pedagogía tributaria y explicar que si el umbral de la obligación de declarar está en 22.000 euros cuando se tiene un pagador y baja a 14.000 euros en los casos en que hay dos pagadores no es por capricho sino para garantizar "que dos contribuyentes con los mismos rendimientos de trabajo sujetos a IRPF soporten el mismo impuesto final, con independencia del número de pagadores". Es decir, para garantizar una cierta equidad en el trato a los contribuyentes.
"El sistema de retenciones está ajustado a la tributación final y cuando hay dos pagadores se genera un déficit de retención que hay que regularizar cuando toca hacer la Declaración", ha explicado este miércoles Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales, en el marco de la presentación de un informe del organismo. "El único caso en el que se puede hablar de una cierta discriminación es cuando un trabajador tributa en una comunidad autónoma donde la suma de la tarifa del IRPF es superior a la establecida por el Estado, que es la que marca la tabla de retenciones, ya que se puede ver obligado a pagar más de lo que le correspondería según el tipo de retención que se le aplicaría. Eso es lo que ha hecho que la Generalitat de Cataluña haya aprobado una deducción excepcional para evitar ese efecto".
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