“José Enrique es la expresión de un político con rigor y con conocimiento de lo que es la política. Y no es fácil que sea así”. Así definía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al por entonces número uno de la candidatura del Partido Popular por la provincia de Jaén a las elecciones generales del 26-J, José Enrique Fernández de Moya, apenas cinco meses antes de 'llamarlo a filas' para incorporarse como secretario de Estado de Hacienda al nuevo equipo del remozado Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ha pasado un año y medio desde su nombramiento y es más que probable que muchos se hayan enterado del nombre del 'número dos' de Hacienda este martes, cuando saltó a las portadas su condición de investigado por la presunta comisión de tres delitos de malversación, prevaricación y falsedad durante su etapa como alcalde de Jaén.
Fernández de Moya tiene 49 años, es doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, donde tiene plaza como profesor titular de Derecho Financiero y fue alcalde de su ciudad entre 2011 y 2015. Políticamente se crió en Jaén, donde acredita una trayectoria de más de 20 años en la que ha pasado por todos los puestos de responsabilidad del PP jienense, y desde donde ha llegado a ser diputado regional, senador y diputado nacional en esta última legislatura.
Muy vinculado a Cristóbal Montoro, su mentor desde hace años y -como él mismo ha admitido- un modelo a seguir, ese vínculo ha sido uno de los flancos a través de los cuales le han atacado sus detractores, que los tiene pese a haber cultivado un perfil extraordinariamente bajo desde su aterrizaje en la Real Casa de la Aduana, sede del Ministerio de Hacienda. Le afean su inacción, su irrelevancia en los puntuales debates fiscales que han surgido en la última legislatura, su desinterés por las tareas cotidianas de la Secretaría de Estado y su escasa disposición a escuchar a los principales 'stakeholders' del Ministerio, entre los que se cuentan los gigantes del Ibex.
Un secretario de Estado de perfil bajo
Si el mundo empresarial lamenta en general la falta de interlocución con el Gobierno, en el ámbito fiscal el asunto alcanza ya cotas rayanas con la indignación. Hastiados de los ataques de Montoro y desesperados por la lentitud de la Dirección General de Tributos para evacuar sus consultas sobre aspectos de la legislación fiscal, el mundo empresarial tampoco ha encontrado en Fernández de Moya el interlocutor que sí tuvieron - con sus más y sus menos- con su antecesor, Miguel Ferre, un fiscalista de largo recorrido y gran conocedor de los vericuetos del sistema fiscal que "al menos conocía y entendía nuestras preocupaciones", según subraya el responsable del Área Fiscal de una importante empresa española. "Si una empresa tiene un problema está claro que no acude a él", señala una fuente de un despacho. Entre las críticas también hay quien destaca su trato afable y su sentido político.
Inédito como interlocutor de los grandes contribuyentes del país, uno de los papeles que tradicionalmente ha desempeñado el secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya tampoco se ha ganado la confianza de los resortes ministeriales. Su relación con los principales colectivos de Hacienda ha sido entre escasa y nula y el sentimiento de abandono en algunos ámbitos del Ministerio vinculados a la Secretaría de Estado es patente y no se oculta en absoluto. En algunos organismos incluso se menciona la palabra "autogestión" a la hora de definir la situación.
Desde el principio, el nombramiento se interpretó como una maniobra para incrementar la carga política de la Secretaría de Estado de Hacienda tras un periodo en el que primó la dimensión técnica. Un año y medio después se hace difícil sostener ese argumento. Fernández de Moya no ha jugado un papel relevante en la negociación/pugna fiscal con Ciudadanos para atribuirse la rebaja del IRPF, tampoco 'estuvo' en las negociaciones del IVA del cine y del resto del paquete fiscal acordado en la primera ronda de negociación de los Presupuestos de 2018, en septiembre de 2017, ha pasado casi de puntillas en el agitado debate sobre la reforma de la financiación autonómica y es difícil encontrar una declaración suya sobre una de las grandes estrellas fiscales de los últimos días, el supuesto impuesto a las grandes tecnológicas para financiar las pensiones.
Es recordado, tanto entre periodistas como entre parlamentarios, cómo su intervención parlamentaria más vehemente, e incluso más convincente, brotó en una réplica a un diputado socialista que cuestionó su gestión al frente del Ayuntamiento de Jaén. El secretario de Estado empleó casi más tiempo en esa réplica que en desgranar los motivos de su comparecencia: el estado de las negociaciones del sistema de financiación autonómica y los asuntos propios de su Departamento.
Los que le conocen vieron entonces al Fernández de Moya del Ayuntamiento de Jaén. Un político beligerante, implacable con el PSOE y su herencia, a la que durante sus cuatro años al frente de la Alcaldía jienense culpó de la situación crítica de las arcas municipales del Ayuntamiento de Jaén a la gestión de los socialistas entre 2011 y 2015. Un 'colmillo' parlamentario que también se ha visto en escasas ocasiones.
Su perfil bajo no ha evitado que el enésimo caso judicial al que se enfrenta un cargo del Partido Popular le haya situado en el centro de los focos. Fernández de Moya dijo ayer desde Adra (Almería) estar tranquilo y no haber recibido todavía citación judicial alguna. Vinculó la denuncia a otra idéntica promovida por el PSOE en 2014 y que fue archivada por la Fiscalía, y se remitió a la eventual citación judicial para situar todo nuevamente en su sitio: "Por lo tanto, a esos hechos me remito y una vez reciba la citación oficial por parte del juzgado competente estaré a su disposición para dar todas las explicaciones oportunas".
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