A ciegas. Con una estimación gruesa de su posible impacto económico para salvar la cara ante Bruselas, pero sin una evaluación técnica de sus potenciales efectos sobre la economía y el mercado de trabajo. Así fue como el Gobierno decidió asumir la exigencia de Podemos de incluir en el acuerdo presupuestario la subida del Salario Mínimo hasta los 900 euros de cara a 2019, la mayor acordada jamás en España, según ha podido confirmar La Información en varias fuentes gubernamentales y no gubernamentales al tanto del proceso.
Las singulares circunstancias que envolvieron el cierre del acuerdo, en sendas reuniones a dos entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique en la madrugada del jueves, y entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, a primera hora del viernes, desactivaron cualquier posibilidad de evaluación previa por parte de los técnicos del Ministerio de Trabajo, según admiten fuentes gubernamentales, aunque después tuvieran que trabajar a destajo durante el fin de semana siguiente para poder presentar en Bruselas una estimación económica digna de tal nombre.
El borrador de Plan Presupuestario que el Gobierno presentó en Bruselas el pasado lunes apenas alcanzaba a precisar que la medida tendría un impacto de 340 millones de euros sobre el gasto público - que Hacienda, por cierto, no imputaba a las cuentas del Estado - y que eso sí generaría en torno a 1.500 millones de euros de nuevos ingresos por cotizaciones sociales. Fuentes gubernamentales admiten que estas estimaciones se realizaron a toda prisa durante el fin de semana para poder presentar alguna estimación económica en Bruselas, y que será ahora, a posteriori, cuando la Secretaría General Técnica del Ministerio realizará un análisis técnico más profundo para ponderar en toda su magnitud los potenciales efectos de la medida, de cara a su futura regulación.
"No hay que olvidar que lo se ha enviado a Bruselas es un primer borrador de plan presupuestario, cuyo objetivo es informar de las líneas generales que guiarán la elaboración de los Presupuestos de 2019, pero que no tienen ni la precisión ni el grado de detalle que sí se le podrá exigir al futuro proyecto presupuestario", argumentan desde el Ejecutivo.
El cierre a la unidad de inteligencia económica de Báñez
Pero hay otros factores que también explican esa ausencia de diagnóstico y de evaluación pública ante una medida del calado de una subida del 22% en el Salario Mínimo del país, cuyas consecuencias pueden ser tan relevantes para el futuro económico del país.
A su llegada al Ministerio, Magdalena Valerio decidió prescindir de la Dirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, una suerte de unidad de inteligencia económica impulsada por el anterior secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Lázaro, para, entre otras cosas, disponer de un diagnóstico preciso y riguroso antes de afrontar cualquier iniciativa política en el ámbito del mercado de trabajo.
De hecho, la lista de competencias de la Dirección General especificaba entre ellas "la realización de estudios e informes, a partir del análisis de las operaciones estadísticas y otras fuentes disponibles, con objeto de poner a disposición de los órganos directivos y superiores del Departamento la información necesaria para la toma de decisiones en relación con las políticas en materia de empleo, relaciones laborales, Seguridad Social, inmigración y emigración en colaboración con los órganos y unidades competentes".
Este mandato permitió a la Dirección General superar las tradicionales barreras internas de acceso a la información estadística de las diferentes unidades agrupadas bajo el Ministerio de Trabajo (Instituto de Seguridad Social, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo...) y amasar una potente base de datos estadística para su correspondiente análisis.
Valerio y su equipo no consideraron crítica la preservación de esta unidad y la degradaron a la condición de Subdirección General con la pérdida de autonomía, recursos materiales y plantilla que conlleva esta clase de decisiones, además de restringir su perímetro de competencias al mantenimiento de la base estadística tradicional del Ministerio y la elaboración regular de estudios e informes.
Sin esta unidad de inteligencia económica operativa, Trabajo tuvo que aguardar a que le llegara la información fragmentada de la Seguridad Social, por un lado, para estimar los eventuales ingresos por cotizaciones que se derivarían de esta medida y de Función Pública, por el otro, para aproximar el coste que esta medida podría tener sobre la masa salarial de las Administraciones Públicas. La información remitida a Bruselas se construyó sobre el agregado de estas estimaciones.
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