El pasado lunes, 18 de mayo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba en una entrevista radiofónica que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno para paliar los efectos de esta crisis sobre los más vulnerables -y la que más se está haciendo esperar en las 'colas del hambre'-, alcanzaría a un millón de hogares y que unas 100.000 familias empezarían a cobrarlo casi de manera inmediata a través de un pago de oficio en el mes de junio. Esa misma semana, el domingo 24 de mayo, el ministro rebajaba sus estimaciones hasta 850.000 hogares sin aportar explicación alguna.
Escrivá se ha visto obligado a reducir la cifra inicialmente anunciada en nada menos que 150.000 hogares tras constatar que decenas de miles de familias cumplirían los requisitos para cobrar la prestación por nivel de renta, al encontrarse dentro de los umbrales establecidos para determinar su situación de vulnerabilidad, pero se sitúan por encima de los topes de patrimonio fijados para tener acceso a esta ayuda. Así lo revelan a La Información fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, artífice de la medida que verá la luz en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes.
A la espera de que mañana se concreten todos los detalles de esta suerte de renta básica nacional que viene a salvar a centenares de miles de familias en situación de pobreza severa agravada por la pandemia del coronavirus, uno de los requisitos que más se ha discutido es el límite patrimonial para recibir la ayuda. Lo último que ha trascendido es que tendrán acceso al IMV aquellas familias que, dependiendo del tipo de hogar, dispongan de unos ingresos y un patrimonio por debajo de un umbral que se va a fijar para cada una de las 14 tipologías de hogares definidas, sin tener en cuenta la vivienda habitual (salvo que esta tenga un "valor excepcional" aún por especificar).
"Nuestros beneficiarios, además de una renta por debajo del umbral que se fije para cada hogar, tendrán que tener un patrimonio menor al que se establezca para ese tipo de hogar", explican fuentes del departamento de Escrivá, arquitecto de esta prestación sin precedentes en la historia del sistema asistencial español. "Con ello, por ejemplo, se excluye a gente que trabajando en la economía sumergida pueda haber recabado un patrimonio muy elevado, aunque declare una renta baja", añaden. En este patrimonio se tendrán en cuenta, además de otros inmuebles (por valor de mercado en caso de ser residenciales y por valor catastral si no lo son), el dinero disponible en cuentas corrientes o fondos de pensiones.
Pues bien, bajo estas premisas, en un primer momento el propio Escrivá anunció que la renta mínima alcanzaría en torno a un millón de hogares y tendría un coste anual para la arcas públicas de hasta 3.500 millones de euros. Posteriormente el ministro ha rebajado la cuantía de potenciales beneficiarios a 850.000 y el desembolso total estimado a 3.000 millones. El motivo, según admiten fuentes de la Seguridad Social involucradas en el desarrollo de este proyecto, es que al profundizar en los cálculos, una vez finalizado el cruce de datos con la Agencia Tributaria, se detectó que inicialmente existía "una ligera sobreestimación".
La razón que hay detrás de la corrección del alcance efectivo de esta medida, según trasladan las mismas fuentes, es que el "test de patrimonio" ha dejado fuera a parte de los hogares que, cumpliendo las condiciones de renta, superan los límites patrimoniales marcados. ¿Y esto cómo se sabe? Porque un batallón de técnicos y funcionarios de la Seguridad Social llevan semanas trabajando a destajo para determinar a los posibles beneficiarios mediante el cruce masivo de datos con Hacienda, incluidas las referencias catastrales de los inmuebles, así como con el INE, desgranando todos los microdatos por tipología de hogar de que dispone el instituto estadístico.
Los cálculos realizados hasta el momento estiman que el IMV que se aprobará mañana en Consejo de Ministros beneficiará a unos 850.000 hogares, de los que más de la mitad tiene niños a su cargo y en los que conviven alrededor de 2,3 millones de personas. La cuantía dependerá del número de miembros de cada hogar y de las rentas que perciban y se empezará a cobrar en el mes de junio, a medida que se vayan recibiendo las solicitudes. Un matiz: la Seguridad Social no pagará una renta determinada, sino que complementará las rentas familiares hasta el nivel considerado óptimo para cada tipo de hogar, en función de sus características particulares (familias monoparentales, hijos a cargo...).
"Sello social" para las empresas
Además, el cobro del IMV será compatible con tener un empleo y también se establecerán unos itinerarios laborales y de inclusión para mejorar la empleabilidad de las personas. Por cierto, este último es uno de los requisitos que considera indispensable la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que además ha pedido al Gobierno algún tipo de subvención en los contratos que hagan las empresas a beneficiarios de la renta mínima, como se reveló en estas páginas. Por el momento, Escrivá ha avanzado una especie de "sello social" para involucrar al sector privado en esta iniciativa.
Los sindicatos, tanto CCOO como UGT, apoyan la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, si bien la patronal se muestra más reticente a esta medida, principalmente porque los empresarios consideran que en el momento actual no conviene aprobar medidas de gasto estructural. La CEOE sí estaría de acuerdo, no obstante, en activar un salvavidas temporal para paliar el impacto de la crisis de la Covid-19 sobre las familias más vulnerables. Si bien las opiniones dentro de la propia patronal son diversas y se discuten hoy en la reunión de los órganos de dirección que debaten sobre la vuelta al diálogo con el Gobierno tras abandonarlo por el polémico pacto con Bildu sobre la reforma laboral.
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