El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, ampliando el número de empresas potenciales beneficiarias hasta 1.180 entidades, frente a las 612 actuales. En concreto, relaja las obligaciones en el ámbito de consumo y ampliará el número de sectores económicos que pueden acceder a las ayudas y compensaciones que proporciona el Gobierno. Las ayudas consisten en una merma de los cargos que pagan en el recibo eléctrico, con rebajas del 75% para empresas que se encuentren "en riesgo" deslocalización y del 85% para las que estén en "riesgo significativo".
Además, se fija el requisito de consumo de energía en valle en el 46%, menos exigente que el 50% anterior si bien se suspende su exigencia respecto al consumo del ejercicio 2022. El sector viene reclamando que se elimine este requisito y que se desvinculen las ayudas del Estatuto a la disponibilidad presupuestaria, así como graduarlas en función de la intensidad del uso de la electricidad.
"Con la modificación que aprobamos del Estatuto del Consumidor Electrointensivo reforzamos la política industrial de España y mejoramos la competitividad de la gran industria, favoreciendo la inversión industrial al contar con un marco normativo que refuerza el reconocimiento a estos consumidores, con nuevos requisitos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía de acuerdo con la normativa comunitaria", ha señalado el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.
El Ejecutivo también ha incluido en el catálogo de electrointensivos la extracción de minerales y materiales diversos: materias abrasivas, amianto, harinas fósiles de silicio, grafito natural, esteatita (talco), feldespato, asfalto natural, asfaltita y rocas asfálticas; betún sólido natural y piedras preciosas, cuarzo, mica, etc. Los consumidores electrointensivos están obligados a tener un consumo predecible, para lo que deberán aportar a Red Eléctrica -en calidad de operador del sistema-, ya sea directamente o a través de su comercializadora, su previsión de consumo mensual con una precisión de su programa horario de demanda superior al 75%. De no cumplir, pierden la condición de consumidor electrointensivo y, por tanto, el acceso a determinadas ayudas y compensaciones del Gobierno.
Las nuevas directrices europeas modifican a la baja el valor de la intensidad de uso de la electricidad, fijándolo en el 5% en lugar del 10% anterior. Esto implica que los consumidores electrointensivos deberán tener un cociente (durante al menos dos de los tres años anteriores) entre el consumo anual de electricidad y el valor añadido bruto de la instalación correspondiente al punto de suministro superior a 0,25 kWh por euro, umbral que ya incorpora el aumento del precio de la electricidad durante el año 2022 (originalmente 1,5 kWh por euro). Esto permitirá que más empresas sean elegibles, según ha destacado el Ministerio de Industria. También se establece la obligación de realizar las inversiones en eficiencia energética económicamente rentables conforme a las nuevas Directrices europeas.
En línea con la CNMC
En su informe sobre la posible modificación del Real Decreto 1106/2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya abogó por incluir en el Estatuto apreciaciones que rebajarían las obligaciones en el ámbito de consumo. Competencia defiende que "no se tengan en cuenta los desvíos por la participación en el servicio de respuesta activa de la demanda -la antigua interrumpibilidad-, o cualquier otro mecanismo de características similares, a efectos del cumplimiento del requisito de precisión del programa horario de consumo".
La consulta pública previa al proyecto de real decreto recibió alegaciones por parte de ocho agentes, de los cuales dos no formularon observaciones. Entre ellos destacan la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege), la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), la Federación Española de Industrias y Alimentación y Bebidas (FIAB) y Repsol. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado ayudas por valor de más de 42,5 millones de euros a 364 instalaciones dentro del mecanismo de compensación de cargos a los consumidores electrointensivos. El Ejecutivo también prorrogó hasta junio de este año la reducción del 80% del importe de los peajes eléctricos. Calcula que esta medida supondrá unos 112 millones de euros.
Asimismo, se mantiene la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7%. Por su parte, en noviembre, el Gobierno adjudicó 244 millones de euro a la gran industria en concepto de compensación por los costes de emisiones indirectas de CO2 correspondientes a 2021, 65 millones más de lo establecido inicialmente. Aege solicitó que en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2023 la partida se incrementara hasta 500 millones, pero el Gobierno la ha mantenido. Según la patronal, que reúne a empresas que suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional, esto solo significa el 16% de los 3.000 millones que se prevén obtener de las subastas de derechos de emisión.
Factura de la luz
Las empresas que conforman Aege cerraron 2021 con un sobrecoste eléctrico que superó los 1.500 millones de euros, más del doble que sus principales competidores europeos, mientras que el curso pasado la factura se elevó a más de 2.000 millones, incluso con una caída en la demanda del 25%. Desde la asociación apuntan que las previsiones señalan que el precio de la electricidad para los electrointensivos españoles se mantendrá por encima de los 100 euros el megavatio hora (MWh) este año, quedando así "en clara desventaja" frente a sus homólogos europeos.
Para los consumidores electrointensivos el precio de la electricidad ha pasado de ser el principal elemento en los costes de producción a tener más peso que el resto de variables de producción juntas, lo que les hace "extremadamente sensibles al coste eléctrico", según la patronal. Con el fin de abaratar su recibo eléctrico, la gran industria tiene pendiente celebrar la que será la primera subasta privada de renovables en España. Organizada por Aege, estará abierta a todos los consumidores electrointensivos y tiene como fin conseguir contratos PPA con proyectos de energías renovables a precios competitivos. Las tecnologías disponibles serán eólica y solar y la puja no necesita la aprobación del Gobierno al ser una contratación privada. Solo podrán acudir empresas que justifiquen su condición de electrointensivas.
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