El Gobierno ha tirado de habilidad contable para evitar incluir en el Proyecto de Prespuestos Generales del Estado (PGE) la millonaria factura de la devolución del IRPF retenido por las prestaciones de maternidad y paternidad durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. La maniobra por la que ha optado el Ejecutivo pasa por contabilizar el impacto presupuestario de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró estas retenciones ilegales como una merma de ingresos, en lugar de un gasto.
El conocido como 'libro amarillo', donde se recogen las líneas generales del presupuesto público, no recoge ninguna partida específica por este concepto. Recordemos que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimó un reintegro de 1.200 millones de euros a más de un millón de madres y padres para dar cumplimiento al fallo judicial que dejó exentas del IRPF las prestaciones de maternidad y cuyo criterio amplió después el Ejecutivo a las de paternidad.
En el proyecto de Presupuestos no hay ni rastro de esos 1.200 millones, que supondrían una décima extra de déficit público, repartida entre 2018 y 2019. Sí que se hace mención específica al cambio de la normativa derivado de la sentencia, así como a su "impacto presupuestario", pero en ningún momento aparece cuantificado el desembolso millonario para las arcas públicas. "No hay partida de gasto porque no se considera como tal, sino que el impacto genera un menor ingreso en el IRPF", justifican fuentes de Hacienda consultadas por La Información que aclaran que "el impacto sobre el déficit es el mismo si se calcula como menor ingreso que como mayor gasto".
No es una consideración menor. Recordemos que el Gobierno decidió dividir el procedimiento de devolución del IRPF de estas prestaciones en dos fases, una primera, en diciembre de 2018, cuando se tramitaron las solicitudes de los ejercicios 2014 y 2015, y una segunda, en ejecución en este mes de enero, para las reclamaciones de los años 2016 y 2017. Una manera de agilizar las devoluciones, pero también de repartir el gasto extraordinario en dos ejercicios para evitar desviaciones excesivas del déficit.
Si bien este criterio resulta adecuado para los ejercicios 2018, 2019 y en adelante, dado que, tras el fallo judicial, las prestaciones que se cobran de la Seguridad Social durante la baja por el nacimiento de un hijo ya no deben tributar por IRPF, lo que genera un beneficio fiscal, no se ajusta a la realidad en el momento de introducir el impacto de la sentencia en los PGE. El Supremo obligó al Gobierno a devolver las cantidades retenidas en las declaraciones de la renta de los años no prescritos (de 2014 a 2017), lo que, en efecto, supone un desembolso.
"Es una trampa en toda regla, en el sentido de que es perfectamente legal y muy habitual en los Presupuestos", explica el economista jefe del 'think tank' Civismo, Javier Santacruz. "Por principio de prudencia, podría destinarse una partida concreta, como un gasto 'one off' –se produce solo una vez y no engorda el déficit estructural–, pero la Agencia Tributaria no tiene claro el volumen que van a suponer estas devoluciones, porque se están revisando las solicitudes, por lo que el Gobierno ha optado por ocultar esta partida para evitar elevar la desviación entre ingresos y gastos", asegura Santacruz.
Fuentes cercanas a Montero descartan trucos contables y aducen "motivos presupuestarios" para considerar el reintegro de lo retenido a los contribuyentes en el IRPF como un "menor ingreso", si bien reconocen que, "en términos de contabilidad nacional, que marca la Unión Europea, esa devolución figura como gasto".
Así consta en el 'libro amarillo': para 2018 se espera una recaudación por ingresos tributarios 364 millones por encima de lo presupuestado y se asegura que "de no haberse realizado devoluciones ligadas a las prestaciones de maternidad y paternidad, la desviación abría superado los 900 millones". Estas cifras revelan que la cantidad destinada al abono del impuesto a los padres y madres de 2014 y 2015 (las reclamadas en diciembre de 2018) ascendió a más de 536 millones de euros, aunque Hacienda rehúsa facilitar datos por el momento, hasta haber
Esta cantidad, no obstante, supone menos de la mitad del importe global que comprometió Montero en la rueda de prensa que convocó 'ex profeso' para dar explicaciones sobre el proceso de devolución. El aluvión de reclamaciones que colapsó las oficinas de la Agencia Tributaria obligó a la ministra a responder con rapidez, pero lo hizo con poca exactitud. Montero se limitó a aportar fundamentalmente cuatro cifras: fijó los beneficiarios en "más de un millón de madres y padres" y estimó un coste de "alrededor de 1.200 millones de euros", a razón de 1.600 euros por las prestaciones de maternidad y 383 por las de paternidad, por el menor tiempo de baja por hijo que disfrutan ellos.
Montero aseguró, sin más concreción, que la AEAT había recibido 672.746 solicitudes en diciembre y que los pagos se iniciaron en la misma semana en la que se habilitó el formulario en la web de la AEAT. No todas las reclamaciones, sin embargo, dan derecho a devolución, como reconocen desde el propio Ministerio: "La ministra aportó una cifra de beneficiarios potenciales", admiten fuentes de Hacienda que explican que, con ese millón de contribuyentes, Montero se refirió a aquellos que efectivamente habían tributado en el IRPF por sus prestaciones, sin perjuicio de que "en general, las mujeres tienen salarios más bajos y muchas trabajan a tiempo parcial", lo que puede reducir sus retenciones a cero y, lógicamente, "no se puede devolver lo que nunca se tributó".
Nuevos beneficios fiscales
Para 2019, de nuevo, el proyecto presupuestario advierte de que los ingresos se verán afectados "por las medidas normativas y de gestión que desarrollarán sus efectos a lo largo del año". "Se estima que el impacto de estas medidas restará alrededor de 1.700 millones", concreta el documento, que poco más adelante señala a "la devolución del impuesto pagado por la prestación de maternidad y paternidad" como la medida que más pesa en esta merma de ingresos, al asegurar que "supondrá unos 900 millones de euros menos a la recaudación". De nuevo, no se contabiliza como gasto el desembolso que tendrá que hacer el Estado para devolver el IRPF de los años 2016 y 2017 en este ejercicio.
Sí se tienen en cuenta las ventajas fiscales que ya a partir de 2018 supone para los contribuyentes la exención del pago del IRPF por estas prestaciones, aunque tampoco se cuantifica con exactitud. Un vistazo al cuadro del Presupuesto de Beneficios Fiscales refleja como, tras conocer la sentencia del Supremo, el Gobierno actualizó la cantidad estimada en el apartado de exenciones en las prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad, maternidad y paternidad para 2018. Si en marzo proyectaban 122 millones de euros en beneficios fiscales por este concepto, ahora han sumado el impacto del cambio normativo, hasta alcanzar los 261 millones de euros, cifra similar a la que se estima para 2019.
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