El plan estrella del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para implantar en España un gran fondo de pensiones de empleo de promoción pública y gestión privada que impulse de una vez el casi inédito segundo pilar del sistema de pensiones español, el que se refiere a la previsión social en el ámbito de la empresa, está en manos de Nadia Calviño. La vicepresidenta de Asuntos Económicos será la encargada de modular el desarrollo legal de la figura y en última instancia de dar el visto bueno a los planteamientos que sobre el asunto se le puedan trasladar desde el área de Seguridad Social, según reconocen fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá.
Hubo pulso en torno a este asunto y se jugó durante las primeras semanas de la legislatura. José Luis Escrivá aterrizó en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la firme intención de centralizar en este departamento de nueva creación todas las competencias referidas al sistema nacional de pensiones, lo que no sólo incluía el tradicional perímetro de las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, sino también el Régimen de Clases Pasivas de funcionarios del Estado - cuya gestión acaba de recibir este mes de octubre del Ministerio de Hacienda- y las competencias regulatorias sobre los planes de pensiones, tradicionalmente en manos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.
El ministro incluso configuró el organigrama interno del Ministerio con una Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, llamada a impulsar dos de sus grandes objetivos para la legislatura: la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y el impulso al sector de los planes de pensiones complementarios, e inició contactos preliminares con el sector del ahorro previsión para acelerar los cambios que tenía en mente realizar. Sus intenciones tropezaron sin embargo con la resistencia de la vicepresidenta económica, que se resistió a soltar las competencias regulatorias en materia de planes de pensiones.
El asunto se saldó con una solución de compromiso. A Seguridad Social se le reconoció la posibilidad de promover estudios e informes "sobre los instrumentos de previsión social complementaria para su desarrollo, coherencia y compatibilidad con el sistema de prestaciones de Seguridad Social" de cara a la elaboración de propuestas normativas. Sin embargo, la preparación y el impulso de esas propuestas, como deja claro su listado de competencias, continuará en el Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. Dicho en otras palabras, Seguridad Social podrá proponer qué hacer pero será Economía la que acabará disponiendo que se hace en ese ámbito. Y en ese orden de cosas hay que encajar también la regulación normativa del futuro fondo de pensiones público de empleo.
Un nuevo instrumento de ahorro previsión
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé que en el plazo de doce meses desde la aprobación de los mismos el Gobierno presente un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo que sostenga jurídicamente la voluntad de la Administración del Estado de poner en marcha un gran fondo público para dar cobijo a los planes de pensiones de empresa que se puedan acordar en el ámbito de la negociación colectiva. Desde la Seguridad Social, y también desde el Pacto de Toledo - promotor original de esta figura-, se interpreta que entre las razones que han retraído el desarrollo de los planes de pensiones en el entorno de la empresa está el supuesto rechazo que genera entre los potenciales partícipes la singular operativa de estos instrumentos financieros, sus costes operativos y también su cuestionable rentabilidad.
La recién aprobadas recomendaciones del Pacto de Toledo especifican de hecho en su 'Recomendación 16' que estos planes "habrán de ser sin ánimo de lucro" y deberán permitir desarrollar un sistema de aportaciones "suficiente, eficaz y duradero". Seguridad Social, por su parte, pretende convertir este fondo de pensiones público en una especie de 'caballo de Troya' dentro del panorama del ahorro previsión privado, caracterizado según denunció recientemente el informe de evaluación de la Autoridad Fiscal sobre los beneficios fiscales a los planes de pensiones por una operativa de comisiones que anulan esas ventajas fiscales y se comen la rentabilidad de estos planes.
Para Escrivá es crítico que el futuro fondo de pensiones público presente unas comisiones significativamente menos gravosas que las existentes a día de hoy en el mercado y también un elevado nivel de flexibilidad que permita a los partícipes entrar y salir del fondo sin mayores problemas. Para conseguir que sea así, al ministro le va a tocar convencer a la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Tiene un año para lograrlo.
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