Bloqueo político tras el 23-J

Moncloa apura para enviar a Bruselas el plan presupuestario entre investiduras

Hacienda y Asuntos Económicos trabajan en la elaboración de un texto que deberán remitir a Bruselas antes del 15 de octubre e incorporará la revisión del cuadro macro pero no necesariamente la prórroga (o no) del escudo social

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Nadia Calviño
María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Nadia Calviño
Europa Press

El proceso de investidura en marcha y la parálisis institucional en la que España está inmensa desde las elecciones del 23 de julio no eximen al Gobierno en funciones de tener que enviar a Bruselas, como cada año, su plan presupuestario para el próximo ejercicio. El calendario marcado por la Comisión Europea no se detiene y en esta ocasión, tanto el Ejecutivo comunitario como el Banco Central Europeo (BCE), entre otras instituciones, han reclamado a los estados miembro que diseñen unas cuentas lo suficientemente restrictivas como para poder ceñirse a la recuperación de las reglas fiscales en 2024 en un entorno cada vez más complejo. Se trata, como tantas veces han incidido desde la entidad, de que la política fiscal acompañe a la monetaria en su batalla contra la inflación.

Fuentes del ministerio de Hacienda y Función Pública explican a 'La Información' que el documento, en el que trabajan codo con codo con Asuntos Económicos, no deberá especificar necesariamente si se prorroga o no el llamado 'escudo social' más allá del 31 de diciembre. Ese día expiran las medidas extraordinarias que se incorporaron a los diversos paquetes de más de 50.000 millones de euros que ha ido aprobando el Gobierno, hoy en funciones, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. 

Son medidas como la rebaja de impuestos a la luz y al gas, la reducción del IVA a los alimentos, la limitación del precio de la bombona de butano o los descuentos en el transporte público, entre otras. Al igual que el plan presupuestario remitido el año pasado no incorporó la rebaja del IVA a los productos de la cesta de la compra, que se aprobó en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero, el Gobierno en funciones tendría margen más allá de mediados de octubre para prorrogar alguna de estas políticas o para mantenerla focalizada en los colectivos vulnerables, como le recomiendan el Banco de España, la Autoridad Fiscal y la propia Comisión o el BCE, entre otros organismos. 

Cabe recordar que, en caso de que la investidura a la que acude desde este martes el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no prospere ni en la primera ni en la segunda votación (el miércoles), el Rey llevará a cabo una nueva ronda de contactos con los grupos y podrá proponer a un segundo candidato en la figura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Esos plazos podrían llevar el debate de investidura hasta la tercera semana de octubre. Todo dependerá, no obstante, de la decisión que adopte finalmente la Mesa del Congreso. Mientras todo esto sucede en el plano político, España habría tenido que enviar ya el plan a las autoridades comunitarias para lo que las fuentes consultadas dan casi por hecho que se apurarán al máximo los plazos establecidos.

Una nueva revisión del cuadro macroeconómico

El nuevo plan presupuestario incorporará además la revisión del cuadro macroeconómico que serviría de base para la elaboración de las futuras cuentas, si es que finalmente no hubiera una nueva prórroga de las mismas (la quinta ya en apenas una década). Esta revisión coincide con la publicación de una oleada de cálculos más positivos para el país por parte de organismos y firmas privadas. El Banco de España, que prevé un escenario de inflación más persistente y alta hasta 2025 con menos crecimiento, ha rebajado cuatro décimas su estimación para el año que viene en el 1,8%, mientras que la Comisión Europea la situó en el 1,9%.

En ambos casos se sitúan por debajo del 2,4% que el Ejecutivo incorporó a Programa de Estabilidad 2023-2026, que fue enviado a Bruselas a finales del pasado mes de abril, antes de que las tensiones volviesen a afloran en los mercados internacionales de energía y que se los indicadores mostrasen de una forma más evidente la desaceleración económica en ciernes. El petróleo se ha apreciado más del 30% desde mediados de junio y ha llegado a superar la barrera de los 90 dólares, en un contexto en el que la demanda mundial alcanza niveles récord y en el que los recortes de la oferta por parte de los productores de la OPEP+ siguen tensando el mercado.

El temor a un petróleo por encima de 100 dólares

Grandes firmas internacionales como Goldman Sachs o Bank of America apuntaban la pasada semana a que el precio del 'oro negro' superará la cota crítica de los 100 dólares de aquí a final de año, un nivel a partir del cual los resortes de la economía nacional empiezan a resentirse. Estará por ver si, como sucedió el pasado ejercicio, esa incertidumbre que nubla el panorama global no lleva al Gobierno en funciones a plantear de nuevo en el documento que remitirá a Bruselas dos escenarios de recursos y desembolsos públicos. 

El plan presupuestario previo incorporó un incremento del gasto público de 10.000 millones de euros en relación a lo incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que habían sido remitidos a la Cámara Baja con anterioridad. Ese incremento se justificaba por la necesidad de financiar las nuevas medidas extraordinarias contra los efectos de la guerra en Ucrania, así como las que pretendían ampliarse (como la gratuidad de los abonos de transporte público).

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