Junts no dará su apoyo en el Congreso a los tres reales decretos-ley de medidas anticrisis y de reformas necesarias aprobados por el Gobierno en diciembre, según trasladan desde Sumar y ha recogido EFE. Su respaldo en la votación era necesario para que España pueda acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation, por valor de 10.000 millones de euros. La formación independentista no ha hecho pública aún su posición, pero su portavoz, Miriam Nogueras, ya lo había puesto de manifiesto durante su intervención en el Senado, que acoge de forma extraordinaria el debate y votación de estas medidas por obras en la Cámara Baja.
Los grupos políticos deberán pronunciarse a lo largo del día sobre la extensión a este año del paquete de medidas anticrisis (la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio, la de los impuestos a la energía o la gratuidad del transporte, entre otras), así como sobre el decreto ómnibus que incorpora otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos -centradas en la digitalización de la justicia- y sobre la reforma del subsidio de paro, que es la que se ha topado, además, con el rechazo de Podemos por el recorte que implica a los mayores de 52 años.
"Hagan los reales decretos con medidas sociales sin trampas y pactando con Junts y tendrán los votos de Junts", ha recalcado Nogueras en su primera intervención en la sesión plenaria, insistiendo en que todavía quedaría tiempo para la negociación antes de que se produzcan las votaciones, que se prevén por la tarde. "No podemos acompañarlos en este error pero están a tiempo de rectificarlo", ha apostillado en la misma línea.
En su segunda intervención de la mañana en la tribuna, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que no convalidar el Real Decreto-Ley anticrisis (que aborda las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, Oriente Próximo, de la escalada de la energía y la inflación, así como de la sequía) implica que las pensiones no se revalorizarán un 3,8% este año, esto es, en función del IPC medio registrado entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
El octavo paquete de medidas contra la crisis
"Es una norma absolutamente necesaria que establecemos y que promulgamos porque sigue siendo necesario que protejamos a las familias y a los ciudadanos de nuestro país", ha asegurado Bolaños. El que es ya el octavo paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para hacer frente a esta coyuntura, moviliza 3.800 millones de euros adicionales entre rebajas fiscales, ayudas directas y bonificaciones. Esta cifra se añade a los 47.000 millones que ya se habían activado previamente para hacer frente a un contexto complejo.
Solo las rebajas fiscales contempladas, como el hecho de que el IVA reducido se mantenga para determinados alimentos o en la factura de la luz y el gas (donde el tipo sube del 5 al 10% pero se mantiene por debajo del 21% en que se situaba antes de la crisis) supondrán una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros si el Real Decreto-Ley sale adelante, según la memoria del mismo a la que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones, en función del citado documento.
Como ha recordado Bolaños, ese contexto no ha impedido que la economía nacional creciese el año pasado un 2,4%, cuatro veces más que la media de la Eurozona, que podría haber despedido el pasado ejercicio en recesión técnica. España, ha incidido Bolaños, ha despedido el último año con una caída paro 4,6%, con 21 millones de afiliados la Seguridad Social (los datos facilitados por el ministerio de Elma Saiz confirmaron que el número de cotizantes al sistema superó los 20,8 millones al cierre de diciembre, marcando un nuevo récord) y con 3,1 millones de contratos indefinidos más que antes de la reforma laboral.
"Nos hubiera gustado ir más allá en algunos otros asuntos", ha asegurado la diputada de Sumar, Marta Lois. Votarán también a favor del real decreto de medidas anticrisis el PNV, EH Bildu, BNG, así como Podemos, que considera que "son medidas que han demostrado funcionar" y que, de hecho, deberían mantenerse 'sine die'.
