El Banco de España -como viene haciendo el Banco Central Europeo con el conjunto de países de la zona euro- ha recomendado de forma recurrente al Gobierno que controle el gasto público y restrinja las medidas para hacer frente al impacto de la inflación en los hogares y empresas más vulnerables. La sugerencia se amplía, en realidad, al resto de Administraciones Públicas (AAPP) en un contexto en el que la mejora de la recaudación tributaria -por el alza de los precios y los vientos de cola que se han mantenido durante el primer tramo del año en términos de avance de la actividad y del empleo- puede tentar a algunos gobiernos a tirar de gasto a las puertas de un 2023 marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales.
Los últimos datos de ejecución presupuestaria de las AAPP publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) evidencian que ya hay nueve comunidades autónomas donde el gasto acumulado de enero a agosto aumenta a doble dígito en relación al mismo periodo del año previo. Los mayores incrementos los registran Cantabria (15,6%) y Canarias (15,5%), seguidas de Murcia (14,5%), Castilla-La Mancha (14%), Comunidad Valenciana (13,5%), Extremadura (13%), Andalucía (11,9%), Galicia (11,6%) y Aragón (10,1%). Siguiendo con las de régimen común, el aumento del gasto roza también los dos dígitos en Castilla y León (9,9%) y Asturias (9,5%).
Pese a que el Gobierno mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024 (al igual que ha hecho Bruselas con los estados mientras terminan de recuperarse de la pandemia, de una inflación dispara y de una crisis energética y geopolítica de perspectivas inciertas), España se ha comprometido con la Comisión Europea a mantener una senda de consolidación. De momento, el alza de la recaudación por impuestos da un oxígeno 'extra' a las cuentas públicas en un momento en que el Estado se ha visto obligado a ampliar las medidas para respaldar a las familias y empresas más vulnerables ante el encarecimiento del coste de la vida.
Hasta septiembre los ingresos tributarios aumentaron un 18,1% en relación al mismo periodo de hace un año, según el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria. Esta mejora ha permitido al Estado reducir su desequilibrio un 72,2% hasta los 16.269 millones de euros, el equivalente al 1,24% del PIB. En el caso de las autonomías y hasta agosto el agujero en sus cuentas alcanza los 3.983 millones, por lo que incurren en un déficit del 0,30% del PIB, frente al superávit del 0,10% que alcanzaron en el mismo mes del pasado ejercicio.
Los fondos récord de la financiación y la batalla fiscal
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 permitirán a las autonomías beneficiarse de un alza del 23,9% en los recursos del sistema de financiación -hasta la cifra récord de 135.274 millones de euros- y de una liquidación que vuelve a ser positiva tras el valor excepcionalmente negativo de 2022 (en las cuentas vigentes el Gobierno destinó con 7.004 millones a cubrir, entre otras cosas, las liquidaciones negativas de 2020). Pese a ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que tres regiones serán incapaces de ceñirse a la senda de déficit prevista al menos hasta 2024. El año que viene Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana excederán la meta del -0,3% al que deberían ajustarse, y de momento las dos últimas se encuentran entre las que más han elevado su gasto con los datos disponibles a agosto.
Antes, al cierre de este año, para el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado un déficit del -0,6% a los gobiernos autonómicos, el organismo fiscalizador prevé que Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tampoco logren ajustarse a esa meta (que tampoco es obligatoria en ausencia de reglas fiscales). Estos cuatro territorios sí que conseguirán reconducir su situación el año que viene pese al mayor gasto que, se sobreentiende, llegará de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo. La AIReF también advirtió recientemente de que la deuda del conjunto de las autonomías se situará el año que viene en el 23,1 % del PIB, si bien en cuatro comunidades superará el 30%. De nuevo, en Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, así como en Castilla-La Mancha.
Varios de estos territorios han entrado de lleno en la batalla fiscal que viene enfrentando en los últimos meses a los gobiernos regionales entre sí y a estos con el Estado, y que aleja toda posibilidad de que salga adelante la nueva reforma de la financiación. El sistema actual caducó en 2014 y desde entonces ningún Gobierno ha sido capaz de plantear un nuevo modelo que pueda poner fin a las discrepancias que ha generado este. Mientras tanto, el Ejecutivo acordaba el lunes asignar 10.620,23 millones de euros a las diez comunidades que están adheridas al Fondo de Financiación para el primer trimestre de 2023. Cataluña será la que más dinero captará de este reparto, con un total de 4.749,93 millones (el 44,73% del total). El fondo dota de liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos de incertidumbre como el presente.
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