La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sido la encargada de pedir al Ministerio de Transición Ecológica y a las comunidades autónomas que aumenten los controles sobre los profesionales que elaboran las etiquetas de certificación energética de las viviendas. Todo tras detectar deficiencias en su realización.
En un comunicado publicado este martes, la OCU ha denunciado los fallos a la hora de elaborar las etiquetas de certificación, entre los que destaca la incorrecta identificación de los sistemas de producción de calor y frío de la vivienda y la falta de consejos concretos para reducir el consumo energético.
Distintas etiquetas en las mismas viviendas
La OCU ha afirmado que estos "errores básicos" influyeron "decisivamente en la valoración final de la etiqueta energética, que varió para una misma vivienda según el profesional contratado".
Asimismo, ha denunciado que hay profesionales que no visitan la vivienda y basan su certificación en un formulario enviado al propietario, en una práctica "ilegal y más extendida de lo que pudiera parecer".
Por ello, ha solicitado a las autoridades competentes que aumenten los controles, además de exigir que estos documentos incluyan propuestas claras de mejora ya que, de lo contrario, la realización de las mismas "se convertirá en un sacacuartos sin utilidad práctica para el propietario".
En este sentido, la OCU ha asegurado que, por estos certificados, se llegan a pagar más de 200 euros, con "grandes diferencias" de precio dentro de las mismas localidades, por lo que recomienda pedir varios presupuestos.
La certificación energética de una vivienda revela, en una escala de la A a la G, su consumo real de energía y sus emisiones, al tiempo que identifica posibles mejoras en su aislamiento y equipamiento.
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