La urgencia con la que el Gobierno tuvo que cerrar el miércoles un acuerdo con Junts para que sus diputados se abstuvieran de votar en la convalidación de los tres decretos leyes que llevó al pleno del Congreso impidió que los negociadores del ministerio de la Presidencia y los del partido de Puigdemont pudieran entrar en demasiados detalles. Prueba de que el pacto fue de mínimos, a modo de esbozo sobre el que seguir negociando más adelante, es que desde el Ejecutivo han ido matizando el alcance de las cesiones que los independentistas dicen haber logrado a cambio de permitir que los decretos leyes del paquete anticrisis y ómnibus (que incluía reformas en Justicia y Función Pública) salieran adelante.
Uno de los puntos que más expectación ha creado es el que apunta a una reforma de la ley de Sociedades de Capital que buscaría revertir el decreto del PP aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este cambio facilitó que 8.746 empresas trasladasen su sede fuera de Cataluña durante el procés, con grandes nombres como CaixaBank, Naturgy, Banco Sabadell, Cellnex o Colonial a la cabeza. Se calcula que su facturación conjunta superaba en el momento del traslado los 50.500 millones de euros, alrededor de una quinta parte del PIB catalán.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puntualizó un día después que las las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren. Veinticuatro horas después el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, añadió que la normativa europea "descarta" la posibilidad de establecer restricciones al lugar de establecimiento de las empresas a través de multas -como ha venido reclamando Junts-. "Los propios tratados europeos hablan de libertad de establecimiento por parte de las empresas", zanjaba en una entrevista a RNE.
Fuentes del departamento de la ministra Montero añaden que se "reforzará" la Ley de Sociedades de Capital en lo que respecta a su Artículo 9. En su punto primero este establece que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".
Varios cambios aplicados en la ley durante los años del procés
La Ley 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital recoge en el primer punto del Artículo 285 que cualquier modificación de los estatutos (el cambio de sede social, por ejemplo) será competencia de la junta general de accionistas. En el año 2015 -con el proceso soberanista de Cataluña en marcha- el primer gobierno de Mariano Rajoy añadió un segundo punto a este artículo según el cual "por excepción a lo establecido en el apartado anterior, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos".
Esto permitía que únicamente con la decisión favorable del Consejo de Administración, sin tener que someterla a la junta, podía producirse el cambio de sede de la empresa dentro de todo el territorio nacional, simplificando de forma evidente todo el proceso, según explica José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Dos años después vendría otro matiz al texto, que se incorporaría a través de un párrafo añadido al Artículo 285.2 para evitar cualquier polémica que pudiera poner trabas al cambio de sede: "se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia". Si, como aseguraba Junts, se revirtiesen las reformas impulsadas en el texto por el Ejecutivo de Rajoy, el Gobierno de Sánchez estaría complicando de nuevo el procedimiento para que las empresas que se fueron pudieran regresar a la autonomía.
Otra fuente del Gobierno consultada reconoce que, dada la situación de crispación política, ninguna de las grandes empresas que trasladaron su sede fuera de territorio catalán tiene ahora mismo incentivos para regresar. "Si quieren volver lo harán y si no no", sostiene. Entiende que en un contexto como este el hecho de que las empresas que nacieron allí volviesen daría idea de un clima de cierta normalidad.
La falta de confianza y las empresas que siguen marchándose
Seis años después del referéndum del 1-O la falta de confianza y seguridad está llevando todavía a algunas compañías a salir de Cataluña. Así lo asegura el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que en una entrevista a TVE incidió en que si alguien quiere que las empresas retornen debería poner en práctica la "fórmula mágica" de generar "estabilidad, seguridad, tranquilidad y confianza".
Sobre la posibilidad de que el gobierno de coalición apruebe algún tipo de incentivo para promover el regreso de sedes sociales, Garamendi descarta que Europa vaya a permitir una norma que favorezca a empresas en un territorio sobre otros. "Serían las famosas vacaciones fiscales que ya se dieron y se condenaron", asevera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso al Gobierno de Euskadi -oficialmente al Reino de España- una multa de 30 millones en 2014.
