El Gobierno se enfrentaba este miércoles a la prueba de fuego de la legislatura en el Congreso de los Diputados -figuradamente, porque el pleno se celebró en el Senado-. Un examen en el que ha conseguido salvar los muebles, pero no salir airoso ya que el tercero de los reales decretos-leyes sometidos a votación decayó al recibir el voto en contra de los cinco representantes de Podemos y este precisamente, estaba ligado al cuarto pago de los fondos europeos. Por el contrario, sí consiguieron salvar el listado de medidas económicas recogidas en el decreto anticrisis y otros cambios en materia de función pública, régimen local y mecenazgo; tras sumar los apoyos de Junts en el último momento gracias a un paquete de concesiones económicas.
Los de Carles Puigdemont mantuvieron en vilo al Gobierno durante toda la jornada, al mostrarse decididos a votar en contra del real decreto-ley 8/2023 que incluía la subida del 3,8% de las pensiones por jubilación, las rebajas al IVA de la electricidad y los alimentos, los descuentos para el transporte público o el veto a los desahucios. Fuentes de los dos partidos que componen el Ejecutivo llegaron incluso a dar por perdida la votación una vez había concluido el plazo para hacerlo telemáticamente, después el olvido de uno de los diputados de Sumar hacía repetir la votación tras un receso en el que Junts hacía público un comunicado en el que anunciaban que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para eliminar el IVA del aceite, favorecer la vuelta de las empresas a Cataluña y trasladar al Estado el coste del descuento al transporte
Una negociación llevada al extremo que avanza cuál va a ser el tono del resto de la legislatura, en la que Pedro Sánchez no podrá sacar adelante nada que no respalden los independentistas catalanes a no ser que templen su relación con los 'populares'. En esta ocasión han sido los 'morados' los que han puesto en riesgo la culminación de la reforma del subsidio por desempleo, uno de los hitos comprometidos con el cuarto pago de 10.000 millones que España solicitó a finales de diciembre. El decreto ley ampliaba el subsidio de paro de los 480 euros a 570 euros, pasaba a ser compatible con encontrar un empleo durante 180 días -con un recorte- y reducía de 125% a 100% la cotización de los desempleados de más 52 años, lo que les ha llevado a votar 'no'.
Es probable que el Gobierno salve esta cuestión en el próximo Consejo de Ministros y que aproveche la oportunidad para incluir en el mismo texto la subida del salario mínimo interprofesional, que Yolanda Díaz quiere cerrar este viernes, aunque no parece que este tampoco sea el último 'encontronazo' con el grupo que dirige Ione Belarra, lo que sumado a los desencuentros con los nacionalistas catalanes pone de relieve que el Ejecutivo se verá forzado a cambiar de estrategia y negociar enmiendas a sus proyectos de ley, en lugar de dar por descontada la convalidación de los reales decretos leyes, como ha venido haciendo desde 2019 a pesar de no contar con una mayoría parlamentaria holgada.
La relación de los partidos de La Moncloa con el resto de los miembros del hemiciclo y sobre todo, su capacidad para llegar a acuerdos será determinante para aprobar las reformas económicas clave como la reforma fiscal o de la financiación autonómica para la que también deberá limar asperezas con las comunidades autónomas, ya que los socialistas solo controlan tres de ellas (Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha). También para abordar los cambios en materia laboral plasmados en el acuerdo de Gobierno como la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas semanales o el cambio de la indemnización por despido, en pleno descontento de sindicatos y CEOE por las diferentes medidas aprobadas sin haberles consultado o negociado.
Salva el primer paso para los Presupuestos Generales del Estado
El primero de estos retos será aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una vez superado el primer trámite con la 'luz verde' a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, gracias al respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y CC. Este documento pasa ahora al Senado donde los de Alberto Núñez Feijóo pueden ejercer su capacidad de veto, esto es, devolverlos para que el Gobierno tenga que presentar otros gracias a una modificación introducida por el Ministerio de Hacienda que en 2012 dirigía Cristóbal Montoro que el PSOE ha intentado cambiar, sin éxito.
De no recibir el visto bueno, autonomías y ayuntamientos deberán ceñirse a los objetivos incorporados en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas en abril, remitido a la Comisión Europea. Sin embargo, esto no les interesa a los territorios dado que los nuevos objetivos son menos exigentes y de no aprobarse, las comunidades autónomas tendrían que acabar el año con las cuentas en equilibrio en lugar de poder permitirse una décima de déficit. Si bien, la vicepresidenta primera ya trabaja en el que será el siguiente desafío: los cambios asociados al quinto pago cuya solicitud estaba programada para el primer trimestre de este 2024, algo que parece complicado cumplir no solo por la necesidad de culminar la reforma fiscal, sino por las elecciones europeas que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio.
