El ministerio de Hacienda viene trabajando con el objetivo de poder presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 a finales de marzo o principios de abril. Sin embargo, el que está llamado a ser un proyecto del ley clave para la continuidad del Gobierno de coalición tiene por delante unas semanas complejas. Al más que previsible rechazo (el segundo ya) del Senado a la senda de estabilidad que ha servido de base para su elaboración, se suman las advertencias de uno de los socios de investidura, Junts, que sigue amenazando con tumbar las cuentas públicas cuando lleguen al Congreso para su votación, como hizo recientemente con la ley de amnistía.
Este miércoles ha sido la portavoz parlamentaria de la formación independentista, Míriam Nogueras, quien ha dejado claro al presidente, Pedro Sánchez, que si quiere contar con el apoyo a los Presupuestos del partido de Carles Puigdemont, el proyecto deberá incluir medidas para corregir la "desigualdad" que, a su juicio, "sufre" Cataluña.
Nogueras ha asegurado que el Ejecutivo jamás ha cumplido con la inversión prevista en las cuentas públicas para la autonomía. La media de la ejecución de las inversiones previstas en Madrid ha sido del 100%, mientras que en Cataluña está en el 60% o por debajo, ha asegurado. "Ni tan solo existe el café para todos", ha zanjado.
La portavoz de Junts ha preguntado a Sánchez si cree realmente que es su formación la que tensa la cuerda de las negociaciones, para dejar claro inmediatamente después que en Junts tienen un "sentimiento de pertenencia que es más fuerte que cualquier propuesta" que el Gobierno pueda hacerles.
Sánchez, por su parte, ha recordado que Cataluña ha recibido casi 9.300 millones de euros en inversiones de los fondos europeos Next Generation, que se han destinado 116 millones a proyectos para la transición energética y que desde que está en La Moncloa ha otorgado una financiación "histórica" a la comunidad. También ha recordado el Presidente que ha dotado a Cataluña de más autogobierno con la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el acuerdo, sellado con ERC, para el traspaso integral del servicio de Cercanías (Rodalies) a la Generalitat.
El contexto en el que tiene lugar este debate no es casual. PSOE y Junts negocian la amnistía -un tema al que ni Sánchez ni Nogueras han hecho referencia a lo largo de sus intervenciones- y apenas quedan dos semanas de plazo para que logren llegar a un acuerdo, después de que la Cámara Baja ampliase el plazo hasta el 7 de marzo.
El objetivo, que las cuentas se publiquen en el BOE en junio
"No hemos dejado de mantener contactos, los tenemos siempre, no solo con Junts también con el resto de formaciones y no solo para la Ley de Amnistía sino para la confección presupuestaria, que saben que para el Ministerio de Hacienda es la prioridad", aseguraba recientemente la vicepresidenta primera y titular del departamento, María Jesús Montero.
El objetivo del Gobierno es contar con garantías de que sus socios parlamentarios no van a registrar ni apoyar ninguna enmienda a la totalidad, para que las cuentas públicas puedan arrancar su tramitación en el Congreso. Para ello, las negociaciones han venido manteniéndose desde hace semanas.
La tramitación parlamentaria de los presupuestos suele prolongarse algo más de dos meses. El Ejecutivo pretende que el proyecto de ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio, de forma que pueda entrar en vigor antes de tener que empezar a trabajar ya en la próxima senda de déficit y en la presentación de los Presupuestos del Estado de 2025.
Los objetivos que han servido de eje para confeccionar las cuentas que están en plena elaboración deben volver al Congreso y al Senado para una segunda votación, después de que la mayoría absoluta del PP los tumbase en la Cámara Alta. De no salir adelante, el Gobierno asegura contar con un informe de la Abogacía del Estado que le permitiría tomar como referencia los topes comprometidos con Bruselas en el Programa de Estabilidad que se remitió a la Comisión Europea en abril.
Los actuales límites dan algo más de oxígeno a los territorios que aquellos, dado que las autonomías podrían cerrar este añocon un agujero del 0,1% y no en equilibrio presupuestario (déficit cero), como se les exigía en abril. Mientras, los ayuntamientos podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, que es lo que se fijó en el Programa de Estabilidad.
