El Gobierno tira de advertencias para instar a los grupos parlamentarios a que den finalmente su visto bueno a los tres Reales Decretos-ley con los que acude este miércoles al pleno del Congreso -que se celebra en el Senado por las obras que están realizándose en la Cámara Baja-. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado a los diputados que dejen a un lado el "politiqueo" y los intereses partidistas y den su apoyo a la ampliación del paquete de medidas anticrisis y al resto de medidas presentadas.
"Si hoy fallamos (a los ciudadanos), si ustedes fallan hoy, mañana sube la factura de la luz, su pensión baja, deja de poder acceder gratuitamente al transporte público y tiene que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico", ha advertido desde la tribuna, donde ha considerado que la de hoy es una prueba de fuego para que los españoles comprueben si sus representantes están para "facilitarles la vida" o para "dañarles si con ello dañan al Gobierno".
El Ejecutivo no cuenta, en principio, con los votos necesarios para sacarlos adelante ante la negativa que mantienen Junts y Podemos a dar su visto bueno a los mismos. Esto ha obligado a Moncloa a negociar 'in extremis' con ambas formaciones, que facilitaron hace dos meses con su apoyo la investidura de Pedro Sánchez. Todas las reformas, que requieren ahora de convalidación en este pleno extraordinario, fueron aprobadas en diciembre por el Consejo de Ministros con un instrumento, el Real Decreto-ley, que viene siendo cada vez más habitual en su uso.
Esto ha sido duramente criticado por la oposición, al tratarse de un mecanismo que debería responder a situaciones excepcionales y urgentes, que no da lugar a debate previo y que elude, además, los requisitos de consulta pública o evaluación de impacto, como ha señalado incluso la Comisión Europea, en algún toque de atención reciente a España.
Los decretos se engloban en tres: la extensión a todo o parte de este año del paquete de medidas anticrisis (la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio, la de la energía o la gratuidad del transporte, entre otras), el decreto ómnibus que incorpora otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos (digitalización de la justicia) y la reforma del subsidio de paro, que es la que se ha topado por su diseño con el rechazo de Podemos.
Las medidas en Justicia, Junts y la amnistía
Bolaños ha sido el responsable de defender, con su intervención inicial, el primer Real Decreto-ley, que se centra en reformas para la administración de Justicia y que se topaba de bruces con la oposición de Junts, debido a un artículo que, a juicio de los independentistas, puede afectar a la aplicación de la Ley de Amnistía. Las medidas que contempla el texto se estaban tramitando ya en la legislatura anterior y decayeron al disolverse las cámaras por la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 24 de julio.
De ellas dependía el cuarto desembolso de los fondos Next Generation, que el Gobierno solicitó a Bruselas a finales de diciembre. Bolaños ha recordado hasta qué punto las ayudas europeas están teniendo un impacto muy positivo en la economía nacional que, según avanzó el martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, creció en el entorno del 2,4% el año pasado gracias a su impulso y a la resiliencia del mercado de Trabajo.
El Real Decreto-ley está dividido en cuatro libros. El primero, que aborda la transformación de la Justicia, da complimiento al componente undécimo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e incluye la ley de medidas de eficiencia digital y la de eficiencia procesal. La primera permite, entre otras cosas, la celebración preferente de vistas por vía telemática, la creación de una carpeta ciudadana o del expediente judicial electrónico. La segunda busca hacer frente de forma más ágil a la litigiosidad en nuestro país.
"Esta reforma materializa consensos y trabajos de todos los operadores jurídicos", ha sentenciado Bolaños, quien ha asegurado, además, que se trata de la reforma más ambiciosa de la justicia en décadas y probablemente el mayor avance de la historia en digitalización de la misma.
Reforma de la función pública e incentivos fiscales al mecenazgo
El segundo libro tiene que ver con la reforma de la función pública, que también hace referencia al componente undécimo del plan de recuperación e incorpora iniciativas que ya se contemplaban en Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, pero que requerían de una norma para materializarse. Entre ellas está el establecimiento de un nuevo modelo de carrera horizontal para que los empleados públicos puedan progresar en tramos sin cambiar de puesto de trabajo.
El tercer y el cuarto libro se corresponden con medidas en materia de administración local (para acelerar e implementar servicios digitales en pequeños municipio o actualización del padrón municipal) y con incentivos fiscales al mecenazgo, respectivamente.
Podemos votará a favor de un texto que critican PP y VOX
"Junts ni siquiera ha bajado a debatir y debe estar negociando en algún despacho oscuro y demostrando quién gobierna de verdad en este país", ha criticado desde el PP, Pere Huguet Tous, informa EFE, al haber optado los catalanes por no intervenir en el debate de este primer decreto. El diputado popular se ha mostrado contrario al "refrito" que ha elaborado el Gobierno con este decreto de 170 páginas, 4 libros y 27 capítulos que representan un "código completo que usurpa las facultades legislativas al Parlamento".
Huguet Tous ha defendido que no existe la urgente necesidad en la que se justifica el real decreto que, asegura, responde a las reivindicaciones y acuerdos con otros partidos como el PNV. Desde Vox, Emilio Jesús del Valle ha afeado los más de 140 decretos ley aprobados por el Gobierno en los últimos cinco años y ha censurado las medidas incluidas para "contentar a los separatistas y nacionalistas".
ERC ha confirmado el apoyo al decreto, pero ha advertido al Gobierno de que los grupos no están "a su servicio". La diputada Pilar Vallugera ha expresado la voluntad de su grupo de hablar y ha reclamado, entre otras reformas, más financiación para digitalizar la justicia y garantizar el uso del catalán en los juzgados. Mientras, desde Sumar Engracia Rivera ha recordado al PP que tienen una "oportunidad de oro" para demostrar que son un partido de Estado con una oposición responsable.
La diputada de Podemos Martina Velarde ha anunciado el voto a favor de la formación morada del primer decreto, aunque ha advertido al Gobierno de que "la urgencia no puede suponer el que Gobierno obvie su obligación de diálogo parlamentario" y ha denunciado la falta de negociación con todas las formaciones.
El PNV ha asumido que era necesario aprobarlo antes de fin de año para recibir los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos UE, pero ha insistido también en la necesidad de mejorar una norma que contiene algunas medidas "totalmente contraproducentes para la finalidad" que busca, según Mikel Legarda.
