Moncloa deja la gran reforma fiscal para 2023 pero subirá los impuestos desde ya

El Gobierno ha marcado en rojo el año 2023. Para entonces espera que la pandemia sea un mal recuerdo, que la economía haya alcanzado su velocidad de crucero y que el contexto económico y social le habilite para abordar esa gran reforma fiscal de la que viene hablando prácticamente desde el momento en que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y que por unas cosas o por otras se ha ido posponiendo desde entonces. El detalle del Plan de Recuperación enviado a Bruselas, que el Gobierno ha tenido a bien publicar este miércoles, cinco días después de enviarlo a Europa, señala 2023 como el año en que se desarrollarán las medidas de reforma fiscal que salgan de las deliberaciones del Grupo de Expertos que acaba de constituir el Ministerio de Hacienda y también como el ejercicio en el que se abordará la gran poda de beneficios fiscales en la que Moncloa confía para aflorar 5.000 millones de euros extra en ingresos.

El plan trasladado por el Gobierno a Bruselas es ambicioso. Señala que el trabajo del grupo de expertos alumbrará modificaciones en un puñado de ámbitos críticos para la generación de ingresos fiscales en España como la fiscalidad medioambiental, la tributación de la economía digital, la armonización de la fiscalidad patrimonial -léase aquí, la fijación de tipos mínimos de tributación en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones -, la fiscalidad de las nuevas actividades económicas emergentes que puedan estar escapando a la actuación del Fisco o la imposición societaria (Impuesto de Sociedades), donde el Gobierno no oculta a Bruselas que tiene grandes esperanzas a la hora de generar nuevos ingresos.

En la lista de los futuros ajustes fiscales están todos sobre los que se ha hablado en los últimos meses. En el capítulo de avanzar hacia una movilidad más sostenible, el Gobierno ha enmarcado la subida de los impuestos sobre el diésel al anunciar la revisión de "las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción", en referencia explícita al gasóleo; la revisión de los impuestos de circulación y matriculación para ajustarlos a estándares ambientales, lo que traerá consigo subidas a los vehículos que se cataloguen como más contaminantes; y también la revisión de la fiscalidad del transporte aéreo "para actuar sobre las emisiones de esos sectores", que Hacienda ya había barajado pero que aparcó en los PGE de 2021 para no perjudicar al sector turístico. No sólo se subirán los impuestos, como ya venía anunciando desde hace meses el Gobierno implantará también una tasa sobre el uso de las infraestructuras viarias, que generalizará el principio del pago explícito por uso más allá de las autopistas de peaje al que se había limitado históricamente.

Para 2023 se programa también la gran poda de beneficios fiscales en la que el Ministerio de Hacienda viene trabajando desde el año 2018, que ya se avanzó en su día a Bruselas que podría suponer hasta 5.000 millones de euros de nuevos ingresos para las arcas del Estado, pero que también se pospuso en 2021 por la crisis pandémica. Hasta la fecha, el minucioso trabajo de evaluación de los 15 beneficios fiscales más gravosos para las arcas públicas realizado por la Autoridad Fiscal apenas ha dado lugar a dos reformas de escaso calado: el ajuste de la reducción en IRPF sobre los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros y la supresión del tipo reducido de IVA para las bebidas refrescantes con alto contenido en azúcar.

El Gobierno quiere dar una vuelta de tuerca al asunto y ha encargado a un grupo de trabajo interno, conformado por técnicos de la Dirección General de Tributos, de la Agencia Tributaria y del Instituto de Estudios Fiscales, el análisis de 15 incentivos fiscales al objeto de abordar su revisión a partir del año 2023 en adelante. En el punto de mira, los mayores beneficios fiscales que llegan a restar hasta 60.000 millones de euros de recaudación, principalmente a través del IRPF y del IVA, aunque también a través del Impuesto de Sociedades.

Un goteo constante de subidas de impuestos

Que el grueso de la reforma fiscal que planea el Gobierno se vaya a acometer en 2023 no significa que no se vayan a tomar medidas fiscales para mejorar el flujo de ingresos del Estado hasta entonces. El Ejecutivo ha remitido a Bruselas una hoja de ruta que prevé la activación de una serie de medidas, principalmente de fiscalidad ambiental a lo largo de los próximos meses. Antes de que finalice el año el Gobierno se compromete a aprobar la ley reguladora de los impuestos sobre plásticos y residuos, primer hito en un proceso de consolidación de la fiscalidad ambiental que tendrá como siguiente paso la revisión de los impuestos de circulación y matriculación ya en el año 2022.

También para 2022 el Ejecutivo espera aprobar la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados, que grava por ejemplo el líquido que se utiliza en algunos sistemas de aire acondicionado y también en algunos electrodomésticos como los frigoríficos; mientras que para finales de ese año se ha programado la revisión del Impuesto sobre Hidrocarburos, que traerá consigo la equiparación fiscal del diésel con el resto de carburantes.