En su búsqueda casi diaria de fuentes de financiación creíbles para blindar las finanzas de la Seguridad Social ante la oleada de decisiones políticas que se traducirán en incrementos de gasto para el sistema, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sugerido este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Pacto de Toledo estudiará con el beneplácito de Hacienda la posibilidad de destinar parte de la recaudación del futuro gravamen europeo a las grandes multinacionales tecnológicas a la financiación del sistema público de protección social.
La afirmación tendría complicado superar un 'fact-check' en condiciones. Bruselas tiene un plan más o menos concreto, pero aún no ha decidido la forma definitiva que adoptará este gravamen, no hay fecha para su puesta en marcha y saber si estará operativo o no este año es una incógnita porque su aplicación se hará a un tiempo en toda Europa y eso exige respetar el no siempre ágil proceso de toma de decisiones de Bruselas. Por no decir que, como ha admitido el propio Montoro este viernes, su aplicación en España no se podría hacer a través de la Ley de Presupuestos sino que exigiría una ley específica, que tendría que redactarse, llevarse al Congreso, tramitarse y ser aprobada por una mayoría de fuerzas parlamentarias. Es decir, que la recaudación por este gravamen es incierta y es improbable que permita enjugar un solo euro del gasto de la subida de pensiones pactada con el PNV para sacar adelante el Presupuesto.
El ministro aseguró este viernes que la comisión parlamentaria que estudia cómo garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones analizará el modo en que se puede resolver el asunto. Es posible que lo haga pero hasta la última reunión del pasado miércoles nadie había planteado esa posibilidad.
Sí podría hacerlo en el futuro, aunque eso exigiría superar las objeciones jurídicas que existen en Europa y en España sobre la aplicación finalista de la recaudación de los impuestos, como bien sabe el Gobierno por el llamado céntimo sanitario, y también alcanzar un grado de consenso amplio en el seno del Pacto de Toledo.
Con todo, preguntado por cómo se financiará la factura del acuerdo presupuestario con el PNV - que estimó en 1.500 millones de euros en 2018 pese a que desde otros ámbitos esa factura se reduce a unos 300 millones - Montoro se ha referido a este gravamen inexistente, a la reducción de la factura derivada del pago de los intereses de la deuda pública y al menor gasto previsto por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la quiebra de las autopistas de peaje rescatadas por el Estado. Un mes después de presentar el proyecto presupuestario y sin que medie ningún hecho relevante que haya modificado el escenario, Hacienda confía en tener menos gastos en esas partidas...
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios