Primer cisma de calado entre empresarios y Ejecutivo a costa de estas palabras de Pedro Sánchez en la primera entrevista de su mandato en TVE: "El Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado en muy buen estado" las cuentas de la Seguridad Social (...) por lo que es necesario crear "figuras impositivas nuevas" para garantizar el sistema público de pensiones. Fueron unas declaraciones que han alarmado a la patronal ya que entre las posibilidades que planteó el PSOE hace unos meses en la oposición se encuentra una batería de medidas fiscales que afectaría a los empresarios.
El nerviosismo de la CEOE con la política impositiva que pretende aplicar Sánchez tiene una explicación. Y es que el ahora presidente planteaba hace dos meses elevar el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. En sus presupuestos alternativos, el PSOE proponía introducir una base imponible mínima del 15% del resultado contable (no sobre la base imponible) de los grupos multinacionales. Los socialistas habían echado cuentas y concluían que estas compañías habían declarado resultados contables de 96.000 millones, "de los cuales, si se descuentan las operaciones exentas por estar sometidas a gravamen en el exterior, quedan 77.000 millones".
Sin embargo, el PSOE de Sánchez dejaba claro que estas corporaciones "ingresan a la Hacienda española tan solo 6.800 millones, el 8,8%" a causa "de todo tipo de ajustes extracontables e incentivos". En total, junto a otras medidas, calculaban que elevando el Impuesto de Sociedades se podrían recaudar 4.000 millones más.
El Ministerio de Hacienda ya está echando cuentas para concretar qué "figuras impositivas nuevas" se pueden crear no solo para pagar las pensiones, sino para compensar el incremento del gasto público que prevé acometer el Gobierno con medidas ya anunciadas como la recuperación de la Sanidad universal, la eliminación de la tasa rosa o el fin al copago farmacéutico. La ministra María Jesús Montero necesita nuevas fuentes de ingresos y una posibilidad pasa por aprobar una batería de medidas fiscales que no pagarían las clases medias trabajadoras, sino solo los más ricos y las grandes empresas.
Entre los empresarios existe especial preocupación por estas subidas impositivas que se avecinan, según reconocen a La Información distintas fuentes de la cúpula de la CEOE, y en especial por el temido incremento de Sociedades. Las tasas son un tema especialmente sensible para ellos y, de hecho, algunos de los miembros de la patronal se referían a Cristóbal Montoro como uno de sus peores enemigos. Por eso reciben con especial intranquilidad que el nuevo Gobierno de Sánchez comience su andadura de la misma forma: "Es un tema que nos preocupa muchísimo porque más impuestos nos matarían", admite un miembro de la junta directiva.
Para los empresarios, antes de subir determinados impuestos, había que plantear cómo el Estado puede gestionar mejor. "Solo se habla de cómo cobrar más y se habla poco de por qué no paga más gente y por qué no gestionamos mejor", afirma Antonio Garamendi, vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme. Juan Rosell, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que la economía sumergida supone un 20% del PIB. "Si fuéramos capaces de recudir seis puntos del PIB sobre esa economía sumergida, ganaríamos entre dos y tres puntos más de ingresos", añade el líder de la patronal. Para ellos es prioritario acabar con el fraude antes de poner en marcha nuevos impuestos.
Los líderes de la CEOE ya conocían a Pedro Sánchez de su etapa como líder de la oposición. Rosell y Garamendi se habían reunido con él en varias ocasiones, de forma que la cita de hace dos semanas en Moncloa era un reencuentro. Allí no hablaron de impuestos, sino principalmente de salarios. Y es que la subida de impuestos planeada por el Gobierno coincide con un acuerdo salarial que ambas partes, patronal y sindicatos, valoran extrañamente como satisfactorio. Ahora solo queda una firma que se producirá en dos semanas.
Pero no todo es sintonía en materia salarial. El PSOE de Sánchez presentó este año una iniciativa en el Congreso de los Diputados para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia retributiva y en la que planteaba la obligación de publicar regularmente un informe comparativo del salario medio cobrado por los hombres y las mujeres de sus plantillas y, en el caso de las grandes empresas, se les obligaría a realizar una auditoría salarial y a implantar de forma irrenunciable medidas correctivas si se encontrarán diferentes no justificables. En CEOE están de acuerdo en acabar con la discriminación de las mujeres, pero piden hacer desde la negociación colectiva "y no desde la demagogia".
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