Una de las novedades incluidas por el Gobierno en la nueva tarifa regulada de la luz, el designado Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC), es que, a partir del 1 de enero de 2024, quedarán excluidas las grandes empresas y los organismos públicos. De hecho, se expulsará del PVPC a todos los consumidores que no se incluyan en la categoría de hogar o micropymes.
En la actualidad, aproximadamente el 10% de los Código Universal de Punto de Suministro (CUPS) con potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW) corresponde a empresas. Con lo anterior, si el número de CUPS acogidos a PVPC se sitúa en torno a nueves millones (antes del verano de 2021 agrupaba más de 10,5 millones de clientes), el número de microempresas susceptibles de acogerse ronda las 900.000. Cabe destacar también que, según los datos del informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre estructura y dinámica empresarial en España, el 95,8% de las empresas del país son microempresas.
De momento, el único requisito para poder acogerse a la tarifa regulada de la luz era tener contratada una potencia de hasta 10 kW. Sin embargo, desde el año que viene, los beneficiarios tendrán que certificar su condición de hogar o micropyme a través de una declaración responsable, en cumplimiento de la Directiva 2019/944 de mercado interior de electricidad, es decir, empresas que emplean a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios no exceda de 50 millones de euros o el balance general anual no supere los 43 millones de euros. A todas aquellas empresas que no cumplan dichas condiciones y no se hayan pasado al libre a partir del próximo año, se les mantendrá el suministro eléctrico, en principio, pero se les aplicará un recargo del 20%, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Más seguridad
Lo que pretende el Ejecutivo con esta nueva tarifa regulada es reducir la volatilidad de las facturas de los clientes finales disminuyendo el peso del mercado diario en el cálculo del precio de la electricidad. En este sentido, se pretende reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y se tendrán en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros. Para ello, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.
Asimismo, los precios diarios del Mibel representan el 100% de la referencia del PVPC y esa proporción se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. El reparto se hará de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el trimestral se sitúe en un 36%, y el anual en el 54%. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que se ha dado de plazo hasta principios de 2024 para que así los agentes puedan adaptarse a la nueva metodología y ofrezcan esta tarifa sin problemas. Ya se produjeron problemas y retrasos en la emisión de facturas con la entrada en vigor (en junio de 2021) de la nueva tarifa eléctrica a través de la cual los consumidores pasaron a tener precios diferenciados por tramos horarios.
La pregunta ahora está en si conviene seguir en el mercado libre o volver al regulado. Actualmente, para un hogar medio con una potencia contratada de 3,5 kilovatios (kW) y un consumo medio de 3.300 kilovatios hora (kWh), la tarifa regulada tiene un coste anual de 660,48 euros, mientras que la más barata en el mercado libre ronda los 646 euros. Veremos a ver qué pasa cuando los cambios sean plenamente efectivos (desde 2024). Los clientes que quieran volver al mercado regulado solo tendrán que solicitarlo a una de las comercializadoras de referencia, aunque primero deben comprobar que no mantienen permanencia con su compañía.
Antes de que estallara la crisis energética en verano de 2021, al calor del incremento de los precios del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz. De hecho, se ha acusado a muchas eléctricas de inflar el precio a los clientes del mercado libre bajo las premisas de que, por un lado, estas tarifas ofrecen una mayor estabilidad y, por otro, que el usuario queda totalmente despreocupado. Sin embargo, tras el alza de los precios, el cliente en el mercado libre ha podido salir ganando porque ha pactado un precio menor con su comercializadora, y, además, se ha aprovechado de la rebaja fiscal del Gobierno.
Tomando como referencia 2019, último año antes de la pandemia de la covid-19, y de acuerdo con la información remitida por los comercializadores a la CNMC, los precios medios finales en el mercado libre (incluidos peaje de acceso e impuestos) se incrementaron dicho año para todos los tipos de consumidores frente a 2018, con la excepción de los industriales, con variaciones del 2% para consumidores domésticos y del 4% para pymes. Como comparativa, para los consumidores acogidos al PVPC, el precio se redujo un 7%.
Con la entrada en vigor de la 'excepción ibérica', todas las comercializadoras del mercado libre adaptaron sus tarifas para que fueran más competitivas y, por tanto, seguir atrayendo clientes, lo que se tradujo en una nueva 'guerra' comercial. Endesa ha sido la última en avivar la batalla y ha retado a Iberdrola, Naturgy y Repsol con bonificaciones en las facturas a los usuarios que reduzcan su consumo eléctrico. No obstante, fue a finales de 2021 cuando las grandes eléctricas se lanzaron a la conquista de los clientes acogidos a la tarifa regulada aprovechando que estaban sufriendo la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool). Las campañas aseguraban estabilidad durante años, mientras que las organizaciones de consumidores advirtieron de que se estaban registrando fuertes aumentos de precios en el mercado libre y pidieron "extremar la cautela".
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