La mitad de las ayudas directas a pymes y autónomos aún no se han ejecutado

'España Puede' fue el lema que estuvo proyectado en la pizarra electrónica del Palacio de la Moncloa el 12 de marzo de 2021, cuando Nadia Calviño, ministra de Economía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunciaban la aprobación de un real decreto dotado con 7.000 millones de euros para ayudar a las pymes y a los autónomos del país. Con este anuncio tan optimista no se entendía un lema tan poco triunfalista detrás: ¿Cómo no se iba a poder con tantos millones en ayudas? La razón se debía a que estaba incompleto: 'España puede... a cambio de algo'.

Así, el Gobierno anunció que si se querían optar a esos fondos serían necesarios una serie de requisitos difíciles de cumplir: certificar una caída de ingresos de, como mínimo, el 30%, con respecto a 2019, estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y, por último, la más polémica: estas ayudas estarán solo destinadas a pagar facturas pendientes.

El 48% de los 7.000 millones de euros aprobados para ayudar a las pymes y autónomos más afectados por la pandemia aún no se han repartido y en torno a un tercio se quedarán previsiblemente sin ejecutar, ya que las solicitudes registradas no cubren todos los recursos a disposición de las comunidades autónomas.

De los 7.000 millones aprobados por el Gobierno en marzo y transferidos a las comunidades, se han desembolsado o están en proceso de pago a los beneficiarios un total de 3.642,3 millones, el 52,2% del total, de acuerdo con los datos recabados por las delegaciones de EFE, salvo en el caso de Galicia, donde la Xunta ha informado de que aún no dispone del balance.

Por esta razón, y porque aún quedan por resolver las convocatorias cerradas en noviembre y las que lo harán en diciembre, la cifra final podría aumentar cuando se cierre el proceso, sobre todo en Canarias, donde se espera una ejecución mucho más alta a la actual.

Pendientes de tramitación o resolución todavía hay solicitudes y convocatorias al menos en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Madrid.

Baleares roza el 100% de ejecución

Baleares es de momento la excepción, con una ejecución de casi el 100%, aunque en su caso y en el de Canarias el importe de las ayudas y los requisitos para su reparto fueron excepcionales al tratarse de las autonomías más dañadas por las restricciones asociadas a la crisis de la Covid-19.

En estas comunidades las ayudas pueden llegar a los 5 millones de euros por beneficiario, mientras que para el resto el máximo son 200.000 euros. En Canarias se ha abonado de momento el 70,41% del total de solicitudes presentadas por autónomos y micropymes por un importe de 352,1 millones, si bien está previsto que esta semana se empiecen a pagar las ayudas concedidas a empresas de mayor tamaño (a partir de 11 empleados).

Descontando los 2.000 millones de Canarias y Baleares, el reparto de los 5.000 millones restantes se queda por debajo del 50%, con varias comunidades con un nivel de ejecución inferior al 40%, como es el caso de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

Hay otras como Madrid, La Rioja y Cataluña, en las que la ejecución supera el 65%. En la franja intermedia se sitúan regiones como Andalucía y Castilla y León que prevén cerrar el proceso con una ejecución de más del 60%.

Requisitos difíciles de cumplir para los autónomos

En términos generales, las ayudas están destinadas a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia -principalmente hostelería, turismo y comercio-, cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019, año en el que no pudieron registrar pérdidas.

Las ayudas se han diseñado para pérdidas de ingresos grandes, lo que reduce el impacto de las ayudas, según ha denunciado UPTA, que la semana pasada calculaba que las autonomías tendrán que reintegrar al Estado más de 2.500 millones no ejecutados.

"En general, la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos", aseguraba el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que cree que la Administración no ha estado a la altura de las necesidades del colectivo autónomo.

A su juicio, para los autónomos hubiera sido clave poder usar el dinero para pagar deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, algo no previsto en unas ayudas pensadas para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, arrendamientos o préstamos.

En el mismo sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que había demasiadas trabas para que los autónomos pudieran acceder a estas ayudas. En septiembre, en vista de la baja ejecución, el Gobierno publicó una aclaración al real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, para que las autonomías que todavía no hubieran asignado los fondos recibidos pudieran abrir nuevas convocatorias hasta diciembre y extender el uso de las ayudas a la compensación de gastos fijos que ya se hubieran abonado.

Recientemente se ha ampliado hasta el 30 de junio el plazo de reintegro de los fondos no ejecutados para que las comunidades tengan tiempo suficiente para resolver las últimas convocatorias. La siguiente tabla recoge el importe concedido hasta el momento en millones de euros y el grado de ejecución respecto al total asignado a cada comunidad autónoma, de acuerdo con los datos proporcionados a EFE por los gobiernos regionales.