Las grandes corporaciones y las empresas del Ibex 35 tienen asumido que sufrirán un incremento de sus pagos a Hacienda el año que viene a partir de la reforma que el Gobierno aplique al Impuesto de Sociedades, y que rondará un montante cercano a los 5.000 millones de euros. Ese incremento supone meter a las arcas públicas casi un 20% más de los 23.100 millones que se ingresaron el año pasado por este tributo, que grava los beneficios de las empresas, y -lo que más preocupa a los empresarios- cerrar un capítulo de grandes desgravaciones y deducciones en el tributo que viene de la crisis pasada.
Fuentes empresariales conocedoras de los diferentes escenarios que se están manejando en el Ejecutivo para modificar este tributo aseguran que en el seno de las grandes empresas se contaba ya hace un año con que había que hacer una serie de ajustes fiscales en Sociedades, para eliminar ciertas ventajas que ya no tenían demasiado sentido, como la exención de las plusvalías obtenidas por la venta de participaciones en empresas en el exterior. Antes incluso de que el nuevo Gobierno socialista llegara al poder, desde el lado empresarial y el anterior Ejecutivo del PP se había advertido de la necesidad de "afinar" la recaudación de este tributo al alza, para que poco a poco llegara a los niveles previos a la crisis, que estaban casi en el doble de lo declarado en el último ejercicio fiscal (más de 44.000 millones de euros).
Desde el Ministerio de Hacienda que ahora dirige María Jesús Montero se cuenta con ese incremento tributario para poder elevar el techo de gasto en las cuentas que se preparan para el año que viene, pendiente aún de ser aprobado por el Congreso y el Senado, como marca la ley. Precisamente, será el próximo viernes cuando el Gobierno vuelva a aprobar su techo de gasto para someterlo, por segunda vez, a la aprobación de las Cámaras, a sabiendas de que todo puede quedar bloqueado en el Senado por la mayoría absoluta del PP.
Negociación a varias bandas
Mientras el juego parlamentario sigue su curso, desde Hacienda se negocia, al menos, a dos bandas principales, para intentar que ese techo de gasto y las políticas presupuestarias que conlleva puedan contentar tanto a la parte empresarial, más cercana a los conservadores del PP, como a la parte política de izquierdas, sobre todo a Unidos Podemos, formación sin cuyos votos no se podrá hacer nada.
Del lado de las empresas, desde la patronal CEOE (y el PP) ya se ha lanzado la voz de alarma sobre todos los anuncios de subidas y nuevos impuestos que se preparan en el Ejecutivo de Sánchez. Fuentes empresariales aseguran que, una vez asumido que el Impuesto de Sociedades hay que modificarlo, su objetivo es no hacerlo de forma tan radical como se plantea desde Hacienda, con un tipo mínimo del 15% para todas las corporaciones y sin exenciones, dado que eso supondría un cambio total de la estructura actual del tributo y se atentaría contra las normas internacionales sobre doble imposición, bendecidas en la Unión Europea. Frente a ello, las modificaciones puntuales, de mayor o menor alcance recaudatorio, alcanzarían un consenso más amplio y estarían en la línea de lo hablado con el anterior Ejecutivo del PP.
En lo que respecta a la negociación política, desde Hacienda se negocia desde hace un mes sobre el documento de máximos que ha planteado Unidos Podemos, a sabiendas de que hay peticiones como la ampliación de la previsión de déficit, que nunca se va a aceptar. Frente a ello, la formación de Iglesias podría aceptar la concesión de ciertas peticiones concretas en el desarrollo futuro de los Presupuestos, referidas a la dependencia, los planes de pensiones o la inmigración, que podrían ser un primer paso hacia un entendimiento futuro.
En el medio de esa negociación se sitúan los partidos nacionalistas PNV y PdCAT, más proclives a hacer concesiones que no bloqueen la actividad ni la inversión de las empresas instaladas en su territorio. El PNV ya dio su apoyo a los socialistas en la anterior votación (que se perdió) del techo de gasto, y es de prever que lo haga de nuevo sobre la propuesta que haga el viernes otra vez el Ejecutivo de Sánchez.
Si al final ese techo de gasto no sale adelante, fuentes cercanas a Moncloa aseguran que ya tienen previsto seguir adelante con sus cuentas, aunque sea con la prórroga del límite anterior marcado por el PP, si bien eso sería perfectamente compatible con la modificación del Impuesto de Sociedades y del resto de iniciativas fiscales en marcha, aunque se tengan que aprobar y poner en marcha más tarde de lo previsto.
Lo que queda en el aire por el momento es si Sánchez va a ceder a las presiones que recibe desde su propio partido y desde Unidos Podemos para modificar la Ley de Estabilidad, de forma que todo se ceda a una votación final en el Congreso y se pueda sortear el bloqueo del PP en el Senado. Desde el Gobierno se tiene, por el momento, descartada esa opción, en busca de un consenso sobre las medidas que se negocian.
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