El Ministerio de Hacienda ha abierto a consulta pública un anteproyecto de ley para trasponer una directiva europea relativa a la cooperación entre estados miembros de la Unión Europea en materia fiscal. En concreto, se regulan los procedimientos para lanzar inspecciones fiscales conjuntas con otros países, a través de las cuales, Hacienda espera recaudar más impuestos y, a su vez, reducir algunos costes administrativos. La misma norma pone la lupa sobre operadores de plataformas digitales, como pueden ser aplicaciones de reparto de comida a domicilio como Glovo o plataformas de comercio electrónico, como sería el caso de Amazon, a las que exige más información.
En la memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto, el departamento que dirige María Jesús Montero apunta que de momento no es posible calcular el impacto económico de los cambios que se introducen, pero añade que "cabe esperar que, en general, las modificaciones introducidas tengan un efecto positivo sobre los ingresos en el erario público". "La nueva obligación de información, previsiblemente, debiera incrementar los ingresos públicos, por cuanto va a implicar la obtención de nuevos datos por parte de la Administración tributaria que podrán ser utilizados para el control tributario si bien su cuantificación a priori resulta muy aventurada", añade.
En la misma línea, el intercambio de información entre distintos países, "producirá un ahorro de costes tanto para las Administraciones tributarias europeas como para los obligados tributarios concernidos, por cuanto evitará la posible multiplicación de las obligaciones de información en cada uno de los respectivos Estados miembros", explica el Ministerio de Hacienda. De hecho, los estados deberán comunicar a la Comisión Europea de los intercambios de información que se producen anualmente, así como sus costes y ahorros asociados. Además, del impacto económico, la trasposición busca tener más herramientas para evitar fraude, evasión y elusión fiscal.
El anteproyecto es una de las medidas en materia fiscal para adaptarse a la "digitalización de la economía". Se une al impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google), cuya recaudación en 2021 fue de 166 millones de euros, según los datos avanzados por el Ministerio de Hacienda. No obstante, el objetivo para el pasado año era de 968 millones de euros. Este es uno de los temas sobre los que el departamento de Montero hizo hincapié en el encargo que hizo al comité de expertos para la reforma fiscal, por lo que en el Libro Blanco que entreguen esta semana a Hacienda, podría incluir nuevas propuestas en materia de impuestos para la economía digital.
Información e inspecciones conjuntas
La trasposición obliga a los operadores de plataformas a proporcionar más información sobre los vendedores o prestadores de servicios que operan en ellas a la Agencia Tributaria. El objetivo es conocer los domicilios fiscales de las empresas que venden productos en estas plataformas o de las personas que ofrecen servicios a través de ellas. Además, las plataformas deberán estar registradas ante la Agencia Tributaria y será la administración española la que intercambie estos datos con otros países de la Unión Europea. Estas obligaciones estarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023. El incumplimiento de esta norma se considerará grave y se sancionará con una multa fija de 200 euros por cada vendedor cuya información se haya omitido a la administración y con 300 euros si los datos son inexactos, incompletos o falsos.
"Se deberán suministrar datos como la identificación de los propios operadores y vendedores; actividades desarrolladas por éstos; contraprestación satisfecha al vendedor e identificación de las cuentas utilizadas para el cobro de la misma; tributos, comisiones, tarifas y otras cuantías retenidas o cobradas por el operador, entre otros datos. La declaración deberá ser objeto de presentación durante el mes de enero del año siguiente al que se refiere la información", comenta el Ministerio de Hacienda.
En cuanto a las inspecciones conjuntas, estas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024. Según el texto del anteproyecto, la administración tributaria española nombrará a un representante encargado de las relaciones con los estados con los que se colabore en las inspecciones pertinentes. Esta persona será la encargada de supervisar y coordinar las inspecciones conjuntas que se realicen en territorio español. Cuando las investigaciones se realicen en otros estados miembros, los funcionarios españoles podrán desplazarse o cooperar mediante medios electrónicos.
Tras las inspecciones, se elaborará un informe de conclusiones que se notificará a los interesados. El informe recogerá "los hechos y circunstancias relevantes de la inspección conjunta, así como el régimen tributario aplicable a los mismos en los que exista acuerdo entre los Estados intervinientes, que habrán de ser tenidos en cuenta en los procedimientos tributarios que puedan llevarse a cabo como consecuencia o en seguimiento de la inspección conjunta. Asimismo, podrá reflejar cualquier cuestión sobre la que no se haya podido alcanzar un acuerdo", apunta el texto.
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