La escalada imparable de la inflación ha desatado la alerta sindical en un momento delicadísimo. La preocupación en CCOO y UGT por el incremento de los precios es severa y desde ambas organizaciones advierten de que no firmarán un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -el marco que debe fijar la recomendación de subida salarial en los convenios para los próximos años- que no incorpore cláusulas de revisión obligatorias y generalizadas que protejan la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante el incremento desmesurado de la cesta de la compra. Desde el flanco sindical advierten a La Información de que esta será la principal línea roja en las negociaciones que arrancarán oficialmente este jueves.
El dato adelantado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) encendía todas las alarmas en los sindicatos. La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se disparó de golpe en febrero hasta el 7,4%, su tasa más alta en 33 años, concretamente desde julio de 1989, debido a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan las de los alimentos y bebidas no alcohólicas y los carburantes, así como el comportamiento de los precios de la electricidad. El acelerón responde en buena medida al efecto base, ya que en febrero de 2021 los precios se desplomaron tras la borrasca Filomena, pero viene acompañado de un incremento de la inflación subyacente (que excluye los elementos más volátiles de la cesta de la compra, como la energía y los alimentos) y se produce en mitad del grave conflicto entre Rusia y Ucrania, que amenaza con mantener la tensión inflacionista por las sanciones y el alza de la energía.
Las organizaciones sindicales reaccionaron de inmediato a los alarmantes datos de Estadística. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, instó al Gobierno a interceder para rebajar los precios energéticos y pidió a las empresas que se "corresponsabilicen" con una contención de sus beneficios y dividendos. Y calentando la negociación pendiente con la CEOE, con quien se sentarán, junto a la UGT, el próximo 3 de marzo, abogó por que los acuerdos en los convenios colectivos garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo para el plazo de los dos o tres próximos años, recuperando las cláusulas de revisión salarial en la generalidad de los convenios, de manera que los trabajadores tengan la certeza de que sus sueldos no van a perder poder de compra ante el descontrol de la inflación.
Y lo mismo desde UGT, que denunció que el incremento continuo del nivel general de precios está configurando un escenario muy preocupante para la clase trabajadora porque las retribuciones salariales no están creciendo al mismo ritmo. El vicesecretario general de Política Sindical, Mariano Hoya, recordó que las previsiones de inflación para 2022 se situaban ya en algunos casos por encima del 4% antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y avisó de que, aunque aunque aún es pronto para prever posibles impactos, esta circunstancia configura un escenario poco alentador para el devenir de las relaciones económicas internacionales. Y en este sentido, se alineó con CCOO en reclamar la necesidad de que los convenios incorporen aumentos salariales por encima de la previsión de inflación y que introduzcan, a su vez, cláusulas de revisión salarial que vinculen las retribuciones al IPC y que eviten, por tanto, la pérdida de poder adquisitivo en caso de que el nivel de precios se incremente más de lo establecido en convenio.
Desde ambas organizaciones sindicales avanzan a este medio que la recuperación de las cláusulas de revisión salarial será una línea roja en la inminente negociación del AENC. Esto eleva la presión a la patronal, que viene defendiendo que el núcleo de la inflación registra tasas contenidas, reflejando el control de precios que todavía permanece en algunos sectores de la economía que no han repercutido el aumento de costes de producción en los precios finales de bienes y servicios, lo que implica una reducción significativa de los márgenes empresariales en estos sectores en un momento delicado para muchos de ellos tras meses de crisis y restricciones a la actividad. Pero con la subyacente en el 3%, este argumento se le complica a la patronal, que aun así insiste en la necesidad de evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que deriven en una espiral inflacionista.
Va a ser la gran batalla de la negociación en la inminente mesa de diálogo. Lo cierto es que la fuerte escalada inflacionista ya se ha dejado sentir en la negociación salarial. Los registros de convenios colectivos del pasado mes de enero muestran que el incremento salarial medio era del 2%, lo que supone un inusual aumento de medio punto en un solo mes. El motivo no es otro que el impacto de las actualizaciones salariales después de que el IPC aumentara en diciembre un 6,5% interanual y avanzara un 3,1% de media en 2021. El rally de precios se intensificó en la recta final del año y muchos de los trabajadores que negociaron entonces sus condiciones laborales incluyeron en sus convenios cláusulas de garantía salarial, que compensan la totalidad o parte de la subida del IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
El anterior AENC, que estuvo vigente entre 2018 y 2020, ya incorporó como recomendación que los convenios colectivos podrían establecer mecanismos de revisión salarial, pero en aquel momento la inflación no suponía un problema, porque se mantenía en niveles controlados. De hecho, este tipo de cláusulas, que fueron generalizadas antes del estallido de la crisis financiera, cuando cubrían prácticamente al 70% de los trabajadores protegidos por convenios colectivos, cayeron en desuso y cerraron 2021 en mínimos, con apenas un 15% de trabajadores afectados. Si bien a principios de este año este paraguas contra el IPC ha empezado a extenderse en los convenios negociados en las empresas, los sindicatos exigen que se incorpore como garantía formal en el AENC. Pero la CEOE lo rechaza de plano y se apoya en organismos como el Banco de España, que se ha mostrado en contra de aumentos generalizados y excesivos de los sueldos y a favor de ligar las subidas a la productividad y la demanda empresarial a nivel individual.
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