El exdirigente popular Vicente Martínez Pujalte trabajó durante 23 años en el Congreso de los Diputados, entre 1993 y 2016. Durante ese periodo participó en la tramitación parlamentaria de la inmensa mayoría de las leyes económicas que se aprobaron a lo largo de esas dos décadas largas. En 2013 reconocía al periodista Juan Francés, autor del libro '¡Qué vienen los lobbies!', que "en todo este tiempo no he conocido ni una sola ley en la que los 'lobbies' no hayan participado muy activamente". Regulados y asimilados como parte del sistema en Estados Unidos, Bruselas y buena parte de las economías desarrolladas, los 'lobbies' continúan trabajando en España en el año 2021 sin una regulación específica que transparente sus actuaciones y normalice los canales por los que ejercen su labor de representación de los intereses de empresas, sectores y grupos de interés.
La anomalía ha sido puesta de manifiesto con regularidad anual por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo Europeo y permanece como una de las grandes lagunas del sistema institucional español. El Gobierno acaba de poner sobre la mesa el enésimo intento de regular la actividad de los 'lobbies' en España al someter a consulta pública un anteproyecto de ley que no sólo pretende dar un marco de actuación a estos grupos de interés sino también restringir las cada vez más comunes 'reconversiones' de altos cargos de la Administración como 'lobistas'.
La norma impulsada desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Miquel Iceta va más allá de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista el pasado mes de noviembre para instar al Gobierno a regular la actuación de los 'lobbies' y entra también en las siempre controvertidas puertas giratorias entre los gobiernos y los grupos de interés, que desde organismos internacionales como la OCDE siempre se ha instado a regular a los países desarrollados. La norma gubernamental sitúa entre sus objetivos prioritarios la limitación "de las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos, por un lado, y los grupos de interés".
El asunto es delicado. En los últimos años la 'reinvención' de políticos como consultores en firmas propias o como parte del Departamento de Asuntos Públicos de alguna gran consultora se ha convertido en una práctica habitual. La veta ha dado lugar a proyectos como 'Montoro y Asociados', el despacho creado en 2006 por Cristóbal Montoro y buena parte de su equipo en la Secretaría de Estado de Hacienda de la era Aznar, hoy refundados como 'Equipo Económico' ya sin el exministro de Hacienda; y más recientemente a la consultora Acento, presidida por el exministro de Fomento del Gobierno Zapatero, José Blanco, y en la que se han alistado grandes nombres del PSOE y el PP como el exportavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando; el exportavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, o la exdiputada socialista, Elena Valenciano.
Expolíticos que ponen en valor sus conocimientos del funcionamiento de la cosa pública y también su agenda para ganarse la vida 'al otro lado' asesorando a empresas y grupos de interés. Un movimiento legítimo pero que los grandes organismos internacionales de defensa de la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción han invitado a los países a poner bajo vigilancia para garantizar la legitimidad de sus actuaciones.
El hecho de que Función Pública haya puesto esa limitación de las puertas giratorias en el listado de asuntos que se pretenden regular con la norma demuestra un punto extra de ambición respecto a la proposición no de ley del Grupo Socialista, que no mencionaba este aspecto y que animaba al Gobierno a regular otras cuestiones como la definición misma de lo que es un grupo de interés y del campo de actuación en el que se puede mover; la creación del tan esperado 'Registro de Lobbies', que ya funciona en algunas comunidades autónomas y en organismos como la CNMC; el código de conducta que deben cumplir los lobbies inscritos en el mismo; la publicidad de los contactos entre representantes públicos y grupos de interés; o el establecimiento de un régimen sancionador para los altos cargos y los 'lobbies' que incumplan lo establecido en la futura norma.
El propio Gobierno admite en el texto de la consulta que la falta de regulación de los lobbies en España "es un vacío normativo, ya que los grupos de interés ni siquiera tienen una definición legal". Función Pública subraya que la norma pretende dar a éstos un reconocimiento institucional, estableciendo las normas que deben presidir sus relaciones con los poderes públicos, en aras del "fortalecimiento en la calidad y transparencia de la participación en las tomas de decisión".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios