El balance del comportamiento del mercado laboral en 2023 fue positivo, ya que la intensa creación de empleo en la primera parte del año llevó a cerrar el ejercicio con una tasa de paro del 11,7%, el nivel más bajo para un cuarto trimestre desde 2007. El número de ocupados se situó por encima de los 21 millones y la tasa de temporalidad cayó al 16,5% por la contribución del sector privado. El Gobierno 'sacó pecho' de estos datos que atribuyeron a los efectos de la reforma laboral pactada con las patronales y los sindicatos en 2021 y el impulso económico posterior a la pandemia. Sin embargo, no todas las cifras arrojan una perspectiva positiva, como recoge el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el informe anual que ha publicado este mes de marzo.
El número de personas no paradas que figuraban como demandantes de empleo es el más elevado de la serie histórica, con la excepción de 2020 y 2021, y superó los 1,7 millones de trabajadores, según los valores recogidos por el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). De hecho, hubo un cambio de tendencia por el que tras reducirse el volumen en 2021 (50,2%) y 2022 (9,68%) se incrementó en casi un 9% y guardó una diferencia 375.979 ciudadanos respecto a los que buscaban otro empleo pero no se encontraban en paro en 2019. "Con este incremento el año 2023 finaliza con el número de personas no paradas más elevado de los registrados, exceptuando los años 2020 y 2021" explica el organismo, que no apunta a las causas.
Bajo este paraguas quedan recogidos trabajadores que se encuentran en diferentes situaciones laborales, tal y como recoge la orden ministerial de 1985 que acota este criterio estadístico. Las personas que están ocupadas y buscan otro empleo con el que complementar el actual, las que demandan otro trabajo para cambiarlo por el que ya tienen, los que tienen un contrato suspendido por un ERE, los que tienen la jornada reducida por un ERE o modificación de las condiciones de trabajo, los que superan los 65 años o son pensionistas, los que tienen un trabajo de menos de 20 horas semanales o los menores de 25 años que estudien y busquen su primer empleo - entre otros- están excluidos del registro de paro registrado que el Ministerio de Trabajo publica cada mes.
La forma de llevar a cabo este conteo no se ha modificado desde ese año, por lo que el actual equipo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha llevado a cabo ningún cambio desde la introducción de la reforma laboral. No obstante, esto es lo que precisamente han comenzado a reprocharle los partidos de la oposición y algunos centros de estudios económicos, que reclaman mayor transparencia para poder analizar la evolución de cada uno de los perfiles que engloba esta etiqueta de 'demandantes de empleo no parados'. ¿El motivo? El aumento de la presencia de los contratos fijos discontinuos y en consecuencia, de los trabajadores que a pesar de contar con un empleo están en búsqueda activa de otro con el fin de mejorar sus condiciones, habitualmente porque trabajan menos horas de las que les gustaría.
"Los contratos de fijos discontinuos, con un descenso respecto a 2022 del 0,25% vuelven a ganar peso en la distribución, 2,31 puntos porcentuales más, alcanzando un 14,98%" apunta el SEPE en el citado informe. Esta figura registró un intenso crecimiento en los dos primeros años desde la entrada en vigor de la reforma laboral (2022 y 2023), pero el Gobierno apunta a que esta habría tocado techo y así parecen confirmarlo los datos que han reflejado un enfriamiento en el ritmo en el que crece la cifra en los dos primeros meses del año. El equipo de Trabajo defiende que esta fórmula de contratación otorga más garantías a los que antes encadenaban varios contratos temporales, un argumento que no ha servido para acallar las dudas sobre la imagen que proyecta una estadística que no refleja cuántos están inactivos.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se comprometió hace más de un año a aportar el dato desagregado de forma mensual tan pronto como pudieran hacer los ajustes técnicos necesarios. Sin embargo, tras meses en los que se aludía a la complejidad de homologar los datos facilitados por las diferentes comunidades autónomas, a inicios de 2024 la cartera renunciaba a ofrecer el registro. El 'número' dos de Trabajo señaló directamente a los servicios de empleo autonómicos como los responsables de recopilar y hacer públicos estos datos, pero al serles solicitados por La Información vía Transparencia, muchos de ellos afirmaron no tener este registro.
El Partido Popular, por su parte decidió jugar esta 'batalla' en sede parlamentaria. En 2023 hizo pública una respuesta escrita en la que el SEPE informaba que el número de fijos discontinuos inactivos en diciembre de 2022 ascendía a más de 400.000, pero la propia ministra de Trabajo aseguraba hace una semana en el Senado que ahora el total apenas superaba los 55.300. Eso sí, en esta ocasión extraía el dato del análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) y no del dato de demandantes de empleo. La senadora 'popular' Rocío Divar explica en conversación con este medio que esta cifra resulta inverosímil, aunque descarta que los territorios gobernados por el PP vayan a movilizar el recuento por entender que es responsabilidad del Gobierno central.
