Autonomía fiscal, Renfe y aeropuertos: las exigencias de Junts para ceder sus votos

El resultado de los comicios celebrados este 23 de julio deja la formación del futuro gobierno en manos de la formación independentista Junts per Catalunya. La candidatura liderada por Miriam Nogueras será clave en la constitución de un nuevo Ejecutivo que, ante la imposibilidad de formar gobierno de los bloques de izquierda o derecha, puede balancearse de un lado u otro. La derecha nacionalista catalana, que en los últimos años ha volcado su estrategia política en el procés, volverá a resultar decisiva en la gobernabilidad de España, recuperando para ello sus reclamaciones históricas en materia fiscal y presupuestaria. 

"No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada", señaló la candidata en la rueda de prensa de valoración de resultados electorales. La formación nacionalista buscará usar su poder político, en referencia a Cataluña, "hacer respetar nuestros derechos económicos y fiscales". Más allá de las habituales peticiones vinculadas a las consecuencias del referéndum de independencia, su programa electoral busca paliar lo que consideran déficits estructurales en materia fiscal, de financiación, de inversiones y de infraestructuras. 

Infrafinanciación

Apelando a un estudio del gobierno catalán del año 2020, Junts cifra en 20.000 millones de euros la infrafinanciación del gobierno central a la administración autonómica. "Es evidente que ha habido una ofensiva premeditada de ahogo financiero en Cataluña", algo motivado por "la mala financiación de la Generalitat y los ayuntamientos y la escasa inversión del Estado". 

Catalogan de "discriminatorio" el modelo de financiación autonómica actual, alegando que Cataluña "es el tercero en capacidad tributaria y el décimo en recursos recibidos". Para paliar esta situación, piden aplicar el principio de ordinalidad en el reparto de fondos a los territorios o compensar la infrafinanciación de la última década. 

Los soberanistas también incluyen en su programa la condonación de 75.000 millones de euros de deuda correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica, del que Cataluña se salió en 2019, al considerar que el tres cuartas partes de esta deuda corresponden al Estado. A esto suman la reclamación de una deuda correspondiente al periodo 2008-2013 por presupuestos no ejecutados, que cuantifican en 3.710 millones de euros, "de los que 759 M€ están avalados por una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2017 y el Estado aún no ha pagado". 

Más inversión para grandes infraestructuras

Pese a que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez se ha pasado la legislatura lanzando guiños a Cataluña, con miles de millones de euros para nuevas infraestructuras, Junts considera que, desde 1981, "la inversión presupuestaria del Estado en Cataluña ha estado siempre por debajo del peso de su población y de su economía". Por esta razón, reclaman que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al peso de esta región en el PIB, un 19% frente al 12% actual. Y, "si el Estado no ejecuta las inversiones presupuestadas, que establezca las pertinentes compensaciones".

La formación de Nogueras propone destinar estas inversiones en la ejecución de grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, la mejora de las cercanías (Rodalíes), la mejora del aeropuerto de El Prat o la Ronda del Vallés, autovía recientemente desbloqueada por el gobierno regional de ERC y PSC. A la petición de que el Estado ejecute estas obras se suma su interés por que sea la Generalitat quien las gestione. "Uno de los elementos de la próxima legislatura debe consistir en negociar el cambio de titularidad de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras e infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento de agua".

La lista de reclamaciones de Junts incluyen el traspaso a la Generalitat del servicio de Rodalies y de las carreteras titularidad del Estado, de los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus y Sabadell, actualmente en manos de Aena; de los puertos de Barcelona y Tarragona, en manos de Puertos del Estado; del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. La reclamación del servicio de las Cercanías catalanas también está en la agenda de su rival regional, ERC, que ya ha mostrado su intención de exigírselo al PSOE de Pedro Sánchez para facilitar su investidura.