El Ministerio de Hacienda volverá a recibir a partir del próximo mes de junio información puntual sobre todas las viviendas o habitaciones que se pongan en alquiler a través de plataformas de intermediación tipo Airbnb o Vrbo, los titulares de las mismas y los ingresos que obtengan por esa actividad. El Gobierno ha aprovechado la aprobación del Real Decreto que regula la presentación de la declaración de la Tasa Tobin para colar una Disposición Final que restaura esta obligación formal tumbada hace apenas unos meses por el Tribunal Supremo, a instancias de la organización empresarial Adigital, por un defecto de forma en su trámite de aprobación.
Hacienda ya había avanzado su intención de recuperar esta declaración informativa que, según ha señalado en alguna ocasión el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha proporcionado una información crítica para aflorar hasta 120.000 viviendas turísticas que los contribuyentes no habían declarado hasta la fecha. El departamento que dirige María Jesús Montero ha modulado su aprobación para tener el dispositivo de nuevo disponible de cara a la parte central de la inminente campaña turística estival, cuando más se mueve el mercado de alquileres veraniegos. La medida se ha aprobado este miércoles, tras su publicación en el BOE, pero no entrará en vigor hasta dentro de un mes, según se recoge en la disposición.
La norma aprobada por el Gobierno obliga a las plataformas a proporcionar a la Administración Tributaria información detallada sobre la identidad del titular del inmueble puesto en uso a través de sus servicios, la referencia catastral de la vivienda en alquiler, de las personas que han arrendado el inmuebles y del tiempo durante el cual han disfrutado de la misma y del importe recibido por el titular de la vivienda cedida, lo que proporcionará a Hacienda un cuadro más que completo de todas las operaciones tramitadas a través de estas plataformas y de los ingresos recibidos por los titulares.
Esa información es clave en la estrategia de la Agencia Tributaria para fomentar el cumplimiento voluntario. Su intención, según ha explicado en varias ocasiones Jesús Gascón, es utilizar los datos obtenidos por esta vía para advertir a los contribuyentes que pudieran no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales de tal situación y para actuar en segunda instancia si éstos no se avienen a tributar de manera voluntaria. Desde el organismo se ha presumido de que el mero envío de esas cartas de advertencia ha servido para 'animar' a declarar sus ingresos por este tipo de actividad a 120.000 contribuyentes, que hasta ese momento actuaban de forma ocasiones o permanente en ese mercado pero no declaraban sus ingresos.
La implantación original de esta obligación formal no estuvo exenta de polémica. La patronal Adigital se plantó desde el primer momento a la maniobra del Ministerio de Hacienda por entender que iba contra la normativa estatal y comunitaria y atentaba contra los principios de mercado interior y libertad de mercado vigentes en la Unión, levantando obstáculos injustificados al disfrute de los mismos. La ofensiva empresarial desembocó en el Tribunal Supremo que acabó anulando la norma, pero no por una cuestión de fondo sino por un requisito formal, ya que entendía que la implantación de esa nueva obligación formal debía haber sido comunicada a la Comisión Europea y Hacienda no lo hizo.
Desde que tuvo conocimiento de la sentencia del Supremo, el Ministerio de Hacienda avanzó su intención de reimplantar el dispositivo, ya con las preceptivas autorizaciones en regla y ahora ha aprovechado la tramitación de esa norma fiscal para reinstaurar esta obligación de informar justo cuando el mercado de alquiler turístico encara su momento de más actividad de todo el año: la campaña turística estival.
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