El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la mejora del 0,5% del salario de los empleados públicos para el conjunto de 2023, según ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, este martes. La mejora se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y costará a las arcas del Estado 740 millones de euros. Montero explicó que "pequeña parte" corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, en previsión de que la cláusula de revisión salarial fuera activada.
Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 -hasta septiembre, según el dato adelantado- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%).
Debido último dato del IPC registrado en septiembre, que se elevó hasta el 3,2%, se activó una cláusula de revisión salarial adicional y de la que se beneficiarán los casi 3,3 millones de empleados de las diferentes administraciones públicas. Montero ha destacado que el pago de la subida entre enero y septiembre se abonará en la nómina de octubre.
La titular de Hacienda y Función Pública ha resaltado que con esta subida se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB.
"Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales", señaló Montero.
Empleados de justicia
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a los acuerdos para hacer efectiva la subida salarial de alrededor de 450 euros mensuales pactada con jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia. Se cumplen así los acuerdos que cerraron los Ministerios de Justicia y de Hacienda con estos colectivos la pasada primavera, que permitieron acabar con dos meses de huelga de los letrados y evitar el paro de jueces y fiscales.
El acuerdo alcanzado con tres asociaciones de jueces y otras tantas de fiscales -no firmó la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- implica una subida salarial progresiva de 450 euros al mes a partir de la nómina de octubre, al margen de otras mejoras laborales y de una convocatoria de plazas. El aumento será efectivo de forma completa en julio de 2024, ha recordado Montero.
Los letrados de la administración de Justicia (LAJ), en huelga desde finales de enero a finales de marzo, suspendieron su protesta tras pactar con el Gobierno un aumento retributivo de entre 430 y 450 euros brutos al mes. En su caso, el acuerdo, que tiene carácter retroactivo desde enero de 2023, debía haber empezado a aplicarse en la nómina de julio.
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