El rechazo del Senado a los nuevos objetivos de estabilidad con los que el Gobierno pretende elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y la advertencia del Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en esa cámara, de que volverá a vetarlos si el Ejecutivo Central no se aviene a negociar su propuesta de rebajas fiscales coloca a las autonomías en un escenario irreal para afrontar su ajuste. Y esto, pese a que ese proceso de consolidación se verá suavizado este año por los recursos récord que recibirán del sistema de financiación y que ascienden a 154.467 millones de euros, un 14,9% más que el ejercicio previo sin contar con los fondos europeos.
De enero a diciembre del año pasado el conjunto de autonomías registró un saldo negativo del 0,32% del PIB, frente al 0,58% registrado en el mismo periodo de 2022, según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el ministerio de Hacienda. Salvo Cataluña, que mantiene prorrogadas las cuentas del año pasado, y Castilla y León y Navarra, donde el trámite para su aprobación en los parlamentos respectivos está muy avanzado, todas las comunidades autónomas tienen ya en vigor los presupuestos de este año.
Esos proyectos se elaboraron de acuerdo con la nueva senda fiscal aprobada por el Gobierno Central, que ahora se ha topado de bruces con el veto de la Cámara Alta. Esa hoja de ruta da a las regiones una décima más de margen este año, cuando podrían cerrar con un agujero presupuestario del 0,1%, frente al equilibrio -déficit cero- que se les reclamaba previamente. Las fuentes consultadas sostienen que, dado que los presupuestos han recibido luz verde de las cámaras regionales, mantendrían su vigencia pese a que los límites de déficit que han tomado como base no puedan emplearse a nivel nacional si no llegan a recibir el visto bueno de Congreso y Senado.
¿Cuál será la senda de déficit de referencia?
El PP defiende que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), sin senda fiscal no es posible sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Mientras, en el departamento que capitanea María Jesús Montero responden, basándose en un informe de la Abogacía del Estado que obra en su poder, que los objetivos de estabilidad pasarán a ser los incluidos en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril (y que establecen la meta antes citada de equilibrio para las autonomías).
Una posibilidad remota a explorar sería tomar como referencia no el Plan de Estabilidad sino el Plan Presupuestario remitido en otoño a la Comisión Europea. "Éste tiene el mismo predicamento a efectos europeos que el de Estabilidad y, en mi opinión, está mejor encajado en la normativa española (artículo 29 de la LOEPSF)", explica a este diario Diego Martínez. El catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de Fedea añade que al haberse elaborado a políticas constantes (puesto que el Gobierno aún no estaba constituido) habría que modificarlo, pero que la ley permitiría hacerlo si se argumenta bien.
Martínez recuerda que los gobiernos territoriales tuvieron que confeccionar sus presupuestos de 2024 con una elevada incertidumbre, puesto que desconocían a cuánto ascenderían las entregas a cuenta o la liquidación de 2022 -a pagar en julio de este año-. También, en "notable discrepancia" con el comportamiento previsto por la Autoridad Fiscal (AIReF) para las finanzas autonómicas este año. "Si la senda de objetivos finalmente no se aprueba, los presupuestos quedan prorrogados y las comunidades autónomas continuarían con sus (mal que bien) aprobados presupuestos. No sería la primera vez", lamenta.
El ajuste necesario y el riesgo de que no haya nuevas cuentas
La economía española creció más de lo previsto el año pasado, un 2,5% según publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral. El mayor dinamismo registrado en el cuarto trimestre (0,6%) tendrá un efecto arrastre en el tramo inicial de este ejercicio, lo que permitirá al país mejorar las ratios fiscales. Sin embargo, desde la pandemia la mayor parte de la consolidación ha venido por el lado del ciclo y no de la mano de un ajuste estructural, como recuerda a 'La Información' Judith Arnal, investigadora sénior asociada en el Real Instituto Elcano y del Center for European Policy Studies (CEPS)
Por ello y una vez recuperada la vigencia del Pacto de Estabilidad a nivel europeo, Arnal ve necesario que España lleve a cabo una consolidación fiscal estructural del 0,5% del PIB. En este ajuste las comunidades autónomas también tendrán mucho que decir. La economista sostiene que, en un contexto de vuelta a la disciplina y de tipos de interés elevados, sería bueno contar con unos presupuestos que la propia Comisión pudiera valorar. "No es una cuestión de vida o muerte, pero es deseable tenerlos y tenerlos buenos, que se adapten a las circunstancias actuales y a la necesaria consolidación fiscal", apunta.
En el escenario hipotético de que el Gobierno no fuera capaz de aprobar las cuentas de este año -por las dificultades que está encontrando para lograr mayorías parlamentarias suficientes con las que sacar adelante las leyes y reformas- Arnal recuerda que tenemos la evidencia empírica de cómo entre 2018 y 2021 las cuentas se prorrogaron y, aunque es difícil hacer el contrafactual de cómo se habrían comportado la inversión y el crecimiento con unos presupuestos 'ad hoc', esta situación ya se ha dado otras veces sin mayor problema.
"En principio, el impacto económico no sería sustancial", coincide Diego Martínez, quien apunta a que vía decretos-ley se pueden actualizar pensiones, subir los sueldos de empleados públicos, actualizar entregas a cuenta a autonomías y entidades locales... No se podrían iniciar, eso sí, nuevos proyectos de gasto de la agenda social del gobierno y, por otra parte, la imagen de cara a las nuevas reglas fiscales europeas se deterioraría, advierte.
Pese a suponer un avance, esas nuevas reglas obligarán a España a pisar el acelerador a la hora de reducir su deuda y su déficit. Además, no será suficiente con rebajar el desequilibrio presupuestario al 3%, sino que este deberá seguir recortándose hasta lograr un margen estructural del 1,5%. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) advierten de que el crecimiento más moderado este año -el FMI o la OCDE lo sitúan en el entorno del 1,5%- y el incremento de las cargas financieras a causa de los altos tipos de interés, supondrán un desafío para España. Según sus cálculos, sin ajustes adicionales, el déficit será este año del 3,5% y la deuda superará el 107%, superando lo comprometido con Bruselas.
