Cristóbal Montoro se ha garantizado la paz social en la Función Pública para lo que resta de legislatura con el acuerdo salarial cerrado el pasado miércoles con los sindicatos de empleados públicos, pero a cambio tendrá que encajar en su planificación presupuestaria para el periodo 2018-2020 un gasto extra de hasta 1.300 millones de euros que no entraba en los planes comunicados hasta ahora a Bruselas por el Gobierno de España.
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La buena noticia es que existe margen para hacerlo, ya que el Gobierno preveía que a legislación constante el simple efecto de la inercia económica sobre los ingresos fiscales generaría un margen extra de unos 3.000 millones de euros en ese periodo, según se recoge en la última versión del Plan Presupuestario para 2018 remitida a Bruselas.
La mala es que si las previsiones del Ejecutivo están bien aquilatadas, la subida a los funcionarios pactada por el Ministerio se comerá más de un tercera parte del margen de que el Gobierno disponía durante los próximos tres años para lo que denomina 'medidas discrecionales', es decir, para acciones de política económica.
Súmenle a esto el coste de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil al resto de cuerpos de fuerzas de seguridad, que el propio Ministerio de Interior ha estimado en 1.100 millones de euros (si bien un porcentaje importante de ese coste será absorbido por la subida general acordada por Montoro), y resultará que el margen de maniobra del Gobierno para el próximo trienio ha quedado minimizado a las primeras de cambio.
Hagamos números. Si se toma como base el gasto de personal previsto en la Administración del Estado para 2017, esos 16.371 millones de euros, la aplicación de la secuencia de subidas pactadas por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos nos puede llevar a varios lugares. Si la marcha de la economía experimentara un severo deterioro en el próximo trienio y los empleados públicos solo accedieran a la parte fija de la subida pactada, la secuencia de alzas del 1,75% este año, 2.25% en 2019 y 2% en 2020 dejaría una factura de al menos 1.000 millones de euros a las arcas del Estado.
Si por el contrario la economía mantiene su actual pulso, el Gobierno continúa como se espera la senda de reducción del déficit y se libera la parte variable del alza salarial pactada para el periodo 2018-2020, el coste total del acuerdo se elevaría por encima de los 1.300 millones de euros. Todo ello sin tener en cuenta el efecto multiplicador sobre estos costes que tendrá la incorporación de nuevos funcionarios por la histórica oferta de empleo público aprobada el pasado mes de julio con más de 20.000 nuevas plazas.
En el corto plazo, el acuerdo convierte en papel mojado la información presupuestaria remitida por el Ejecutivo a Bruselas. En ésta, y bajo la premisa de la prórroga presupuestaria, el Gobierno informaba de que las medidas normativas adoptadas solo incrementarían la cuenta de gastos de personal en 49 millones de euros. El acuerdo firmado ayer supone multiplicar casi por seis ese coste hasta los 285 millones de euros.
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