El Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá financiar vía fondos europeos hasta el 70% de la cuantía de aquellos proyectos que promotores y constructores dediquen a vivienda de alquiler social o a precio asequible y que opten a una de las nuevas líneas creadas a tal efecto por el organismo. Estas líneas o facilidades, cinco en total que estarán disponibles a partir del verano, se han diseñado para canalizar prácticamente la mitad de los 83.000 millones en préstamos bajo condiciones ventajosas a los que España opta del programa Next Generation.
En concreto, las empresas del sector del ladrillo que decidan acogerse a este mecanismo podrán acceder a 4.000 millones en créditos con los que el Gobierno pretende ampliar la oferta de este tipo de inmuebles a través de la iniciativa privada y mejorar además el parque público disponible, escaso para hacer frente a una demanda creciente. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguraba que esta línea permitiría poner alrededor de 40.000 pisos de este tipo en el mercado, con cálculos "prudentes".
Esta facilidad en concreto estará ligada a dos tipos de instrumentos financieros diferentes con los que promotores y constructores podrán obtener la liquidez para sus proyectos que, como sucede con el resto de líneas, tendrán que ser verificados por el ICO antes de recibir el préstamo. Estos instrumentos son la financiación directa de propio instituto, que permitiría sufragar hasta el 70% del coste total del proyecto, y las líneas de mediación con entidades financieras, con las que la banca podrá financiar el 100% del mismo a la empresa en cuestión, según explican fuentes del ICO. Hasta ahora, el organismo venía aportando hasta un 25% en financiación directa de proyectos.
En un momento en el que las tensiones en el mercado inmobiliario nacional han ido a más con el encarecimiento de los costes de financiación por el alza de tipos, organismos nacionales e internacionales han venido advirtiendo sobre la escasa oferta de este tipo de viviendas en relación con las cifras que se manejan en el resto de Europa. Según el Banco de España (BdE) del total de 111.678 viviendas iniciadas el año pasado (siguen sin recuperarse los niveles de actividad previos al pinchazo de la burbuja) únicamente 12.070 eran protegidas, menos del 11% del total.
'Sepi tecnológica' se nutrirá de fondos de dos de las líneas del ICO
La destinada a vivienda social es solo una de las cinco "facilidades" que canalizarán esos 40.000 millones en créditos procedentes de los fondos europeos, junto con la línea ICO-Verde, dotada con 22.000 millones de euros; la ICO-Empresas y Emprendedores, que lleva asociada una financiación de 8.150 millones; así como las líneas ICO-Audiovisual Hub (1.712 millones) y el Fondo Next Tech (4.000 millones). Los recursos que no lleguen a emplearse de estos dos últimos irán a parar a la nueva 'Sepi tecnológica' una vez que esta esté creada.
Las mismas fuentes del ICO explican que los proyectos e inversiones que opten a la financiación asociada a los Next Generation deberán ser finalistas en función de cada objetivo del instrumento, pero también tendrán que ser económicamente viables. Dependiendo del instrumento concreto al que la empresa quiera acogerse se le exigirá también que cuente con el etiquetado verde o digital -un distintivo que no será necesario, sin embargo, en el caso de objetivos más genéricos-.
El Instituto no sólo se propone llevar a cabo un control previo para que los proyectos puedan acceder a las líneas de crédito, sino que habrá además auditorías de los mismos a posteriori, para lo cual contratarán en licitación unas asistencias técnicas que centralizarán sus trabajos en cada una de las facilidades. En el caso de los proyectos de menor tamaño, de menos de 10 millones de euros, el sistema de control previo se simplifique y se base en en declaraciones responsables. El instituto va a desarrollar una plataforma tecnológica a la que tendrán acceso los intermediarios financieros y en la que el organismo irá validando que se cumplen las condiciones exigidas en cada línea.
La meta es que estas facilidades empiecen a estar operativas en verano y que se puedan formalizar operaciones hasta el 31 de agosto de 2026. Con posterioridad a esa fecha y, según explicó previamente el ministro de Economía, las amortizaciones se podrán seguir reinvirtiendo en nuevos préstamos durante los diez años siguientes, hasta 2036.
