En el mes de febrero, un total de 452.461 personas estaban percibiendo en España una pensión no contributiva -de jubilación o invalidez-, que es la que garantiza unos ingresos económicos mínimos -entre 100 y 400 euros mensuales-, sanidad, medicamentos y servicios sociales a los mayores de 65 años y a los mayores de 18 años con menos de 65 con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que no hayan cotizado lo suficiente para obtener una prestación contributiva.
Sin embargo, obtener estas pensiones que gestiona el Imserso -dependiente del Ministerio de Derechos y Agenda 2030-, paga la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en Navarra y el País Vasco, y suponen 185,5 millones de euros al mes en 14 pagas, se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos, con un 35,8% de las solicitudes que se queda en el cajón por diferentes motivos.
La estadística detallada que ofrece el Imserso muestra que entre 2014 y 2020, 133.000 solicitantes de estas prestaciones se quedaron sin ellas. El 49,6% de las solicitudes denegadas fueron de invalidez, con mayores exigencias que en las de jubilación, ya que se deben acreditar no sólo unos requisitos económicos, de edad y de residencia, como en jubilación, sino también un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Según los datos facilitados por el Imserso, el 49,72% de las solicitudes de pensión no contributiva de jubilación fueron denegadas porque los ingresos de la unidad económica de convivencia superaban el límite de recursos aplicable. Esta es la principal causa de denegación en la mayoría de las comunidades, con excepción de Asturias -que es por disponer de recursos personales superiores al límite- y Canarias, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, por problemas con el lugar de residencia. Mientras, siete de cada cien denegaciones tuvieron que ver con la edad, un 21% por tener recursos personales excesivos y un 3% con incompatibilidades.
Mientras, casi la mitad de las solicitudes de pensión no contributiva de invalidez han sido denegadas, el 56,08% de ellas por no acreditar el interesado el grado de discapacidad o enfermedad crónica requerido, causa mayoritaria en todos los ámbitos territoriales de gestión, salvo en el País Vasco y Navarra, donde la causa de denegación más importante se corresponde con que los ingresos de la unidad económica de convivencia superan el límite de recursos aplicable, así como en La Rioja y Madrid, donde la causa más representativa fue que los ingresos personales superan la cuantía anual de la pensión no contributiva.
Gestión durante la pandemia
Como en otros organismos de gestión de prestaciones, subsidios y ayudas, la pandemia del coronavirus ha ralentizado los procesos. A finales del mes de febrero había pendientes de resolución 27.009 solicitudes, 94 menos que un mes antes. Mientras, el tiempo medio de tramitación de una solicitud en los últimos siete años ha sido de a 157 días y solo Cataluña y Canarias han estado por encima de la media. A partir de 2018 el tiempo medio de resolución empieza a subir y se dispara en 2020, con 211 días de media.
El tiempo de tramitación de una solicitud de jubilación es inferior al de una de invalidez, que requiere más informes. Con respecto a 2019, los días para tramitar la prestación de jubilación y la de incapacidad no contributiva ha aumentado en 31 y 36 días, respectivamente. La Comunidad Autónoma de Canarias presenta un coeficiente de gestión de 666 días, mientras que en las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco -que tienen gestión independiente- se sitúa en 27 y 39 días, respectivamente.
Pensión media y diferencia entre autonomías
La pensión media de jubilación en el Imserso es, a febrero de 2021, de 397 euros, 787 euros menos que las de la Seguridad Social que de media se sitúan en 1.184. Por su parte, la de invalidez no contributiva es de media de 439 euros, más alta que la de jubilación, porque algunos beneficiarios de la prestación de incapacidad tienen derecho al incremento del 50% por necesidad de ayuda de otra persona. Un total 37.643 de pensionistas no contributivos recibían este complemento a finales de 2020, de los que 32.595 eran beneficiarios de una prestación de invalidez. La pensión por incapacidad en el Sistema de la Seguridad Social se sitúa en 993 euros.
Las diferencias entre la cuantía media de estas pensiones no es demasiado grande, pero hay 10 comunidades, además de Ceuta y Melilla, que están por debajo de los 397 euros de media en sus prestaciones de jubilación. Navarra y Cantabria están en la parte baja de la tabla, con 383 euros, mientras La Rioja y Murcia están por encima, con 416 euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios