Las esperadas oposiciones a docente, tras dos años sin convocarse, tendrán lugar este fin de semana -19 y 20 de junio- en todas las autonomías y Ceuta y Melilla, excepto en la Comunidad Valenciana, que ya las celebró el pasado mayo y en las que 23.000 aspirantes se disputaron 3.542 plazas. En la primera macroconvocatoria en pandemia, con miles de tribunales en prácticamente en todo el territorio nacional y centenares de sedes, se han inscrito casi 210.000 candidatos, que buscan un puesto en la Administración como profesores de secundaria, música, idiomas o Formación Profesional. Un empleo estable, vacaciones de acuerdo al calendario escolar y facilidad para conciliar la vida laboral y familiar son algunos de los alicientes.
Mañana sábado se iniciará el procedimiento de ingreso, que consta de dos fases, concurso y práctica. En la de concurso se valorarán los méritos y en la fase de prácticas, eliminatoria, se comprobará la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados. Ya el domingo tendrá lugar el primer examen y muchas comunidades tienen previsto en su protocolo Covid que si el candidato no puede acudir a alguna de las pruebas podrá hacerlo más adelante. Para ser profesor es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o tener el título de grado correspondiente, además de disponer del Certificado de Aptitud Pedagógica.
Serán unas oposiciones de récord, con casi nueve candidatos por plaza, aunque un porcentaje muy elevado no irá a última hora al examen al no sentirse preparado. Otros ya acudieron a la convocatoria valenciana, para probar suerte, y ahora tienen una segunda oportunidad. El interés de la comunidades por atraer el talento es muy grande y para evitar esta competencia desleal, las grandes convocatorias se suelen celebrar al tiempo en todas o casi todas las convocatorias.
En algunas comunidades como en el País Vasco o Baleares, el interés y solo se han inscrito dos y cuatro aspirantes por plaza. Una de las comunidades que más opositores ha atraído ha sido Aragón, que con apenas 452 plazas en disputa ha recibido 7.100 licenciados, una ratio de 15 aspirantes por plaza, de la que solo están cerca Cantabria (13) y Castilla y León (12). También las medidas de seguridad por la Covid han hecho aumentar de forma muy importante el número de sedes. En el caso de Galicia, que en la anterior convocatoria solo tuvo sede en siete grandes ciudades, ha elegido 23 municipios para desarrollar las pruebas, tres veces más. Mientras, algunas especialidades como idiomas, orientación o servicios a la comunidad rondan 20 aspirantes por plaza en el caso del Principado de Asturias.
Protocolo Covid
En plena desescalada de la Covid y con un tercio de la población vacunada, sigue siendo necesario seguir una serie de pautas para evitar un contagio, con algunos tribunales en los que habrá hasta 100 personas. No habrá PCR ni antígenos, pero los opositores deberán firmar una declaración responsable para asegurar no han tenido síntomas diez días antes de la prueba y que no han tenido contacto estrecho con persona o personas con síntomas. La mascarilla -no de tela- y hidrogel, por supuesto, serán obligatorios y habrá personal responsable de guiar a los opositores para evitar aglomeraciones a la entrada de los tribunales, que será por diferentes accesos y escalonada.
El envejecimiento de los docentes, como pasa con el resto de los funcionarios, y el abuso de las administraciones de interinos ha dejado muy debilitada el área de enseñanza en las comunidades durante los últimos años. La falta de profesores ha obliga a algunas comunidades a aspirantes que se presentaron al examen pero consiguieron un cero de nota. La jubilaciones son masivas y en los próximos años, con el retiro de los 'babyboomers', será necesaria la entrada masiva de nuevos funcionarios.
El sindicato mayoritario en la Administración, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado un aumento importante de la plazas de docentes ofertadas, ya que considera, pese al esfuerzo de las administraciones, que no son suficientes y apenas se consiguen cubrir las bajas por jubilación. Asegura que la calidad de la enseñanza está en juego y que se debía aspirar a la ratio de 15 alumnos por profesor, de que la mayoría de las comunidades están lejos.
Las comunidades autónomas, de las que depende la educación no universitaria y la sanidad, han optado por aumentar ligeramente la plantilla de estos servicios básicos e incluso recortarla en la última década. La pandemia del coronavirus ha hecho más patente que nunca la necesidad de unos servicios públicos de calidad y lo suficientemente numerosos para hacer frente a situaciones inesperadas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el número de empleados al servicios de las administraciones en el mes de julio -último dato disponible- era de casi 2,6 millones, pero solo 1,5 millones eran funcionarios de carrera.
Con una población cada vez más envejecida -España es el país del mundo con más ancianos junto a Japón- y demandante de servicios sanitarios, cuatro autonomía -Cantabria y Comunidad Valenciana- redujeron entre 2010 y 2020 sus empleados en el área de sanidad. El mayor recorte se produjo en la última comunidad y estuvo cerca al 9%, mientras en la primera el descenso rondó el 4%. Destacan los aumentos en esta actividad en Baleares (30%) y Cataluña (26%), pese a que esta comunidad tiene la menor ratio de funcionarios por habitante y por ocupados de España, por cesión de algunos servicios, a través de conciertos y convenios, al sector privado.
Mientras, hasta cinco comunidades redujeron su plantilla de docentes no universitarios. A la cabeza del recorte se encuentra la Región de Murcia, con un 13,6%, seguida de Galicia (9,8%), Castilla y León (3,3%), Andalucía (2,82%) y Principado de Asturias, el 0,57%. Mientras, en Castilla-La Mancha la contratación de profesores y sanitarios subió un 15% en ambos casos. Por su parte, la Comunidad de Madrid aumentó apenas un 1,18% sus docentes y el 3,76% su personal de sanidad.
