El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, tiene listo un ambicioso plan, que ya conoce Bruselas, para modernizar las administraciones públicas mediante el impulso de la digitalización, la renovación radical de los equipamientos -edificios y parque automovilístico- para que sean eficientes energéticamente y la transformación de los procesos de captación de talento y capacitación de sus empleados. El profundo cambio, que busca adaptar la Administración al siglo XXI, tendrá un coste de más de 4.315 millones de euros hasta 2026.
El Ministerio admite que pese a que España está entre los países más avanzados en términos de administración digital, el aumento de la carga de trabajo en ámbitos como la Seguridad Social -pensiones e Ingreso Mínimo Vital (IMV)-, el Servicio Público de Empleo Estatal -prestaciones de paro y subsidios-, la justicia o la sanidad hace necesario una mayor automatización de los procesos en todas las administraciones públicas, reforzar la relación de ciudadanos y empresas y evitar todos los 'cuellos de botella' en la gestión.
Uno de los objetivos es convertir la Administración en uno de los motores del crecimiento de sectores como la construcción y el automovilístico con la renovación y la adaptación de sus numerosos inmuebles y el importante parque de automóviles que gestiona con medidas de ahorro y eficiencia energética, a las que destinará más de 1.000 millones de euros, según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los cambios podrían suponer la sustitución de 7.000 vehículos y la renovación energética de un millón de metros cuadrados en los edificios.
Envejecimiento y nuevos perfiles
Entre los problemas más graves a los que se enfrentarán las administraciones en los próximos años están la fuga de talento, las dificultades para captarlo y, sobre todo, el envejecimiento de la plantilla pública, que supone, en el caso de la AGE, la jubilación durante la próxima década de más de la mitad de sus efectivos, que de media tienen 52 años. El Ministerio pretende reorientar los perfiles de los funcionarios a las TIC -digitalización, robotización e inteligencia artificial- e incorporar perfiles técnicos, estratégicos y creativos. Seis de cada diez de los empleados que se retirarán son auxiliares y administrativos.
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba a las administraciones en lo que se refiere al teletrabajo, la tramitación electrónica de procedimientos y atención no presencial, "por lo que se necesitará cada vez más empleadas y empleados públicos con fuertes conocimientos de tecnología y digitalización y con una elevada capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo", admite el documento. Para captar este talento joven y preparado, el Ministerio se propone dejar de lado las pruebas memorísticas y con demasiados textos jurídicos -que ahuyentan a los universitarios- e impulsar las prácticas y el reconocimiento de actitudes en las pruebas de acceso.
Si hace una década el 72% de los jóvenes quería ser funcionario, según un informe del portal de empleo Monster, el reciente estudio Young Business Talents muestra un cambio radical y el desinterés de los preuniversitarios por un puesto para toda la vida en la Administración. El informe, en el que participan Abanca, Esic, Herbalife y Praxis MMT evidencia que el emprendimiento y el trabajo autónomo es ahora la opción mayoritaria -35,2%-, frente al 19,9% que prefiere ser funcionario o empleado público.
15 medidas para captar el talento
Los recortes presupuestarios han dejado las plantillas públicas muy mermadas durante los últimos años, se asegura en el argumentario. La crisis económica que se inició en 2008 redujo un 14% la oferta de empleo público y las dificultades para cubrir las plazas en cuerpos superiores se evidencian en que más de un 30% de los puestos se quedan sin cubrir en determinadas áreas. Conseguir la máxima cobertura con personal cualificado y que facilite el relevo generacional son objetivos prioritarios.
Para captar el talento, se han puesto sobre la mesa 15 medidas, entre las que destacan la utilización de jornadas divulgativas y la elaboración de unas estrategia de comunicación. Además, Iceta se propone 'tirar la caña' en la Universidad, colaborando activamente con los Centros de Información y Promoción de empleo de las facultades; y en el SEPE, mediante la difusión de ofertas de empleo público. También se pretende dar a conocer la Administración como fuente de empleo.
Otro de los graves problemas al que da amplia cobertura el documento enviado a las autoridades comunitarias, que cuenta con 87 páginas dedicadas a la modernización de la Administración, es la alta temporalidad que se registra, fundamentalmente, en las comunidades, en la que la tasa alcanza al 30% de la plantilla. La meta es fijarla en el 8% y para ello se reformará la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para introducir medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad.
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