Cerca de 20.000 opositores que lograron plaza desde 2020 aún esperan el destino

La palabra 'histórica' ha ido acompañando a prácticamente todas las convocatorias de oposiciones celebradas en los últimos seis años, que abarcan la última legislatura de Mariano Rajoy, que acabó en moción de censura, y la de Pedro Sánchez. Ha sido la respuesta a 15 ejercicios de total austeridad en los que no se cubrían siquiera las plazas vacantes o, en el caso de los hospitales y el Sistema Nacional de Salud (SNS), la reposición se limitaba al 10% de los puestos. Las consecuencias han sido unas administraciones totalmente descapitalizadas -fundamentalmente la del Estado- y precarizadas -sobre todo las de las comunidades-, unos graves problemas que se traducen en incómodos retrasos y en servicios al ciudadano deficientes. 

A esto se añade otro problema, el de la burocracia administrativa, que mantiene en el limbo a cerca de 20.000 aspirantes a puestos en la Administración General del Estado (AGE), que lograron su plaza en las 'históricas' convocatorias de 2020 y 2021, pero que todavía no han recibido su nombramiento y desconocen su destino. Hace poco más de una semana se adjudicaron los destinos a los aspirantes a agentes de Hacienda Pública que superaron el examen en 2020. Josetxo Gándara, secretario de Acción Sindical de CCOO-FSC en la AGE, denuncia esta circunstancia a La Información, que se reproduce año tras año con mayor o menor y que implica que en muchos organismos vean deteriorada su labor por falta de efectivos. El sindicalista, gran conocedor de los entresijos y carencias en la AGE, sobre todo en las áreas del Ministerio de Trabajo, concreta aún más las cifras, y asegura que la mayoría de los nuevos puestos de los últimos dos años, 21.800, están sin cubrir.

Las ofertas de empleo público se convocan con el objetivo de cubrir la totalidad de las bajas, masivas ante el envejecimiento de la plantilla, con nuevos efectivos. En la actualidad, después de años en los que en el mejor de los casos se buscaba el reemplazo de uno de cada diez empleados que se jubilaban, la cobertura generalizada llega al 110% e, incluso, al 120%. En este contexto, Gándara apunta que en 2021 se jubilaron 10.850 funcionarios en la AGE y advierte de la grave descapitalización que supone no reemplazar de forma urgente a los funcionarios que se jubilan y, sobre todo, la plantilla perdida desde 2010 por la imposición de las tasas de reposición. 

A día de hoy, 60.000 puestos de funcionarios que se han jubilado en la AGE no han sido ocupados. La consecuencia: deficiencias en el servicio

Todo esto hace que a día de hoy haya todavía, como mínimo, 60.000 puestos que no se han ocupado y que algunos aspirantes que superaron su oposición lleven meses cobrando el sueldo base, a la espera de los cursos selectivos, y otros lleven años a la espera de noticias sobre su plaza. Otro de los problemas que enfrenta la Administración es que en algunas convocatorias, como las de Inspección de Trabajo, queden un 20% o 30% de plazas desiertas, porque los aspirantes no lograron superar las pruebas. Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una respuesta que se ha convertido en un nuevo problema. Los puestos desiertos se añaden a la convocatoria del año posterior, con el objetivo de ocuparlos, lo que contribuye a que haya más plazas, pero también más posibilidades de que quede un porcentaje más elevado de puestos desiertos. 

Ante estas circunstancias, el remedio sería hacer unas oposiciones capaces de atraer más talento y jóvenes muy preparados. Las pruebas para acceder a la Administración requerirían un cambio profundo que atraiga a los universitarios, sobre todo, cada vez más reacios a realizar unas oposiciones con ejercicios interminables, en las que no pueden demostrar sus aptitudes, su capacidad de liderazgo o sus respuestas ante situaciones difíciles o de estrés, y que además suponen una pérdida muy valiosa de tiempo y dinero. Junto a esto, numerosas plazas quedan sin cubrir. En las últimas oposiciones para profesores un 10% siguieron vacantes. Las oposiciones 'difíciles' quedan en muchos casos desiertas.

Mientras, los interlocutores del Gobierno -también los de las comunidades autónomas- y los sindicatos continúan trabajando para cerrar de forma definitiva sus ofertas de empleo, que deberán estar listas en apenas una semana. El Gobierno está dispuesto a ofrecer entre 27.000 y 28.000 plazas, sin incluir las de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un nuevo récord que destroza el de 2021. Por su parte, las administraciones autonómicas se enfrentan al reto, complicado y con múltiples desavenencias, de integrar a 300.000 interinos de larga duración a plazas fijas, con el objetivo de acabar con la excesiva temporalidad en el sector público, sobre todo en educación y sanidad. La oferta debe estar lista antes del 1 de junio. 

Las comunidades apostarán por modelos diferentes en sus oposiciones y con distintos requisitos que complicarán el acceso de los aspirantes

Las comunidades apostarán por modelos diferentes en sus oposiciones, con distintos requisitos, como la lengua, que pueden hacer que incluso excluyan a los interinos de otros lugares, unos hechos que podrían acabar en los tribunales. Los jueces ya se están manifestando ante los pluses en sus notas que tendrán los interinos frente a otros aspirantes. Así, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si los méritos de 95.000 interinos Covid puntúan el doble ante la queja del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra la baremación excepcional para los sanitarios que fueron contratados como refuerzo en pandemia y ahora pretenden acceder a un puesto.

Desde hace años, la Administración General el Estado se enfrenta a graves problemas, y aunque la interinidad, que supera el 40% en algunas autonomías, los eventuales en organismos como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es muy elevada, y en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), un número importante lleva más de una década con contratos temporales, que no se convierten a fijo con la excusa de estos efectivos están formados con fondos europeos. Uno de los contratiempos más importantes es imparable envejecimiento, sin reemplazo, de los funcionarios de esta administración.

La entrada masiva en la década de los 80 de la mayor parte de los actuales empleados provocará en los próximos años un aluvión de salidas, que afectarán a más de la mitad de sus empleados actuales de la AGE, sin tener en cuenta Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En julio de 2010 la AGE contaba con 598.000 efectivos y, a día de hoy, apenas dispone de 516.000. La media de edad supera los 52 años -muchos funcionarios se jubilan a los 60 y la mayoría a los 61- y en algunos organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con una enorme carga de trabajo, es todavía más grave. En este contexto, las centrales que representan a los funcionarios auguran que serán necesarios 20 años de OPEs récord y bien gestionadas para recuperar la normalidad y el empleo necesario para dar servicios eficientes.