El Ministerio de Política Territorial y Función Pública que capitanea el Miquel Iceta trabaja contrarreloj para dar forma a las oposiciones del futuro, que serán mucho más ágiles, menos memorísticas, más frecuentes, mucho más transparentes y menos 'discriminatorias' que las actuales. Para ello, el departamento ha seleccionado una decena de expertos, procedentes de diversos ámbitos -Muface, Fundación Once, Tragsa, la Abogacía del Estado o la Administración autonómica y local-, para repensar unos procedimientos selectivos que pueden durar hasta 772 días, como en el caso del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías.
Con la vista puesta en 2025, momento en el que todos los cambios estarán implantados en un proceso que empezará este mismo año y será progresivo, Iceta y su equipo de asesores ya tienen algunas claves para acabar con buena parte de los problemas que tiene la Administración General del Estado (AGE), como el envejecimiento de la plantilla -en 10 años se jubilará más del 50%-, la pérdida de efectivos durante las crisis, el desajuste entre el sistema educativo y los de acceso a la Administración Pública y la falta de interés de los jóvenes por hacerse funcionarios, debido a unas pruebas netamente memorísticas y que conllevan años de estudio.
Los sistemas que ya están implantados en Europa son una clara referencia para la transformación radical del modelo español, que se asume poco transparente y con sesgos de discriminación social, territorial y de género. Así se pretende garantizar y promover la igualdad de género en los cuerpos, escalas o categorías profesionales en los que las mujeres están infrarrepresentadas -especialmente en los niveles superiores- y detectar los obstáculos que frenan el acceso a la carrera profesional de determinados grupos sociales. Para ello plantea estudiar un sistema de ayudas económicas para la preparación de oposiciones, facilitar el material de aprendizaje de manera gratuita y descentralizar las pruebas a nivel territorial.
La vía británica
La vía 'Fast Stream' británica, que cada año consigue captar más de 40.000 aspirantes en el Reino Unido con un método en el que las primeras pruebas se desarrollan en línea y comprenden cuestionarios orientados a evaluar el comportamiento y las reacciones ante determinadas situaciones, en el que las segundas tratan de detectar como los opositores trabajan en grupo y su capacidad de liderazgo y analítica, y que concluye con un examen ante un tribunal, ya ha sido barajado -también otros similares como el belga, el irlandés y el de la Unión Europea- para agilizar las pruebas de selección.
El ministerio reconoce en un amplio documento que convocar la Oferta de Empleo Público (OEP) anualmente "resulta poco estratégico" y que existe un consenso generalizado en celebrar estas pruebas varias veces al año. Mientras, en cuanto a la actual estructura administrativa de cuerpos y escalas en el caso del personal funcionario, se admite en el documento que es adecuada para el proceso de selección, pese a que es un modelo que solo está implantado en España. Pese a todo, no excluyen la necesidad de reestructurar o redefinir los cuerpos de la AGE e, incluso, como plantea algún experto, reorganizar la administración en áreas funcionales.
Cambios en los órganos de selección
Garantizar el éxito y la eficacia del proceso selectivo es otro de los asuntos claves que se apunta en el texto, en el que se aboga por una especialización y profesionalización de los miembros de los tribunales, incluso con un dedicación plena a esa función. Se admite que la designación de los componentes de los órganos de selección no se hace con un proceso abierto, público o concurrencial, ni se requiere la acreditación de unas competencias mínimas, algo que debería exigirse. Además, los funcionarios que se ofrecen para formar parte del tribunal tienen que compatibilizar esa función con su trabajo habitual, lo que les resta dedicación y concentración.
Muchos de los expertos designados por el departamento de Iceta apuestan por dejar en manos de agencias u oficinas independientes y especializadas la selección del empleo público, como ya ocurre en Portugal, Irlanda o la Unión Europea, lo que "generaría confianza, objetividad y legitimaría socialmente el proceso", especialmente en lo que se refiere a las pruebas de evaluación de competencias y la realización de test psicosimétricos -fundamentales para evitar sesgos y preferencias personales-, simulaciones o entrevistas.
En cuento al nuevo modelo de oposiciones, también se proponen importantes novedades. El número de ejercicios se reducirá sustancialmente unificando las pruebas que sean compatibles o acumulando la realización de más de un ejercicio en el día. Además, siempre habrá al menos una prueba que permita valorar las competencias de los aspirantes y el primer ejercicio en todas las oposiciones será un examen de corrección automatizada sobre conocimientos y habilidades, con el fin de reducir la duración del proceso selectivo y su coste económico.
Por último, se suprimirán las pruebas de carácter memorístico en los exámenes orales y se implementarán de forma masiva los test, los casos prácticos y las pruebas de análisis. También los exámenes de idiomas se eliminarán en las oposiciones, aunque se requerirá la certificación oficial europea del nivel correspondiente.
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